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Ha pasado un año desde que se aprobó el Real Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos, algo que supuso el primer peldaño de una escalera con muchos tramos para que nuestros electrodomésticos no sean un residuo más. Se recibió con alegría por la creación de empleo que le acompañaba y expectación porque podría acabar con la impuesta obsolescencia programada, muerte repentina que sufren los aparatos electrónicos y que no les permite ser reutilizados

Con este Real Decreto se transponía la normativa comunitaria sobre RAEE (Directiva 2012/19/UE, de 4 de julio), para cumplir los objetivos de recogida y gestión que nos impone la norma comunitaria, clarificar los puntos de recogida, las obligaciones de información en esta materia y mejorar el control del traslado de este tipo de residuos fuera de la Unión Europea. Objetivos que deberían cumplirse según recogió también el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) aprobado en noviembre 2015.

Se trataba de un texto que regulaba en detalle la práctica totalidad de las fases de la gestión de los RAEE, entre las que cabe destacar las medidas para mejorar la trazabilidad de estos residuos y sus requisitos técnicos de tratamiento. También regulaba las obligaciones de los distintos agentes, la recogida, la preparación para la reutilización y el tratamiento específico, los traslados, la autorización y comunicación, la responsabilidad ampliada del productor, las obligaciones de información a las Administraciones Públicas, la coordinación de las administraciones y el régimen de inspección, vigilancia y control.

En líneas generales el RD recogía que los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen materiales valiosos, pero también sustancias peligrosas que se deben tratar en instalaciones específicas y con plenas garantías ambientales. Así, los establecimientos de venta de aparatos eléctricos que tengan una superficie de más de 400 m2 deberán aceptar gratis los ya usados de tamaño muy pequeño, como los teléfonos móviles, y sin que el consumidor tenga que comprar otro a cambio.

Esta nueva normativa mejoraba el control en su recogida y gestión y creaba una Plataforma Electrónica que coordinara toda la información, también fomentaba la preparación para la reutilización de los residuos y establecía requisitos para su reparación, lo que permitiría poner en el mercado el mismo producto una vez que haya sido arreglado.

 

Aprobado general

Los Sistemas Integrados de Gestión y las principales asociaciones del sector aprobaron en líneas generales el RD, aunque también comentaron las deficiencias que veían en el mismo. Recyclia, a través de la ponencia que tuvo su consejero delegado, José Pérez ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado –y que estará como ponente en la Conferencia de Sevilla-, reivindicó el modelo colectivo de gestión de residuos electrónicos o Sistemas Integrados de Gestión (SIG), como el más eficaz para conseguir los objetivos de recogida establecidos en el nuevo Real Decreto.

En cuanto a la creación de empleo se refiere, José Pérez señaló, que el sector de la gestión de residuos es el mayor generador de empleo verde en España, con una representatividad del 27%. Igualmente, destacó que el correcto tratamiento y reciclaje de los residuos genera entre cinco y siete veces más empleo que el tratamiento por incineración y diez veces más que el depósito en vertedero.

Desde ASEGRE, esperaban que esta norma solucionase los problemas del anterior Real Decreto por el cual sólo el 30% de los RAEE llegaban a las plantas autorizadas. También que se asegurase que los residuos se traten en las instalaciones para las que están autorizadas, con el fin de elevar los niveles de valorización y evitar así repercusiones negativas para la salud y el medio ambiente.

Desde la Asociación Española de Recuperadores de Economía Social y Solidaria (AERESS), apreciaban especialmente el reconocimiento que esta norma otorga a las entidades de economía social a través de la mención específica a las mismas a lo largo del texto; así como el hecho de que se incluya la posibilidad de que las entidades locales incorporen “cláusulas sociales para entidades de economía social en sus instrumentos de contratación o convenios para la recogida y gestión de residuos”.

El sector solidario valoró también la apuesta de esta nueva reglamentación por las primeras etapas de la jerarquía en la gestión de residuos y, más en concreto, la incorporación de objetivos de preparación para la reutilización separados de los de reciclaje, siendo ésta una reivindicación histórica de AERESS y que se entiende como un paso importante en el avance hacia una verdadera mejora en la gestión de residuos.

