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El pasado julio, en el marco del curso Evaluación ambiental y sostenibilidad, tuve oportunidad de poner en común con un animoso grupo de profesionales el marco jurídico en el que se desenvuelve la Evaluación de Impacto Ambiental y la Evaluación Ambiental Estratégica. Gracias al coordinador del curso y amigo, pude enmarcar estas herramientas medioambientales con unas reflexiones sobre el funcionamiento de las instituciones políticas y jurídicas y cómo poder conectarlas con el sistema ecológico.

 

 

Las sociedades complejas actuales están envueltas en situaciones que parecen desbordar las capacidades de la administración y de las políticas públicas y se desarrollan como wicked problems (problemas malditos). En este tipo de situaciones y especialmente en conflictos medioambientales es difícil establecer un marco común de entendimiento. Sin embargo, como profesionales y, en cualquier caso, como ciudadanos, debemos tomar decisiones y/o valorar las diferentes alternativas en discusión.

Especialmente ante el cambio global (pérdida de diversidad biológica, cambio climático, contaminación, desertización y cambios en la ocupación de usos del suelo) se propone replantear el concepto de sociedades al margen de los ecosistemas. Es precisamente la comprensión de la sociedad y del medioambiente como sistemas interrelacionados y en coevolución el modelo a partir del cual puede aterrizarse ese concepto tan etéreo de la sostenibilidad.

¿Tiene todo relación con la Constitución española? El motivo de incorporar observaciones relativas al análisis de las políticas públicas y los principios de actuación contemplados en el ordenamiento jurídico, es un intento de comprender cómo los profesionales se enfrentan a la aplicación de una normativa en el conjunto de un sistema político y jurídico. No puede entenderse la Evaluación del Impacto Ambiental sin analizar cómo se resuelven los conflictos entre el interés general medioambiental o el igualmente interés general económico. Cómo se ponderan los intereses en conflicto, es una cadena de decisiones que no se adoptan en el vacío sino en el seno de supuestas democracias avanzadas y en un Estado social y democrático de derecho, cuadro que define reglas y criterios de valoración definibles.

A pesar de los marcos mentales en conflicto y la disparidad de valores, creencias y percepciones, se considera que existen unas líneas definidas que resultaban relevantes para explicar la evaluación ambiental en un contexto más amplio. La cultura política, la distribución de poderes en el Estado y en el territorio y los principios sobre los que se asienta el sistema jurídico van a ser condicionantes para analizar la forma de ejecución y cumplimiento de la EIA y la EAE. Las instituciones, tanto las informales, que permean la sociedad inconscientemente, como las formales, son mecanismos de regulación social imprescindibles para afrontar la dinámica de los socioecosistemas.

Socioecosistemas, instituciones sociales, organización política, toma de decisiones, definición del interés público..., son algunos de los conceptos que intentan hilvanarse en esta primera presentación antes de afrontar el estudio de la EAE y la EIA, presentación que estará disponible más adelante.

 

Fuente: Derecho, sociedad y medio ambiente

Antonio Ruiz Salgado, es abogado en ejercicio y Consultor ambiental. Especializado y apasionado por el Derecho administrativo y medioambiental y las políticas de conservación de la naturaleza.

 
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