Legislación Ambiental

Es objeto del presente decreto regular el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes de recuperación y conservación de las especies catalogadas de fauna y flora silvestres de la Comunitat Valenciana, incluyendo cauces que faciliten la participación pública en dicho proceso, y simplificar los trámites de autorización de afectaciones a especies silvestres de fauna y flora.

La Instrucción 32/2011, de 16/11/2011, Instrucción IS-32, de 16 de noviembre de 2011, del Consejo de Seguridad Nuclear tiene por objeto establecer los criterios generales que deben cumplir las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de las centrales nucleares españolas a lo largo de su explotación y para toda condición operativa. Esta Instrucción será de aplicación a los titulares de las autorizaciones de explotación de las centrales nucleares españolas.

El Real Decreto 1699/2011, de 18/11/2011, regula las condiciones administrativas y técnicas básicas para la conexión de las instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración de pequeña potencia. La nueva normativa, que traspone nuestra legislación parte de la Directiva Europea de Energías Renovables, se suma a la ya existente en este capítulo y tiene como finalidad simplificar la tramitación exigida para acelerar la entrada en el sistema eléctrico de instalaciones de pequeño tamaño.

El Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, y su posterior corrección de errores tienen como objeto:

a) La regulación de los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos establecidos en la normativa comunitaria.

b) El establecimiento del sistema nacional de verificación de la sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos.

c) La configuración del valor doble de determinados biocarburantes, para el cumplimiento de los objetivos obligatorios en materia de energías procedentes de fuentes renovables en el transporte y la obligación de utilizar energías renovables.

El Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, regula el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (en adelante el Catálogo) y del Listado de Especies Exóticas con Potencial Invasor (en adelante el Listado) y en concreto, establece:

a. Las características, contenidos, criterios y procedimientos de inclusión o exclusión de especies en el Catálogo y el Listado.

b. Las medidas necesarias para prevenir la introducción de especies exóticas invasoras y para su control y posible erradicación.

c. Las características y el contenido de las Estrategias de gestión, control y posible erradicación de las especies exóticas invasoras.

El Real Decreto 1599/2011, de 4 de noviembre, establece los criterios que deben cumplir los espacios marinos protegidos de competencia estatal para su integración en la Red de Áreas Marinas Protegidas de España (RAMPE), cuya gestión y funcionamiento dependerá de la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM).

El texto da cobertura normativa a la red de datos de la Consejería de Medio Ambiente, una de las más completas de Europa

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto regulador de la estructura y funcionamiento de la Red de Información Ambiental de Andalucía (REDIAM), sistema que garantiza el acceso libre y gratuito a todo tipo de datos sobre esta materia en la comunidad autónoma. El texto dota de cobertura normativa a este instrumento que, desde su creación en el año 2000, se ha consolidado como uno de los más extensos y completos sistemas de gestión del conocimiento ambiental de Europa, con 1.800 colecciones de datos y 677 servicios cartográficos 'on line'.

En el marco de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, se crea un Fondo para la compra de créditos de carbono, con el objeto de generar actividad económica baja en carbono y contribuir al cumplimiento de los objetivos sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asumidos por España.

Este fondo ha sido regulado por el Real Decreto 1494/2011, de 24 de octubre. 

El pasado 15 de septiembre, el Congreso de los Diputados convalidó el "Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, por el que se modifica la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para la aplicación del Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques y se regulan competencias autonómicas en materia de policía de dominio público hidráulico".

Con motivo de esta publicación, el Licenciado en Ciencias Ambientales David Escobar Gutiérrez publicó en la comunidadISM un interesante artículo exponiendo en qué se traduce la modificación para que conozcáis sus consecuencias.

Leer el artículo.

Esta resolución recoge los acuerdos adoptados por el Pleno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en la sesión celebrada en Madrid el 13 de julio de 2011.

Los contratos territoriales se conciben como un instrumento de apoyo a las políticas de desarrollo rural sostenible, con la intención de orientar e incentivar las actividades agrarias, entendidas en un sentido lo más amplio posible, hacia la multifuncionalidad y la generación de externalidades positivas que contribuyan eficazmente a mejorar los aspectos económicos, sociales y ambientales que configuran la sostenibilidad del medio rural, todo ello bajo la aplicación de un enfoque territorial.

Por la presente se modifica el Reglamento (CE) nº 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimen­taria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria, y, en particular, su artículo 18, apartado 5, por el cual se se prevé que la trazabilidad debe asegurarse en todas las etapas de la producción, la transformación y la distribución. Asimismo, dicho artí­culo establece que los explotadores de empresas alimen­tarias deben poder identificar a las personas que les ha­yan suministrado un alimento. Los explotadores de em­presas alimentarias también deben ser capaces de identi­ficar a las empresas a las que hayan suministrado sus productos. Esta información debe ponerse a disposición de las autoridades competentes si estas así lo solicitan.

Este Plan Estratégico 2011 – 2017 formula una visión concreta para el presente y futuro de la conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad en España, define metas, objetivos y acciones que promueven su conservación, uso sostenible y restauración y establece un modelo de planificación coherente.

Tiene una vigencia de seis años desde su aprobación, durante los cuales se realizará un seguimiento y evaluación continua de su aplicación. La Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino es el órgano responsable del impulso, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

El Parlamento aprobó el 14 de julio la Ley de Residuos y Suelos Contaminados por la que se transpone la Directiva 2008/98/CE y se actualiza la legislación tras más de 10 años de aplicación de la primera Ley de residuos.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Casi tres años después de comenzar los trabajos en el seno de ISO, a propuesta de España, el 15 de julio se ha publicado la norma internacional de Ecodiseño ISO 14006. El documento, que recoge un consenso internacional, se ha basado en la norma española Gestión Ambiental del proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño (UNE 150301), elaborada en el seno de AENOR, la entidad legalmente responsable del desarrollo de las normas técnicas en España.

Los centros gestores de residuos metálicos y, en general, los establecimientos de comercio al por mayor de chatarra y productos de desecho, comunicarán diariamente por medios telemáticos a las Jefaturas Superiores de Policía, Comisarías y Puestos de la Guardia Civil, atendiendo a su demarcación territorial, y simultáneamente a su inscripción en el libro-registro, las entradas de material de cobre, especificando la información sobre cantidad, origen y características contenida en el anexo IV de la Orden del Ministro del Interior de 2 de noviembre de 1989.

La Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición atiende a las perspectivas clásicas de la seguridad alimentaria, como son la detección y eliminación de riesgos físicos, químicos, y biológicos, desde un nuevo enfoque anticipatorio que se fundamenta jurídicamente en el principio de precaución. Además, tiene en cuenta de forma muy particular la creciente importancia de los riesgos nutricionales, dada la preocupante prevalencia en la actualidad de la obesidad y principalmente de la obesidad infantil y juvenil. Y de la misma forma, tiene en consideración otras perspectivas de la seguridad alimentaria que inciden en los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, como son la existencia de riesgos sociales, de integración o de discriminación, y de género, que deben ser eliminados.

Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición. 

Fuente: AESAN