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Un Real Decreto en tramitación, que traspone, con más de un año de retraso, buena parte de la Directiva 2012/27/UE de Eficiencia Energética, obliga a las grandes empresas a hacer auditorías energéticas cada cuatro años, bajo pena de sanción de 30.000 a 60.000 euros; la primera deberían tenerla hecha antes del 5 de diciembre. En conjunto, las auditorías costarán unos 158 millones de euros, pero a cambio puede propiciar ahorros superiores a los 1.000 millones.

Una auditoría energética permite detectar las operaciones de los procesos que pueden contribuir al ahorro y la eficiencia en el uso de la energía. Según la Directiva, y el futuro decreto, están obligadas a pasarla las grandes empresas -más de 250 trabajadores- o las que facturen más de 50 millones de euros. Esta delimitación resulta problemática, porque una Pyme puede consumir muchísima energía y quedar exenta de la obligación de auditarse.

En cualquier caso, según las estimaciones del Ministerio de Industria, recogidas en la memoria de impacto del futuro decreto, afectará a 3.782 organizaciones, que deberán auditar 23.411 establecimientos. Dependiendo del tipo de empresa que sea, el coste oscilará entre los 18.700 euros en la industria a los casi 3.000 euros de la mayoría de los servicios; a un comercio le supondrá alrededor de 6.000 euros y a una constructora unos 10.200. En total, las empresas tendrán que destinar más de 158 millones de euros.

Se librarán las entidades que apliquen un sistema de gestión energética o ambiental, como la ISO 50.001, siempre que éstos ya incluyan una auditoría energética. Se calcula que un 20% de los locales de las grandes empresas industriales, de la construcción y del comercio disponen de esos sistemas, porcentaje que se reduce a la mitad en el resto de los servicios.

 

Personal autorizado

La auditoría podrá llevarla a cabo un auditor energético externo o personal de la propia empresa, lo que no se ve con agrado desde el sector de la eficiencia energética, sobre todo porque la supervisión, en manos de las comunidades autónomas, se limita a comprobar que se han hecho las auditorías, sin adentrarse en cómo se han hecho. David Pérez, presidente de Creara, lo considera "poco serio"; Alfredo Paz, director general de la Entidad Nacional de Certificación Energética, coincide con él, y pone el acento en la poca formación exigida para realizar las auditorías, a la par que reclama una formación específica que, además, enlace con la certificación de la actividad.

Elena González, Gerente de la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos, apunta al vacío de consecuencias de la auditoría: "se obliga a las empresas a que la pasen, pero luego no ocurre nada; no se exige que toman medidas derivadas de ella". A su juicio, el problema principal está en que el Gobierno todavía no ha desarrollado la normativa de los Certificados de Ahorro Energético (CAE), también conocidos como certificados blancos. Éstos, planteados en la Ley 8/2014, que traspuso otra parte de la Directiva, servirán para demostrar que se ha producido un ahorro energético y serán comercializables, siguiendo con un mecanismo similar al del mercado de CO2.

En el sector se teme que con las auditorías termine ocurriendo lo mismo que con el etiquetado energético de los edificios: sirve para muy poco, porque las exigencias son tan bajas que hay empresas que los expiden, tras una simple llamada de teléfono, sin haber visitado los inmuebles.

 

¿Cuándo se aprobará?

La norma ha estado a punto de promulgarse varias veces, la última en julio, pero siempre se ha retirado del orden del día del Consejo de Ministros para incluir modificaciones; una de las últimas ha sido reducir el importe de la garantía financiera exigida para constituir una empresa de servicios energéticos de 300.000 euros a 150.000. En el sector no se descarta que no se llegue a aprobar en esta legislatura.

Si finalmente ve la luz rápidamente, es muy probable que se incluya algúna disposición que evite penalizar a las empresas -el régimen sancionador se aprobó en octubre del año pasado-, porque no hay ni tiempo ni profesionales preparados para hacer todas las auditorías: cada una precisa alrededor de una semana de trabajo.

Si no se aprueba, habrá que esperar acontecimientos, pero es seguro que Bruselas fruncirá el ceño y, quizá, decida abrir un procedimiento de infracción contra España. La semana pasada hubo una reunión entre el Gobierno y la Comisión en la que se trató el asunto.

 

Leer más: El ambientólogo como proveedor de servicios energéticos.

Fuente: elEconomista.es

 

 
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