Monografías y Artículos de Medioambiente.

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La Memoria 2014, facilitada por la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, detalla el proceso evolutivo del quehacer de la Fiscalía a lo largo del año 2014. A continuación se destaca la parte correspondiente a Urbanismo y Ordenación del Territorio. Como en años anteriores se viene detectando una disminución del número de procedimiento en urbanismo y ordenación del territorio por parte de las Fiscalías.

Ese es el caso de Huelva, Soria, Albacete, Badajoz, Girona, Zaragoza, Cáceres, etc. La memoria de Cádiz efectúa afirmaciones similares. Según Cádiz, hay tres razones para esa reducción, que son los beneficiosos efectos preventivos generales que está suponiendo las sentencias condenatorias, especialmente cuando acuerdan además la demolición de lo ilícitamente construido. También, el mayor cumplimiento de la normativa por parte de la administración y, en tercer lugar, el desarrollo de procedimientos judiciales en los que se investiga el otorgamiento por parte de entidades bancarias de hipotecas en las que se falseaban documentos para propiciar su concesión. Todo ello sin olvidar, por supuesto, la crisis económica que ha propiciado el inicio de un menor número de construcciones.

Algunas otras memorias admiten, sin embargo, que han aumentado sustancialmente las diligencias por ordenación del territorio, como es el caso de la de Madrid, Las Palmas, Asturias, Lugo o Pontevedra, amén de otros delitos ambientales.

En cuanto a la Perspectiva Judicial, siguen dictándose sentencias sobre esta materia que parecen inadmisibles, considerando los avances jurisprudenciales que se han producido en los últimos años en la misma, con casos destacados en las Fiscalías de Pontevedra, Córdoba, Cádiz, Ciudad Real y Murcia.

Por otro lado, las fiscalías de Córdoba y Las Palmas insisten en la importancia, dada la naturaleza de estos delitos, de las medidas cautelares. La temprana adopción de las mismas, en su doble dimensión de aseguramiento y prevención, coadyuva decisivamente a evitar la consumación del delito en muchos casos y a la posibilidad de acordar la restauración más fácilmente, dado que no es lo mismo demoler una vivienda concluida y habitada que aquella en la que solo se ha levantado la estructura.

Las fiscalías siguen procediendo de manera eficaz por supuestos de Prevaricación en Ordenación del Territorio y otros delitos de similar naturaleza. Según la memoria de Cádiz, el año 2014 también ha traído consigo la tramitación de asuntos de prevaricación relacionada con temas urbanísticos y de prevaricaciones específicamente urbanísticas. Como en años anteriores la memoria de Almería alude al elevado número de procedimientos penales contra autoridades municipales por delitos sobre la ordenación del territorio, así como un importante número de condenas. También la memoria de Sevilla enumera hasta ocho procedimientos de Fiscalía, o judicializados, sobre supuestos de prevaricación urbanística en la provincia, así como numerosas sentencias de condena en relación a este mismo supuesto delictivo.

Tal como pone de manifiesto la memoria de Ourense, el urbanismo ha constituido, en los últimos años, una forma de financiación para la Administración Pública, fundamentalmente local, y una manera de obtener grandes beneficios económicos para todos aquellos que se han dedicado al negocio inmobiliario. El Derecho Administrativo, según la citada memoria, se ha mostrado ineficaz ante los delitos urbanísticos. No sorprende, por lo tanto, muchos de los aspectos puestos de manifiesto en las memorias de Huesca, Badajoz, Sevilla, Granada y Asturias en el correspondiente apartado.

Por lo que respecta a las demoliciones, se está intentando ofrecer una cifra fidedigna de demoliciones en la memoria actual, algo que no siempre es fácil, tal y como destaca la memoria de Valencia. En este sentido destacan las 30 demoliciones efectivas concretadas en la memoria de Málaga o las 8 diligencias urgentes de la Fiscalía de Asturias.

 

Extraido del apartado IV. d. Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Memoria 2014 de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, páginas 38-47.

 

 
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