Nueva Legislacion y Normativa Ambiental en España

legislacion medioambientalLas más importantes referencias en legislación medioambiental española y europea actualizadas, como son las leyes en materia de impacto ambiental y de evaluación ambiental, reales decretos sobre residuos y contaminación de agua y atmósfera, sin olvidarnos de cualquier otra norma comunitaria europea o de ámbito autonómico y local que sea innovadora y de interés general para el sector ambiental.

Nuevas Leyes, Reales Decretos, Directivas, etc. de Medio Ambiente:

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El Real Decreto 363/2017 establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, y tiene por objeto fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el desarrollo sostenible de los espacios marinos y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Se trata de la transposición de la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, del mismo ámbito.

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El examen de este Real Decreto 124/2017 debe conectarse con el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, del que España es Parte Contratante desde su ratificación el 3 de junio de 2014. Este Protocolo señala que de conformidad con la legislación nacional, el acceso a los recursos genéticos para su utilización estará sujeto al consentimiento previo informado y al establecimiento de las condiciones mutuamente acordadas. Exige, además, a los usuarios de recursos genéticos, en los países donde se haya regulado su acceso, la obtención de un permiso o autorización que acredite que el acceso a esos recursos se ha producido de conformidad con la legislación nacional del país proveedor.

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En julio de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros junto con otra sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, lo que denominó propuesta UTCUTS, todo en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030.

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En estos últimos años hemos visto un intenso conflicto competencial entre las administraciones central y autonómica, para ver quien asumía la competencia final en materia de planeamiento urbanístico. Se trataba de decidir sobre el alcance del informe de la Confederación Hidrográfica sobre suficiencia de recursos hídricos y si éste vinculaba a la administración que debía aprobar definitivamente el plan. Ante la falta de acuerdo entre las administraciones, ha tenido que ser el Tribunal Supremo el encargado de poner orden, anulando judicialmente más de 90 planes de urbanismo por no justificar la disponibilidad de recursos hídricos. Y ha fijado una doctrina jurisprudencial que asegura que no puedan aprobarse planes de urbanismo si no tienen totalmente garantizados los recursos hídricos.

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La Sala examina el recurso de apelación interpuesto por una mercantil contra un auto de un Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Madrid, recaído en una pieza de medidas cautelares. En concreto, el auto recurrido había desestimado la petición de suspensión cautelar de una Resolución del ayuntamiento de Arganda del rey (Comunidad de Madrid) que ordenaban la suspensión inmediata del uso y precinto de los “digestores de la planta de tratamiento de residuos, así como la zona de almacenamiento de la materia prima a la intemperie” perteneciente a una fábrica de grasas y aceites animales.

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El Real Decreto 115/2017 tiene por objeto regular la distribución y puesta en el mercado de gases fluorados, así como su manipulación y la de los equipos basados en su empleo a efectos del control de fugas o emisiones y de su desmontaje y recuperación de los gases. Establece asimismo los procedimientos de certificación del personal que realiza determinadas actividades, todo ello con el objetivo de evitar las emisiones a la atmósfera y dar cumplimiento a lo previsto en la normativa europea.

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El nuevo Real Decreto 638/2016 modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico del 86, el Reglamento de Planificación Hidrológica del 2007, así como otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas residuales. Cuatro son las áreas fundamentales en las que se centra esta nueva norma.

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El recurso interpuesto por la entidad “Fundación Oil Free Ocean” contra una Resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Generalitat Valenciana, resultó desestimado, desechando la posibilidad de constituirse en sistema colectivo de responsabilidad ampliada, por cuanto al no existir régimen de responsabilidad ampliada del productor en materia de aceites de cocina usados. En esta materia, a día de hoy, no existe la responsabilidad ampliada del productor.

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El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente ha aprobado el Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útilque regula, adapta y sistematiza todos los aspectos relacionados con los vehículos al final de su vida útil, de conformidad con la Directiva 2000/53/CE, relativa a los vehículos al final de su vida útil y la Ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados.

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El Programa MaB «Persona y Biosfera» de la UNESCO es un instrumento para formular criterios y ejemplificar un nuevo modelo de relación del ser humano con la naturaleza. Un ejemplo particular de los objetivos establecidos en este Programa son las Reservas de la Biosfera, espacios singulares reconocidos por la UNESCO como áreas de referencia donde llevar a la práctica una nueva manera de relación del hombre con la naturaleza. La Red de Reservas de la Biosfera Españolas constituye un subconjunto definido de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera. Su regulación, caracterización y potenciación se basa en el hecho de que constituyen un modelo de gestión integrada, participativa y sostenible del patrimonio y de los recursos naturales.

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Este Real Decreto 639/2016 tiene por objeto el establecimiento del marco de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos, a fin de minimizar la dependencia de los transportes respecto del petróleo y mitigar el impacto medioambiental del transporte. De esta forma, se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/94/UE, relativa a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos.

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La figura del Plan Director, como instrumento básico de ordenación de la Red de Parques Nacionales, se ha visto consolidada al establecer un denominador común necesario para asegurar la coherencia interna de la Red de Parques Nacionales y potenciar su proyección exterior. Ahora se aprueba el Plan Director de la Red de Parques Nacionales mediante el Real Decreto 389/2016, que tendrá carácter de directrices básicas para la planificación, conservación y coordinación de los parques nacionales, y se deroga el Real Decreto 1803/1999 por el que se aprueba el anterior plan director de la red de parques nacionales.

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En la contratación pública, la incorporación de las políticas ambientales se ha demorado considerablemente en el tiempo, pero hoy en día podemos considerarla como una de las principales herramientas para incidir en el mercado y estimular determinadas políticas sociales o medioambientales. Los beneficios que pueden derivarse de un uso correcto de aspectos medioambientales en contratación pública verde son evidentes: contribuye a un mejor medio ambiente, posibilita a los poderes adjudicadores integrar el factor medioambiental en políticas sectoriales, favorece la adopción de sistemas de gestión ambiental, etc.

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En sintonía con el nuevo programa de prevención y gestión de residuos y recursos de Cataluña, PRECAT20, en fase de información pública, y el nuevo paquete de medidas sobre la economía circular de la Comisión Europea, se publica la convocatoria de subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular. Estas ayudas pretenden ser un instrumento puesto al alcance de las empresas para mejorar su comportamiento ambiental en materia de prevención de residuos y acelerar la transición hacia modelos de producción y consumo más circular.

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