El Parlamento aprobó el 14 de julio la Ley de Residuos y Suelos Contaminados por la que se transpone la Directiva 2008/98/CE y se actualiza la legislación tras más de 10 años de aplicación de la primera Ley de residuos.

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

El nuevo texto normativo articula la coordinación entre administraciones públicas, delimita las obligaciones de productores y gestores y, en definitiva, configura los instrumentos necesarios para llevar a cabo una política de residuos más ambiciosa y eficaz.

La Ley recoge una nueva política de residuos que apuesta por la prevención, maximizando el aprovechamiento de los recursos, y la disminución de los impactos adversos de su producción y gestión sobre la salud humana y el medio ambiente.

Objetivos más ambiciosos

De acuerdo con la legislación comunitaria, antes de 2015 deberá llevarse a cabo una recogida separada de distintos materiales procedentes de residuos (papel, plástico, vidrio, metales), a la vez que se fomenta la separación en origen de los biorresiduos para su tratamiento biológico.

Se incorpora un objetivo estratégico de prevención del 10% y un objetivo de preparación para la reutilización y reciclado de un 50% antes de 2020 para distintos materiales que componen los residuos domésticos y similares. En el caso de los residuos de construcción y demolición el porcentaje se eleva al 70% en preparación para la reutilización, reciclado y valorización.

La Ley establece que las Administraciones Públicas deberán aprobar programas y planes de prevención y de gestión de residuos en el ámbito de sus respectivas competencias.

Se crea un marco legislativo común para que los fabricantes y responsables de la puesta en el mercado de los productos que con su uso se convierten en residuos, se involucren en la prevención y gestión de los mismos. La nueva Ley contribuye a impulsar la innovación asociada a productos y procesos, mercadotecnia y diseño, generando nuevas oportunidades laborales y sociales.

Asimismo, la Ley recoge la posibilidad de establecer en el futuro Sistemas de Depósito Devolución y Retorno (SDDR). Su implantación sería desarrollada reglamentariamente si se demuestra que es un instrumento técnico, económico y ambientalmente viable para una gestión más eficaz de los residuos.

Se mantiene el régimen aplicable a los suelos contaminados de la Ley 10/1998 de residuos, y se matizan, entre otros, aspectos relacionados con la responsabilidad de la contaminación de los suelos.

La nueva norma refuerza las funciones de vigilancia, inspección y control, en consonancia con la supresión de determinadas autorizaciones y su sustitución por comunicaciones. Asimismo se ha clarificado y completado el régimen sancionador.

Se clarifican las competencias de las entidades locales en relación con los residuos generados en los municipios. Se actualiza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, se delimitan las obligaciones de productores y gestores, se simplifican trámites administrativos utilizando un registro compartido entre las Administraciones de modo que se garantice la transparencia y trazabilidad en la gestión.

La nueva Ley crea una Comisión como instrumento de cooperación y coordinación entre Administraciones públicas en materia de residuos, respetando el mercado interior y buscando soluciones eficaces, transparencia en la gestión y mayor accesibilidad de información.

Calendario de sustitución de bolsas de plástico

Se establece un calendario hasta 2018 de sustitución de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, y desde 2015, la obligación de marcarlas con mensaje sobre sus efectos en el medio ambiente.

Para la elaboración de esta Ley, aprobada hoy por el Parlamento, se ha mantenido un proceso abierto de participación y consulta con Comunidades Autónomas, Entidades Locales y Consejo Asesor de Medio Ambiente.