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noticiasactualidadEl VI Encuentro del Foro de Recursos Hídricos reunido en la ciudad de Quito con la participación de 650 delegadas y delegados de 22 provincias del país, para tratar una agenda de gran importancia en momentos en los cuales se debaten leyes y políticas fundamentales que deben hacer viables los mandatos constitucionales y expresarse en una mejor calidad de vida de la población ecuatoriana.

El pasado neoliberal contra el que nos hemos expresado por sus resultados negativos para la gestión del agua y los derechos de los sectores populares, aún pesa en la institucionalidad y las políticas públicas, a pesar de que la Constitución recoge un número importante de demandas sociales que incluyen el reconocimiento del derecho humano al agua, a la participación ciudadana en la toma de decisiones y a la seguridad y soberanía alimentaria. El presente, por tanto, es un momento de definiciones fundamentales para el futuro, en el que los sectores y organizaciones de los pueblos y nacionalidades del Ecuador deben sostener alternativas y hacer oír su voz. 

Las conclusiones de este VI Encuentro tienen ese aliento crítico y propositivo, que va ligado al compromiso de llevar adelante la acción necesaria para impulsar las propuestas salidas del debate amplio y democrático. Asumimos la tarea de continuar levantando los principios orientadores del Foro de Recursos Hídricos, demandando la aplicación plena del derecho humano al agua y la prelación de uso constitucional, presentamos las conclusiones y propuestas que se resumen a continuación. 
1. Soberanía como condición de una sociedad equitativa y justa
Nosotros, ecuatorianos y ecuatorianas, asumimos y ejercemos la soberanía como nuestra capacidad para organizarnos y auto-determinarnos como sociedad, para crear y transformar los órganos de poder y las instituciones que instauren nuestro auto-gobierno, sin la intervención de potencia extranjera alguna. Ratificamos que la soberanía del Ecuador radica en el pueblo, que se constituye en el mandante que debe ser respetado por cualquier gobierno que sea elegido, independientemente de su tendencia política e ideológica. Eso es lo que brinda a un país mantener una estrategia de desarrollo y de relaciones internacionales de largo plazo y, por lo tanto, no puede ser cambiada por ningún presidente o autoridad.

Agua, agricultura y soberanía alimentaria

En referencia al agua, hemos logrado importantes pasos de avance en la Constitución, los que abren las puertas a una gestión basada en los principios de equidad, integralidad, derechos humanos, derechos colectivos y una visión ecosistémica. La integralidad implica que se asuman las conexiones necesarias con las distintas necesidades y objetivos de la sociedad ecuatoriana, poniendo en primer lugar a la soberanía alimentaria en una estrecha relación campo-ciudad.

Como política general para lograr la soberanía alimentaria se requiere revertir la dependencia alimentaria para aumentar el grado de autosuficiencia con producción nacional, ya que el país cuenta con recursos naturales y capacidad de trabajo suficientes para lograrlo.

La soberanía alimentaria en gran medida depende de la producción campesina que tiene bajos niveles de productividad como efecto de las políticas públicas vigentes. Centro de atención del Estado deberá ser el incremento de los rendimientos, el desarrollo de procesos de transformación de los productos agrícolas, el fomento de la comercialización asociativa, que permitan a los campesinos tener excedentes para capitalizarse y con esto mejorar sus condiciones de vida.

La conformación de espacios territoriales como sistemas de desarrollo, basados en la organización social, es una responsabilidad del Estado. Sin la organización social no es posible la solución de los problemas del campo. La organización campesina es la garantía para la soberanía alimentaria.

Un prerrequisito constituye la redistribución de la tierra y del agua. El uso de la tierra y el agua debe responder como principio, al interés común; por lo tanto, la primera prioridad será la seguridad y la soberanía alimentaria y luego las exportaciones, que por cierto el Ecuador tiene grandes potencialidades para diversificarlas.

