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José Pérez, consejero delegado de Recyclia, ha defendido la eficacia del modelo europeo de reciclaje de residuos electrónicos, basado en la responsabilidad ampliada del productor, en la quinta reunión de la Red Internacional de Gestión de Residuos Electrónicos (International E-Waste Management Network - IEMN), uno de los foros internacionales más importantes de esta actividad, celebrado la semana pasada en Bogotá (Colombia).

Además, y según Pérez, la eficacia de este sistema se multiplicaría exponencialmente si los fabricantes de aparatos contaran con un mayor respaldo de las administraciones ante las malas prácticas. Así, añadió: "no se puede hacer responsable al productor del fraude que cometan otros actores, ni exigir a quienes cumplimos la legalidad soportar más cargas económicas. La solución radica en un control exhaustivo por parte de las autoridades y en la sanción contundente de la gestión ilegal".

El consejero delegado de Recyclia también expuso los resultados de esta plataforma (integrada por las fundaciones Ecoasimelec, Ecofimática, Tragamóvil y Ecopilas), pionera en nuestro país en la gestión de residuos electrónicos y pilas cuando aún no era obligatoria.

Concretamente, Recyclia agrupa a más de 1.000 productores que han gestionado 147.000 toneladas desde el inicio de su actividad en el año 2000. Además, la plataforma se ha adelantado al cumplimiento del objetivo de recogida para 2016 y superó el año pasado el 45% de los kilos de aparatos puestos en el mercado.

 

Clara identificación de responsabilidades

El modelo de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente en la Unión Europea desde 2002, se basa en el principio de la responsabilidad ampliada del productor, según el cual "quien contamina paga". De este modo, los fabricantes e importadores de aparatos son los responsables de organizar y financiar el sistema de retirada selectiva y reciclaje de los equipos en desuso y de cumplir los objetivos obligatorios.

En este sentido, Pérez incidió en los problemas a los que deben hacer frente los fabricantes, entre ellos la competencia desleal de las empresas que no se responsabilizan de la gestión de los aparatos que ponen en el mercado, así como los flujos de residuos que escapan al control de los productores, especialmente los que tienen valor positivo.

A este respecto, el consejero delegado de Recyclia ha exigido la clara identificación de las responsabilidades del resto de actores que intervienen en el ciclo de la gestión de residuos (puntos de recogida, distribución y gestores), en cuanto a trazabilidad, información y cumplimiento de objetivos.

Igualmente, ha reclamado mayores medios para la aplicación efectiva de los programas de control e inspección y una mejor coordinación entre las autoridades competentes. Además, ha denunciado la falta de uniformidad entre las administraciones, en cuanto a los criterios y sistemas de información, y ha abogado por la aplicación de normas de tratamiento estandarizadas internacionalmente.

La Red Internacional de Gestión de Residuos Electrónicos nació en 2011 a iniciativa de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (USEPA) y la Administración de Protección Ambiental de Taiwán (EPAT). Desde entonces, reúne anualmente a decenas de expertos y representantes de administraciones de todo el mundo con el objetivo de intercambiar información y buenas prácticas en el tratamiento de los residuos electrónicos.

 

 
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