Una de las novedades más positivas, en opinión de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje (FER), es que se reconociese de forma explícita la capacidad del gestor autorizado de ser instalación de recogida de RAEE, con lo que se regula y da carta de naturaleza a una realidad que venía llevándose a cabo desde el principio de la regulación de este tipo de residuos. Al mismo tiempo, se identifica también a las plataformas logísticas y a la distribución como instalaciones de recogida asegurando así la trazabilidad de los residuos recogidos a través de estas vías. Con este nuevo Real Decreto se establece la trazabilidad para la distribución desde el momento mismo de la venta mediante la identificación del productor en el Registro Integrado.

También destacaron el protagonismo de la prevención, y por ende, la preparación para la reutilización de estos residuos regulando en qué categorías de equipos, en qué plazos y con qué porcentajes debe llevarse a cabo esta actividad.

 

Economía circular

El Real Decreto sobre residuos de aparatos eléctricos incluía objetivos específicos de preparación para la reutilización a partir de 2017 (con un objetivo del 2% en grandes electrodomésticos y del 3%, en el caso de aparatos de informática y de telecomunicaciones pequeños), ya que se trata de la forma de gestión preferible dentro de la jerarquía de residuos al optimizar la utilización de recursos.

Todos los sectores implicados mencionan la reutilización y que quizás hubiese sido un buen momento para recoger los principios básicos de la economía circular.

Por eso, nuestro desaparecido Carlos Martínez Orgado, presidente de Honor de la Fundación Economía Circular, declaró que este Real Decreto es “muy bueno desde el punto de vista clásico y muy pobre desde el punto de vista de la economía circular. Se ha puesto el foco más en el residuo y no en un producto que se pueda reparar, actualizar y volver a utilizar muchas veces”. Martínez Orgado siempre recalcó que de cualquier forma es un avance porque por primera vez se pone un objetivo para la reutilización.

Desde la Fundación para la Economía Circular recordamos que en otros países, para favorecer la restauración, la actualización y la reutilización de aparatos electrónicos ya existen medidas “que en España ni están ni se las espera”. Así por ejemplo, en Francia ya se ha aprobado en el Parlamento y en el Senado el “castigo penal para la obsolescencia programada (acortar la vida útil de un producto intencionadamente para que el consumidor tenga que comprar uno nuevo). No es una simple multa es que se puede ir directamente a la cárcel”. En efecto, esta ley francesa castiga con multas de hasta 300.000 euros y dos años de cárcel a las empresas que diseñen y fabriquen sus productos para que duren un tiempo predeterminado.

En Francia por Ley te obligan a que cuando vayas a comprar un aparato electrónico, grande o pequeño, te digan las piezas de recambio que hay y cuánto tiempo van a estar disponibles. Asimismo te tienen que ofrecer unos plazos máximos de reparación, es decir, puedes conocer en cuánto tiempo estará arreglado tu electrodoméstico.

El paradigma de la Economía Circular no es el reciclado, es mucho más que el reciclado porque parte de que las cosas se pueden utilizar más tiempo, se pueden arreglar y se pueden actualizar. Con un ejemplo se comprende mejor: Un ordenador se debería construir de manera que tu puedas hacer una actualización cambiando unas piezas y no un aparato entero y eso se puede hacer.

Por eso desde esta Fundación recordamos que es más apropiado incentivar la “compra de los servicios” en vez de la “compra de los productos”. Así se puede comprar el servicio de una lavadora. Cuando se estropea o deseas cambiarla, el propietario de la lavadora, que no es el ciudadano sino el fabricante, te proporciona otra. “Es una especie de leasing doméstico”. De esta forma no se generan residuos y es el propio fabricante el que se debe ocupar de su reparación, actualizando el producto y volviéndolo a poner en el mercado. Los fabricantes no se van a arruinar como pronostican muchas voces discrepantes, porque van a tener dos tipos de producción: una la reparación y actualización de sus productos y otra el hacer uno nuevo. “Pero eso no está legislado en ningún lado. Este Decreto simplemente apunta una voluntad de reutilizar, con unos pequeños porcentajes difíciles de controlar, que está a años luz de lo que se necesita”.

Sabemos que las cosas no son de “hoy para hoy” pero seguimos echando de menos unas normas que marquen una “hoja de ruta” a futuro que diga “usted dentro de 15 años tendrá que hacer las cosas así. Tendrán que fabricar cosas que tienen que ser reparadas, que se puedan sustituir sus componentes y que se puedan actualizar”. 

En Sevilla, del 16 al 17 de marzo, en el marco de la Conferencia Internacional “Ahora, la Economía Circular”, estos y otros temas serán debatidos por los ponentes más preparados en el tema.

 

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  • Raquel Sáez Martínez
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