De manera inmediata se deben impulsar cambios radicales en cuanto a la tecnología utilizada y en la organización de los sistemas de producción. Es urgente redefinir la política de investigación del INIAP y de las universidades del Ecuador. El Estado debe privilegiar el desarrollo de tecnologías adecuadas que respondan al desarrollo de la agroecología.

Proponemos elaborar el plan de desarrollo agropecuario, de manera participativa desde lo local y bajo coordinación del MAGAP, en un plazo de seis meses.

Energía y Agua: Modelo energético alternativo para el Ecuador

Los impactos del viejo modelo energético tienen dimensiones distintas, pero todas orientadas por un modelo de producción extractivista, el que ha traído retraso y dependencia. Esos impactos se refieren a: masivas ineficiencias energéticas, desencuentros entre producción y consumo, desaprovechamiento de recursos, dependencia y vulnerabilidad económica, pobreza e inequidad, destrucción de territorios y ecosistemas, pérdida de soberanía, autonomía y debilitamiento del sistema democrático.

Para enfrentar esta realidad, es necesario procurar la utilización racional del agua y terminar con su explotación destructiva y desperdiciada, conservar y defender los recursos hidráulicos del país, protegiendo las cuencas, las fuentes, cauces de los ríos y corrientes de agua.

 

2. Agua y Riego

La soberanía alimentaria y las exportaciones dependerán cada vez más del riego. La producción agropecuaria ahora depende más de la irrigación que antes, porque ha cambiado el clima, resultado del mal manejo de nuestros ecosistemas de todas las regiones del país y como consecuencia del cambio climático global. Se vuelve necesario revertir las tendencias de manejo depredador de nuestros recursos y mejorar la eficiencia del riego.

Dentro de los usos consuntivos, el riego es el más importante. Según cifras oficiales alrededor del 80% va a la agricultura, aunque en términos reales es mucho mayor si se toma en cuenta que hay un uso significativo de agua al margen de la ley. Ahora toda o casi toda la producción empresarial se desarrolla con riego, como ocurre con la del banano y las flores, con la de la caña de azúcar y las frutas tropicales. Para ampliar el espacio con riego, es importante contar con una fuerte y avanzada planificación hídrica con los inventarios específicos.

El riego en el país debe contar indispensablemente con la planificación participativa, que debe convertirse en un medio eficaz para democratizar las instituciones públicas a nivel central, regional, provincial y local y con esto contribuir a construir una sociedad auténticamente democrática. El Plan nacional de Riego debe relacionarse con el plan de Desarrollo Agropecuario y los planes provinciales de desarrollo. Su inicio debe ser inmediato para tener un plan coyuntural para el segundo semestre de 2010 y el Plan Nacional de Riego 2010-2013, aprobado para noviembre de este año. Corresponde al INARH su construcción participativa.

Una vez que se aprobados el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, COOTAD, y con la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, se debe contar con el marco normativo e institucional que establezca con claridad los alcances y procedimientos para iniciar el proceso formalizado de descentralización del riego que responda a la planificación hídrica y productiva del país.

Ratificamos que en la nueva Ley de Recursos Hídricos se debe crear una sección específica sobre riego, para lo cual el foro ha presentado propuestas concretas. En esta sección debe quedar claramente establecido que para la aplicación del artículo 263 de la Constitución, se creará una entidad especializada en cada provincia, adscrita al Consejo Provincial pero que tenga un directorio paritario que garantice la participación social en la toma de decisiones.

Debe establecerse el fondo de riego como parte del agua para la vida en el propósito de rehabilitar y mejorar los sistemas campesinos actuales y ampliar el área de riego campesino. Nos ratificamos en el Mandato del 20 de mayo de este año presentado por las organizaciones de regantes y campesinas al gobierno y demandamos su aplicación inmediata.

