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El presidente del Colegio de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía (COAMBA), Manuel Barrera, ha señalado que la comunidad autónoma aún no depura un 18 por ciento de sus aguas, según datos de la propia Junta, pese a que la UE exige una depuración total a partir del 22 de diciembre. Barrera ha explicado, en una entrevista con Efe, que el COAMBA se ha visto obligado a presentar un requerimiento oficial a la Junta de Andalucía, en el que le urge a cumplir con los objetivos de la Directiva Marco de Aguas (DMA), en especial, en cuanto a depuración total de las aguas, para lo que quedan sólo cuatro meses.

El 22 de diciembre de 2015 expirará el plazo concedido por la UE para que la Junta de Andalucía garantice un buen estado de las aguas superficiales y subterráneas, objetivo cuyo incumplimiento podría acarrear un expediente de infracción, ha advertido Barrera.

Ha criticado también la "falta de transparencia" con la que, en su opinión, actúa la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en este asunto, pues no facilita información sobre el grado de ejecución de las trescientas obras de saneamiento y depuración que en 2010 fueron declaradas de interés de la comunidad autónoma para poder cumplir el plazo fijado por la Directiva Marco del Agua.

Para ejecutar estas trescientas actuaciones, la Junta anunció en 2010 una inversión de 1.765 millones de euros hasta 2015 que se sufragaría, principalmente, con la recaudación obtenida del canon autonómico que impuso en el recibo del agua a los andaluces.

Pero según los últimos datos, aportados a final del año pasado por la anterior consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, en el Parlamento andaluz, la Junta ha recaudado por este canon desde que lo implantó, en 2010, y hasta final de 2013 solo 133 millones de euros.

El presupuesto de la Junta de Andalucía para 2014 cifró los ingresos por este canon en 64 millones de euros y en el de este ejercicio prevé recaudar más de 123 millones, con lo que la recaudación total desde su implantación será, en el mejor de los casos, de 320 millones de euros, apenas el 18 por ciento de lo anunciado.

El COAMBA demanda que la Junta de Andalucía clarifique la situación de esta recaudación y el estado real de las trescientas obras previstas para alcanzar la depuración total de las aguas. Este colegio profesional también ha pedido que se aclare el estado actual de depuradoras que se consideran oficialmente activas pero que no funcionan o lo hacen parcialmente, dado que algunos municipios no quieren o no pueden asumir el coste de su funcionamiento. Barrera apunta la posibilidad de que, en algunos casos, las instalaciones que se consideran operativas ni siquiera estén en condiciones de funcionar.

En su opinión, la construcción de estas infraestructuras en el plazo previsto no es solo una obligación derivada de la legislación comunitaria, estatal e incluso de la ley de Aguas de Andalucía de 2010, sino que supone también una "oportunidad económica" y laboral", que generaría empleo estable y de calidad para los profesionales, así como riqueza para el segmento de empresas andaluzas dedicadas al saneamiento y depuración de aguas.

Tanto el presidente del COAMBA como el vocal jurídico de este colegio, Joaquín Lozano, han advertido también de la importancia de acometer actuaciones para la reutilización en usos agrarios o urbanos de las aguas residuales correctamente depuradas, asunto de especial relevancia, por ejemplo, en el segmento de campos de golf donde, han advertido, no se pueden reutilizar por falta de las infraestructuras adecuadas.

 

Colegio de Licenciados y Graduados en Ciencias Ambientales de Andalucía.

Fuente: lavanguardia.com 

 

 
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