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El nuevo plan hidrológico del Guadalquivir nace cojo. El consenso alcanzado en 2010 tras cinco años de debates entre todos los agentes implicados saltó por los aires con la devolución de las transferencias del Guadalquivir al Estado, en octubre de 2011. Desde ese momento, el Gobierno central empezó a recortar las inversiones y empezó a ceder a las pretensiones de los grandes usuarios del agua, las principales comunidades de regantes. El resultado se visionó este jueves con la aprobación del plan por parte del Consejo Nacional del Agua.

La Junta de Andalucía, que representa a la comunidad donde se localizan el 98% de los usos de la cuenca, votó en contra de un plan que poco o nada tiene que ver con el consensuado hace dos años.

El plan hidrológico apuesta por la modernización de los regadíos, pero, como critica la Junta, sin excepciones de revisar los derechos de las comunidades de regantes que ya han abordado la modernización de sus infraestructuras. El consejero de Agricultura, Luis Planas, censuró también que el documento ha eliminado la limitación inicial a las grandes comunidades de regantes (aquellas que superan las 2.500 hectáreas) algo que, a su juicio, no garantiza el ahorro de agua y será imposible cumplir con la Directiva Marco de Agua de la UE. "El agua es un recurso público que, aunque esté en su totalidad en manos de concesionarios, requiere que la Administración vele por que este recurso se use de forma eficiente y generando la mayor rentabilidad social y económica posible", subrayó Planas.

Sin embargo, el presidente de la Confederación del Guadalquivir, Manuel Romero, sostuvo que el plan establece las fórmulas para llevar a cabo una gestión sostenible del agua. Según dijo, el plan prevé la imposición a los distintos usuarios de unas eficiencias mínimas que determinarán las dotaciones brutas de agua para cada uno de los usos hídricos. Con ello, los usos agrarios y de abastecimiento a las poblaciones deberán hacer un uso más eficiente del agua e incorporar mejoras para su modernización, si bien los núcleos urbanos inferiores a 50.000 habitantes dispondrán de una moratoria temporal para ajustar sus infraestructuras.

Pero la Junta, que se abstuvo en la votación del Consejo del Agua de la Demarcación el pasado septiembre, también rechazó la drástica reducción (de un 68%) de las inversiones previstas, que pasan a 1.700 millones frente a los 4.100 que se fijaron en el plan de cuenca que se sometió a información pública.

Con todo, el plan salió adelante con solo cinco votos en contra y seis abstenciones. Entre los que se opusieron están la UPA, los regantes de Areda (con peso en el alto Guadalquivir), WWF y Ecologistas en Acción. Los ecologistas de WWF alertaron de que el documento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente "agravará" los problemas de calidad y cantidad de agua en Doñana.

Entre los que apoyaron el plan está Feragua, la organización mayoritaria de los regantes andaluces y con gran influencia en el bajo Guadalquivir. Feragua votó a favor tras comprobar que el ministerio había desechado en su planificación la propuesta de la Junta de establecer dotaciones máximas para las grandes comunidades de regantes, propuesta que Feragua consideraba ilegal y discriminatoria y sin ninguna base jurídica y técnica.

La Junta sí votó a favor del Plan Hidrológico del Guadiana, la segunda cuenca intercomunitaria en importancia en Andalucía, ya que el texto sí recoge las peticiones que la Junta había efectuado.

 

Fuente: El País 

 

 
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