 

3. Páramos y Agua

Es notorio en el Ecuador el creciente deterioro de ecosistemas frágiles como los páramos, que cumplen un rol ecológico importante para la reproducción de ciclos vitales y las actividades de poblaciones que se ubican en zonas intermedias y bajas. De los páramos nacen las fuentes de agua que necesitan finalmente todos los sectores económicos y sociales del Ecuador.

El incremento de presiones, la normativa vigente no ha logrado frenar el uso depredador de los recursos naturales, más bien lo ha agravado. Por esta situación se observa igualmente un aumento de conflictividad social en torno a derechos posesorios y por el uso del agua en zonas de altura. A pesar de esta realidad preocupante, el país está a tiempo todavía de establecer las políticas adecuadas y los consensos sociales básicos, para llevar a cabo una gestión sostenible de los páramos. Recordamos también que el tema de la ambiental tiene desde 2008 un fuerte sustento constitucional. Por ello debería ser una prioridad para el Estado estructurar un cuerpo normativo con atención específica a los páramos que recoja y reglamente principios y normas constitucionales sobre ecosistemas frágiles. 

A través de una política pública y su respectiva normativa legal, se debe conseguir que se cumplan con los principios de: 

• Responsabilidad compartida de toda la sociedad y del Estado en la protección, conservación y aprovechamiento sustentable de los páramos. 

• Participación activa de los pobladores de los páramos, las comunidades indígenas y campesinas, en el manejo y la definición de mecanismos de cogestión. 

• Es indispensable establecer mecanismos de incidencia en la gestión de los gobiernos provinciales para aplicar las recomendaciones y prácticas provenientes de la experiencia comunitaria y que asegure el mejor estado del ecosistema páramo. 

• Deben ser entregadas estar resoluciones a la Autoridad Nacional Ambiental y vigilar su seguimiento en los gobiernos descentralizados autónomos. 

4. Uso y contaminación del Agua

La contaminación de las aguas es un complejo fenómeno social, económico y ambiental que constituye uno de los más serios obstáculos para el Buen Vivir. El deterioro de la calidad de las aguas es notorio, altamente nocivo y de grandes dimensiones cuando se trata del impacto ambiental de las actividades extractivistas, principalmente hidrocarburíferas y mineras, actividades que han generado un deterioro ambiental con muy graves y permanentes afecciones para la salud y la vida de la gente y daños irreversibles a los ecosistemas terrestres y marino costero.

Se considera que, por debajo de los 2 mil metros de altitud, prácticamente todos los causes de agua existentes en el Ecuador están contaminados por actividades de distinto origen, en las que hay que considerar también la contaminación originada en las actividades agrícolas por el uso de agrotóxicos y la resultante por la inexistencia de sistemas de remediación de las aguas servidas de los centros urbanos.

El derecho al agua no se refiere solo al acceso a la misma, sino que incluye la garantía de calidad del líquido vital. Actuar para prevenir, reducir, controlar, remediar la contaminación, así como brindar reparación adecuada a las poblaciones afectadas, es una responsabilidad de cumplimiento inmediato por parte de las autoridades y la ciudadanía.

El foro expresa su solidaridad con los luchadores y defensores del agua y la naturaleza que están siendo criminalizados por su lucha contra la presencia de mineras a gran escala que afectará su acceso al agua y condiciones de vida. Se solidariza también con las comunidades que levantaron el juicio contra Texaco, demandando la remediación y reparación por uno de los mayores daños ambientales en la historia de la humanidad. 

Propuestas generales sobre contaminación de las aguas 

• Es necesaria diseñar y ejecutar un fuerte sistema de control, prevención, remediación y reparación de la contaminación de las aguas en el Ecuador, bajo responsabilidad de los municipios y consejos provinciales con coordinación del Ministerio del Ambiente, en el plazo máximo de cinco años. Las sanciones a los contaminadores industriales deben ser suficientemente fuertes como para motivar la protección de los recursos hídricos y para alimentar el fondo del agua. Para financiar el sistema en municipios pequeños y medianos, el gobierno asignará los fondos necesarios. 

