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El PP aprobó definitivamente el pasado miércoles en el Congreso la reforma de la Ley de Montes. Entre los cambios está la posibilidad de que las autonomías recalifiquen zonas forestales quemadas "cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden". El PSOE ha considerado que así se favorece la "especulación" y el PP ha acusado a la oposición de "confundir a la opinión pública"; recuerda que solo es una salvedad, pero sigue prohibido construir durante 30 años en áreas quemadas.

Las llamas han afectado esta semana a Castellón, Granada, Huesca, Guadalajara, Jaén... En medio de la miríada de incendios forestales que asolan desde hace días la Península, el Congreso ha aprobado, gracias a los votos del PP, que contó con el apoyo de UPyD y UPN, la enmienda que incluye la posibilidad de que las comunidades cambien el uso forestal de las zonas quemadas. El cambio se contempla como "excepcional" y se establece que tendrán que adoptarse "medidas compensatorias" para recuperar "una superficie forestal equivalente a la quemada". Los Gobiernos autónomos solo podrán recalificar esas tierras cuando existan "razones imperiosas de interés público de primer orden". Y se requerirá que, bien los parlamentos autónomos, bien el Congreso, recojan en una ley esas razones de interés público, que no se aclaran ni especifican en la reforma de la Ley de Montes.

Las cortapisas no han convencido a la oposición, que ha criticado mayoritariamente el cambio legal. Laura Seara, diputada del PSOE, ha considerado que se trata de otra "peligrosa ley" de las que el Ejecutivo del PP ha aprobado esta legislatura y que suponen "ataques frontales al medio ambiente". Seara sostuvo que la reforma implica "el caos en el monte".

Pero el diputado popular Manuel Torres ha defendido que lo aprobado no cambia la prohibición genérica de construir en las zonas quemadas durante 30 años. Ese veto se incluyó en la reforma de 2006 de la Ley de Montes, cuando era ministra de Medio Ambiente la socialista Cristina Narbona.

Torres ha reiterado que el cambio legal persigue que un incendio provocado no pueda frenar proyectos "de interés público". Sin embargo, según recuerda Lourdes Hernández, de WWF, en la reforma de 2006 ya se incluyó una cláusula que incluía esa prevención. En la ley de Narbona se preveía que un fuego intencionado no pudiera frenar un proyecto. Pero esa actuación debía estar "aprobada antes del incendio", ha afirmado este miércoles la exministra. Narbona ha recordado que, cuando propuso en 2004 a las comunidades el veto a construir en zonas quemadas durante 30 años, las autonomías del PP ya se mostraron en contra. "Ahora le han dado la vuelta", ha concluido.

Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, ha informado de que se ha pedido a todos los grupos de la oposición un compromiso para que reviertan el cambio si tienen una mayoría suficiente tras las elecciones generales. En su opinión, que sea necesaria una ley estatal o autonómica para consumar la recalificación no es "garantía suficiente" para que no se "abuse" y se acabe "especulando" con los incendios.

La reforma de la Ley de Montes aprobada en el Congreso también ha sido polémica por incluir el trasvase de agua Tajo-Segura para dar cumplimiento a una sentencia del Constitucional. "No era ni el momento ni el lugar, ya que se incumple la tramitación pública del proyecto", se ha quejado Hernández, de WWF.

 

Fuenet: El País.

 

 
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