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El pasado 24 de septiembre la Comisión Europea abrió a España un procedimiento de infracción por no haber traspuesto al ordenamiento interno la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios, que obliga a incrementar la calidad de los inmuebles para que se conviertan en "edificios de consumo de energía casi nulo".

De acuerdo con la definición recogida por la Directiva, los edificios de consumo casi nulo son aquellos con un nivel de eficiencia muy elevado, en los que la escasa demanda de energía "debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno".

Además, la norma exige la elaboración de planes nacionales para aumentar el número de este tipo de edificios y establece un calendario para que las nuevas construcciones -desde el 31 de diciembre de 2020- o de propidad pública -a partir del 31 de diciembre de 2018- lo sean.

Los planes nacionales deben incluir cómo aplicar lo que cada Estado entiende en la práctica por edificio de consumo de energía casi nulo, en función de sus particularidades nacionales, regionales o locales. Así mismo, han de fijar unos objetivos intermedios para mejorar la eficiencia de los edificios nuevos; el primero de estos hitos le correspondía a este ejercicio 2015.

 

La norma ya está en revisión

España aún no ha traspuesto la norma y Bruselas ya ha montado los grupos de trabajo para revisarla e incluir mayores exigencias. La falta de preocupación por la materia se refleja en datos: entre 1990 y 2009 el consumo medio de las viviendas en Europa ha bajado un 11,9%, mientras que en España ha subido un 8%. Somos, con Grecia, los únicos países de la UE en contra de la tendencia general.

La explicación a esta mala evolución está en el boom inmobiliario, que se produjo antes de que entrara en vigor el Código Técnico de la Edificación (CTE), en marzo de 2007, también con retraso sobre lo estipulado por la anterior Directiva de eficiencia energética en edificios, del año 2002.

El resultado es que la calidad de las construcciones es mala: según los últimos datos de la Comunidad de Madrid, el 80% de todo el parque edificatorio del territorio es de clase E o peor. El CTE establece que todas los edificios nuevos tienen que ser, como mínimo, de clase B. El sector de la eficiencia reclama a la Administración que compruebe que este mandato se está cumpliendo.

 

Fuente: elEconomista.es

 

 
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