• El sistema deberá realizar la supervisión o realización de los estudios de control de contaminación de las aguas, el monitoreo de la calidad del agua distribuida para abastecimiento de ciudades, centros poblados y comunidades, así como la distribuida para riego; la emisión de estudios a la Autoridad Única del Agua sobre la calidad del agua; y, la definición de las campañas de control en coordinación con la autoridad de demarcación hídrica y la Agencia de Regulación y Control. 

• Que el Estado declare en emergencia los ríos altamente contaminados por actividades mineras, industriales, uso de agrotóxicos y descarga de aguas residuales de las ciudades, tomando las medidas inmediatas para su recuperación y reparación debida a las poblaciones afectadas. 

• Que la Ley de Recursos Hídricos debe contener una sección específica sobre prevención y contaminación de las aguas, reconociendo las particularidades de cada región del Ecuador. 

• Que se asuma la corresponsabilidad en la gestión de cuencas binacionales, la protección de ecosistemas transfronterizos y la solidaridad mutua con nuestros países vecinos. 

Propuesta de Políticas de prevención y control de la contaminación por aguas residuales 
• Diagnóstico integral de la contaminación por aguas residuales, obligatorio para todas las entidades que de una u otra manera explotan el recurso hídrico, tanto desde la captación hasta la descarga en las corrientes de agua, para garantizar la reducción, el tratamiento previo de las aguas residuales de las empresas, la existencia suficiente de plantas urbanas de tratamiento. 
• La legislación, con una normativa única a nivel nacional, debe incluir con claridad las medidas de prevención y control de la contaminación por aguas residuales, preservación de las cuencas hídricas, coordinación de los organismos de control con competencias claramente definidas, asistencia a los municipios y exigencia de la implementación. 

Política de prevención y control de la contaminación de agua por agrotóxicos en agricultura
• Se requiere el impulso a la agricultura orgánica y la agroecología, como procesos que favorecen la soberanía alimentaria y la protección de la salud de todos los ecuatorianos, en el marco de medidas para desmotivar el uso de los agrotóxicos. 
• Una política nacional de control de la calidad de los plaguicidas, en los almacenes de expendio, bodegas de distribuidores e incluso, en los sitios de aplicación (fincas). Este control debe ser de oficio, para comprobar y verificar por lo menos tres aspectos: i) La formulación correcta, es decir, el contenido de ingrediente activo por producto comercial, lo cual es una tarea imprescindible para asegurar la calidad, especialmente de los productos genéricos; ii) La caducidad del producto y, iii) El contrabando, es decir, controlar el expendio de productos que no se encuentren registrados en el país, los cuales pueden evidentemente ser productos adulterados. 
• Es necesario impulsar la investigación y capacitación en diversos niveles y para cada grupo de usuarios para prevenir la contaminación, realizar un diagnóstico y propuestas de acción inmediata. 

Políticas para prevención y control de la contaminación del agua por empresas extractivistas 
• Oponerse a la minería metálica a cielo abierto por ser una actividad con las peores consecuencias sociales y ambientales que incluye la contaminación y destrucción de grandes cantidades de agua, y demandar que la Ley de Recursos Hídricos prohíba todo tipo de actividades extractivistas en las nacientes de agua. 
• Terminar con la tercerización de la remediación ambiental de las petroleras y con las actividades de división comunitaria de las empresas extractivistas, dando paso a sistemas locales de control y remediación bajo normas nacionales que incluyan el desarrollo de los estudios de impacto ambiental por profesionales certificados que no dependan de la empresa. 
• Promover acelerados cambios en las formas productivas de la minería metálica pequeña y artesanal, controlar los riesgos de contaminación, impedir que más familias se liguen a esta actividad, alejar los relaves y molinos de las fuentes de agua y motivar el cambio de actividad productiva de esas familias. 
• Sumarnos a las organizaciones amazónicas y nacionales que se han pronunciado por la protección de la reserva de biósfera del Yasuní, la no explotación del bloque petrolero ITT y por la protección del río Napo y los pueblos que habitan sus riveras y áreas de influencia. 

