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rio20

Un cuerpo de expertos de las Naciones Unidas expresó su preocupación de que el documento final acordado en la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) no se menciona explícitamente que las empresas deben respetar los derechos humanos.

"Las empresas desempeñan un papel importante en el desarrollo de la economía verde y los derechos humanos las garantías necesarias para asegurar que las políticas y planes de negocios destinados a promover los objetivos ambientales o de desarrollo no lo hacen negativamente impactan a la gente, las comunidades y sus medios de subsistencia", dijo Puvan Selvanathanel, jefe del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales.

"El desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible sólo puede convertirse en una realidad cuando los seres humanos son la preocupación central y sus derechos se hagan realidad y respetado", subrayó el Sr. Selvanathan en un comunicado de prensa.

Los gobiernos tienen que enviar mensajes claros a las empresas sobre el respeto de los derechos humanos mientras el mundo crea una economía verde, el Sr. Selvanathan subrayó, y añadió que debería facilitarles el acceso a recursos eficaces para las personas cuyos derechos han sido afectados por las actividades empresariales.

Más de 40.000 personas, incluidos los parlamentarios, alcaldes, funcionarios de la ONU, jefes ejecutivos y líderes de la sociedad civil asistieron a Río 20 20 a 22 de junio.

En el documento final acordado requiere una amplia gama de acciones. Estos incluyen iniciar el proceso para establecer las metas de desarrollo sostenible; detallar cómo la economía verde puede ser utilizada como una herramienta para lograr el desarrollo sostenible; el fortalecimiento del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA); promover la sostenibilidad empresarial comunicando medidas; adopción de medidas para ir más allá del producto interno bruto para evaluar el bienestar de un país; desarrollo de una estrategia de financiación para el desarrollo sostenible; y la adopción de un marco para la lucha por el consumo y la producción sostenibles.

También se centra en la mejora de la equidad de género, reconociendo la importancia de los compromisos voluntarios sobre el desarrollo sostenible, y subrayando la necesidad de involucrar a la sociedad civil e incorporar la ciencia a la política, entre otros puntos.

El Grupo de Trabajo pidió a los Estados y a las empresas a trabajar conjuntamente, a la sociedad civil y otras partes interesadas, para asegurar que el camino hacia el desarrollo sostenible establecido en Río 20 se lleva a cabo, así como la protección y el respeto a los derechos humanos.

Por su parte, el Comisionado Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque, acogió con satisfacción el compromiso explícito de aplicar progresivamente el derecho a agua potable segura y saneamiento en el documento final de Río +20. Sin embargo, advirtió que la realización progresiva no debe retrasar la plena aplicación.

"La realización progresiva del derecho exige a los Estados a adoptar medidas concretas para su plena realización hasta el máximo de recursos disponibles, incluso mediante la cooperación internacional", dijo la Sra. de Albuquerque. "La realización progresiva no es una excusa para posponer la aplicación, sino que exige medidas inmediatas, así como para el desarrollo de un plan de trabajo para ponerlo en práctica."

La Sra. de Albuquerque reafirmó su compromiso de trabajar con todos los Estados y partes interesadas para madurar el desarrollo sostenible y los objetivos post-2015 de desarrollo de agua y saneamiento que garanticen la igualdad y la no discriminación, así como otras obligaciones de derechos humanos.

"El futuro que queremos está a nuestro alcance - es una cuestión de voluntad, coraje y visión de los gobiernos del mundo", afirmó.

 

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