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oopinionHoy toca hablar un poco sobre impuestos, en concreto sobre impuestos ecológicos (también llamados ecotasas). Básicamente están destinadas a penalizar actividades que tienen un alto coste social y/o incentivar actividades ecológicamente sostenibles.

Para corregir las actividades que producen externalidades negativas (por lo tanto que con su actividad perjudican a la sociedad) tenemos un tipo de impuestos llamados impuestos pigouvianos, que buscan que el coste de producción más el coste del impuesto sea igual al coste social (por lo tanto, que el productor al pagar el impuesto pague por los daños que causa su actividad).

Hay que decir que al aumentar el coste del producto, se tiende a aumentar los precios y en consecuencia a disminuir el consumo. Por lo tanto un impuesto que grave las emisiones de CO2 tendería a hacer disminuir la demanda sobre los productos que tienen mayores emisiones, favoreciendo así a los producidos de forma más limpia. Por lo tanto, la lógica es simple, aumentando el precio de los combustibles fósiles, estos se encarecen y por lo tanto disminuye su demanda. Este aumento de precio provoca también un aumento de las inversiones en eficiencia (para disminuir el consumo de combustible) y en energías alternativas.

La idea de los impuestos ecológicos se basa en pensar que estos deben intentar corregir los problemas del mercado y no tener solamente una función recaudadora. Claro está, que para que los Estados funcionen correctamente deben tener una recaudación suficiente, pero las políticas fiscales verdes lo que buscan es ponderar la recaudación según los daños al medio ambiente (y no según otros criterios cómo la renta, o el consumo). Lógicamente no se proponen los impuestos ecológicos cómo único sistema de recaudación, pero si cómo una buena forma de recaudar y de fomentar las prácticas ecológicamente sostenibles.


Fiscalizar las emisiones en la UE

El debate empezó hace tiempo, a principios de los noventa, en la antesala de la Cumbre de Rio de Janeiro. Se planteó crear una tasa sobre los combustibles fósiles, que los gravara según sus emisiones. Esta tasa era igual en todos los países de la UE. Pero la política fiscal de la UE debe ser decidida por unanimidad. Esto ha provocado que algunos países hayan vetado los dos intentos de aprobar las tasas (1992 y 1995). Cabe destacar que el gobierno Español ha ejercido su derecho a veto en muchas propuestas de fiscalidad ambiental.

Así que de momento, a nivel Europeo no tenemos una política fiscal ecológica sobre las emisiones de CO2, algo que muchos consideran fundamental para cumplir con el tratado de Kioto.

Viendo que resulta imposible ponerse de acuerdo de forma unánime, algunos Estados han decidido empezar por su cuenta


Inconvenientes de gravar las emisiones de CO2

Un inconveniente del que se habla mucho es el hecho de que un impuesto que grave las emisiones podría ser regresivo, es decir afectar proporcionalmente más a las rentas bajas que a las altas (lo contrario es progresivo). No es algo estándar, los estudios económicos apuntan a que hay países en que sería regresivo (EEUU, UK, Irlanda...) y otros en los cuáles no lo sería (España, Italia...). Por lo tanto, en los países en que el impuesto es regresivo, hace falta diseñar sistemas para evitar que afecte a las rentas más bajas (por ejemplo no penalizar a los consumos bajos) o sistemas de recirculación (sistemas de bonificación a consumos bajos y/o eficientes).

Otro suceso sería que al aumentar el precio de la energía convencional, aumentaría el precio de muchos productos y servicios, lo que podría provocar un encarecimiento de todo el sistema económico. Por un lado esto permitiría incentivar el consumo de productos y servicios producidos de forma "limpia", pero por el otro provocaría un aumento del precio de muchos productos, lo que podría afectar mucho a algunos estratos de la sociedad. Este encarecimiento parece ser que sería regresivo y por lo tanto podría ser un inconveniente a tener muy en cuenta.


La complejidad de los impuestos sobre las emisiones

Estos inconvenientes, plantean un panorama realmente muy complejo para poder establecer una política fiscal impositiva que sea eficiente ambientalmente y que sea justa y equitativa socialmente.

Es muy importante trazar donde irán los beneficios recaudados de estos impuestos. Una posibilidad es redistribuirlos para financiar proyectos ambientales. Así se consigue que los impuestos recaudados debido a los daños ambientales producidos, se destinen a solucionar o reparar dichos daños.

Otra posibilidad es disminuir otros impuestos, para que el aumento de los impuestos ecológicos, no suponga un aumento de la recaudación del Estado. Para hacer esto es necesario plantear una "reforma fiscal ecológica" y será regresiva o progresiva según si los impuestos que eliminamos o rebajamos son regresivos o progresivos en comparación a los nuevos impuestos ecológicos.

Por lo tanto, los impuestos ecológicos no tienen por qué ser regresivos, pero para evitarlo, es necesario establecer un buen diseño de los impuestos y de la recaudación (por ejemplo repartir la recaudación, dando una mayor parte a las rentas más bajas).


Diferentes formas de gravar el CO2

Básicamente se plantean tres sistemas impositivos:

1. Gravar únicamente las emisiones de CO2: Consiste simplemente en establecer un tipo impositivo sobre las emisiones [€/CO2]. Por lo tanto sólo gravaría a las energías fósiles.

2. Modelo mixto 50/50: En este caso, se grava el contenido energético de los combustibles no renovables y las emisiones de CO2. Esto se plantea para poder gravar a la energía nuclear, que no emite dióxido de carbono durante la producción.

3. Impuesto único sobre el CO2 y otro que gravase de forma importante la energía nuclear: Se propone gravar las emisiones con un impuesto único y por otro lado gravar la electricidad nuclear con una tasa cómo mínimo igual a la tasa impositiva de los combustibles fósiles.

Los estudios económicos indican que la tercera opción es la que supone una menor regresividad de los impuestos. Por lo tanto es el socialmente más aceptable. También hay que destacar que muchos consideran que es el más aceptable ambientalmente.

Si se aplicase en la UE y los beneficios de los impuestos se distribuyesen entre los países según el número de habitantes (por lo tanto se recaudaría según las emisiones y la producción nuclear, y el total recaudado a nivel europeo se repartiría entre los diferentes países según el número de habitantes) se evitaría que el impuesto fuese regresivo (pero no se obtendrían beneficios fiscales para la UE).

Fuente: Ambientaliqual

 
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