 

5. El marco jurídico para el Agua

La nueva Ley de Recursos Hídricos es una de las leyes fundamentales cuya aprobación fue mandato constitucional ya ha sido violentado. Sin embargo de los plazos extra constitucionales, el sentir de las comunidades y nacionalidades usuarias del agua es que aunque en el borrador de la Ley se recogen importantes principios constitucionales, hay aspectos contradictorios y los planteamientos y propuestas de las organizaciones sociales no han sido aceptadas en los puntos fundamentales, lo que ha conducido a acciones sociales que han sido menospreciadas por la Asamblea Nacional por el gobierno, cuya respuesta ha sido el ataque a las organizaciones nacionales y locales que se han movilizado por el derecho al agua. Es lamentable que el Presidente haya señalado que esta no es una ley fundamental y amenace con su archivo, lo que contradice a la realidad y demandas de la mayor parte de la población ecuatoriana.

El Foro se ratifica en los principios legales básicos que deben ser incorporados, a partir de una participación real de los usuarios del agua en todas las fases de su gestión. Demandamos la aprobación y puesta en vigencia de la Ley recogiendo los criterios y aportes brindados desde los diferentes sectores sociales.

La autoridad única del agua debe ser el eje de esa participación social permanente en la toma de decisiones contando con un Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua como instancia directiva y con responsabilidad de definir y planificar la política de gestión integrada de los recursos hídricos, así como asegurar la participación, evaluación y control la ejecución de las políticas públicas en esta materia.

La Ley debe desprivatizar el agua en el Ecuador y cumplir con el mandato popular de recuperar para el país aquellos recursos entregados mediante concesiones calificadas de dolosas como las de Interagua y Manageneración, restituyendo al Estado la posesión y gestión de las aguas.

 

6. Tierra, agua y reforma agraria

Múltiples, interdependientes y dinámicas son las interrelaciones sociales en torno a la tierra y agua: configuración de territorios, construcción de identidades, dinámicas de producción, de comercio, de organización social, conservación de recursos naturales, entre otras. Esas múltiples interrelaciones, son resaltadas aquellas que hacen referencia a las modalidades de reparto social de la tierra y agua, en tanto que recursos fundamentales para la producción agraria.

Históricamente, la tendencia general ha sido que el control de la tierra ha acarreado la concentración de las aguas. Pero como paradoja, podría decirse que la tendencia se ha verificado también en el sentido inverso: la presencia del agua susceptible de ser aprovechada en la producción agrícola, ha acarreado la concentración de tierras. Esta realidad, se ha dado en el marco nacional de un proceso de acaparamiento de tierra y agua en pocas manos.

El Foro demanda el cumplimiento respetando el plazo constitucional de la transitoria constitucional 27 que determinó dos años de plazo para redistribuir tanto el agua que ha sido concesionada, como la que está utilizada al margen de la Ley. Las nuevas concesiones deberán establecerse una vez que se cuente con el inventario de cada micro cuenca.

La prelación de agua de consumo humano y agua para la soberanía alimentaria es el principio sobre el cual debe realizarse un plan nacional de riego participativo que resalte que el riego no se circunscribe solo a obras, sino que es una construcción social que en primer lugar debe estar al servicio de la seguridad y soberanía alimentarias y de la construcción de sistemas sociales de producción campesina que garanticen su mejoramiento continuo de condiciones de vida. 

Con la experiencia vivida en proceso de la ley de agua y en miras de la aprobación de ley de tierras prevista para el segundo semestre de este año, es prioritario construir una plataforma conjunta que afirme los planteamientos de redistribución de tierra y agua, así como una conformación democrática de las nuevas instituciones responsables de las políticas públicas sobre la tenencia y uso de la tierra.

 
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