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El Gobierno de las Comunidad de Madrid y el de Castilla-La Mancha quieren que una nueva empresa se encargue de retirar las entre 70.000 y 90.000 toneladas de neumáticos que se concentran en Seseña. "Ayer mantuvimos un encuentro con el Ministerio (de Medio Ambiente) y el Gobierno de Castilla-La Mancha", ha asegurado Jaime Rodríguez Taboada, consejero de Medio Ambiente, que está buscando resolver el contrato con la empresa contratada por el Ayuntamiento para limpiar el vertedero, por no trabajar con la celeridad esperada.

Es más, su idea es, según ha informado en la Asamblea de Madrid gracias a una pregunta de Ciudadanos, que tienen la intención de convocar un nuevo concurso público en enero para encargar los trabajos a otra entidad. "Desde Castilla-La Mancha nos proponen que sea una empresa pública...", ha señalado sin precisar si finalmente se aceptará esta propuesta. La idea sería que Tragsa pudiese asumir la tarea. El consejero ha contestado a una pregunta formulada por Ciudadanos, que ha denunciado que se trata del "vertedero de neumáticos más grande de Europa" y ha alertado del riesgo medioambiental que presenta para la población.

El vertedero se encuentra junto al desarrollo que promovió El Pocero denominado El Quiñón. Tiene una superficie de 117.000 metros cuadrados de los que 22.000 se encuentran en la Comunidad de Madrid. Hace un año, el Gobierno regional de Ignacio González, Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Seseña decidieron acabar con el vertedero. Se le encargó a una empresa triturar las ruedas para reutilizar el material. En total, se presupuestaron tres millones de euros para la limpieza de los que a la Comunidad le correspondería aportar 500.000 euros.

En el origen de todo está la empresa Disfilt SA dedicada a la fabricación de neumáticos y cámaras de caucho, así como a la reconstrucción y recauchutado de neumáticos. En 2003 la actividad fue declarada ilegal por contravenir las normas medioambientales. La compañía acumuló numerosas multas de Seseña, Castilla-La Mancha y la propia Comunidad de Madrid. Incluso en 2009 un juez condenó al propietario a tres meses de prisión por un delito contra el medio ambiente. Fue aquel año cuando el Gobierno regional tuvo conocimiento de que los residuos habían traspasado la originaria frontera manchega y habían conquistado parte de Valdemoro, pero los residuos siguieron acumulándose hasta 2011. En el verano de 2014, la empresa pública Tragsa realizó un cortafuegos para prevenir un posible incendio que tendría unas consecuencias incalculables.

 

Fuente: El Mundo

 

 
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