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La nueva Planificación Hidrológica, que abarca de 2015 a 2021, tiene una inversión asociada superior a los 16.200 millones de euros, contando los 10 planes de cuenca de competencia estatal que acaban de aprobarse (14.518 millones), a los que se suman los baleares (699 millones) y los andaluces (1.050 millones).

Alargando más el horizonte temporal, hasta el año 2033, la inversión estimada asciende a 34.276 millones, de los que 26.845 millones están directamente relacionados con la Planificación y el resto corresponde a inversiones para otros usos asociados al agua que contemplan los planes, como el energético, el agrícola o el transporte. Ahora bien, estas previsiones no están tan afinadas como las del período que ahora comienza.

Así se recoge en el informe elaborado por el Ministerio de Agricultura en el que se resumen las cuestiones clave de los planes hidrológicos de compentencia estatal que acaban de ser aprobados por los consejos del agua de las correspondientes confederaciones hidrográficas: Ebro, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Miño-Sil, Segura, Júcar, Ceuta y Melilla.

Esos 10 planes, que cubren el 85 por ciento del territorio peninsular español, ocupan más de 65.000 páginas y se han elaborado en muy poco tiempo, apenas un año, por el tremendo retraso acumulado en el anterior ciclo de Planificación, de 2009 a 2015. Las prisas han impedido -así lo indica el informe- que se resuelvan cuestiones problemáticas, tanto para la consecución de los objetivos ambientales de calidad del agua como para la atención de las demandas de recursos hídricos.

Los planes baleares y los de las cuencas andaluzas también se han aprobado ya, de modo que únicamente faltan los de Galicia, Cataluña y Canarias, así como los cantábricos, que incluyen algunas cuencas que son competencia del País Vasco.

La Directiva Marco del Agua (DMA) establece que los planes deben estar acabados antes de que acabe el año. Con un poco de suerte, todos -menos los canarios, que van aparte- estarán listos para someterlos al examen definitivo de la Comisión Europea el 22 de marzo de 2016; superarlo es una exigencia para recibir fondos comunitarios.

A la hora de establecer las medidas de los planes se ha procurado seguir la estructura marcada por la UE, para que no haya problema a la hora de recibir los fondos y para minimizar las multas; por eso se consideran prioritarias las actuaciones en recogida y tratamiento de aguas residuales, materia en la que afrontamos sanciones crecientes que ya superan los 40 millones de euros.

Así, los planes resultantes son mucho más homogéneos que en el anterior ciclo de Planificación: todos ellos tienen contenidos comunes, que abarcan desde los caudales ecológicos hasta los procedimientos de participación pública, pasando por la asignación de recursos, con sus prioridades y compatibilidades de usos. Las inversiones previstas se dividen en cinco tipos de actuaciones; en el caso de los 10 planes de competencia estatal el reparto es el siguiente:

Cinco tipos de medidas

  1. Medidas requeridas por la DMA. La regulación comunitaria persigue conseguir el buen estado de las aguas, tanto por cantidad como por calidad, y esta es la mayor partida de todas, con 8.756 millones. Aquí se incluyen las inversiones en nuevas plantas depuradoras.
  2. Medidas de los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación, una novedad introducida en este ciclo de la Planificación a requerimiento de la normativa comunitaria. Contarán con 2.255 millones.
  3. Medidas de gobernanza y mejora del conocimiento. Le corresponden 606,6 millones, que aprovecharán los organismos de cuenca para ejecutar los programas de seguimiento del estado de las aguas, tramitaciones, registros, etc.
  4. Inversiones para mejorar la oferta de recursos. La histórica vertiente socioeconómica de la Planificación española, distribuir el agua entre usos y usuarios, no es algo exigido por la normativa comunitaria y es un caso extraño entre los países de la UE; de hecho, en Bruselas se ve con recelo. Centradas en obras de regulación y transporte para satisfacer las demandas de líquido elemento, cuentan con 569,7 millones.
  5. Otras inversiones requeridas por los diversos usos ligados al agua. Algunos planes han incorporado información sobre el coste de otras inversiones previstas por las políticas sectoriales -energía, regadío, transporte- que suelen conllevar nuevas demandas de agua y nuevas presiones para la consecución del buen estado de las aguas. Se le asignan 2.330 millones.

Además de las medidas incluidas en los planes hidrológicos de cada una de las cuencas, hay asuntos que escapan a su ámbito legal y geográfico, y que deberán ser abordados por un próximo Plan Hidrológico Nacional. Tres son los más relevantes:

  1. Delimitar y asignar recursos en acuíferos compartidos por más de una cuenca hidrográfica.
  2. Solucionar problemas de escasez estructural en algunas zonas de las demarcaciones del Guadiana, Guadalquivir, Segura y Júcar.
  3. Integrar recursos hídricos no convencionales, como el agua regenerada o desalinizada, en particular en las demarcaciones del Júcar y el Segura.

A ellas hay que sumar los siempre polémicos trasvases. El documento menciona la necesidad de actulizar la regulación vigente para las cesiones de agua de unas cuencas a otras.

 

Procedimiento sancionador

Por primera vez, tener aprobados los planes hidrológicos en tiempo y forma -y con determinados contenidos prefijados, como una estimación del grado de recuperación de costes- es una condición sine qua non para percibir fondos comunitarios, que afecta a las líneas Feder, Feader, FSE y FEMP del período 2014-2020. También algunas ayudas de la Política Agrícola Común pueden volatilizarse.

En el anterior ciclo de Planificación hidrológica, se llegó tarde -todavía no se ha terminado el Plan de Lanzarote- y el retraso derivó en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 4 de octubre de 2012 que, afortunadamente, no está teniendo repercusiones económicas para el país.

No obstante, el procedimiento infractor que dio lugar al fallo de los jueces sigue abierto y, si España se retrasa otra vez, habrá sanción. Hay otros motivos, como la proximidad de la revisión de la DMA, pero sólo esos dos bastan para explicar que el Gobierno se esté volcando en llegar a tiempo.

 

Fuente: elEconomista.es

 

 
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