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La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo abordó hoy dos quejas contra los planes hidrográficos del Ebro y el Alto Guadiana. Ambas peticiones, presentadas por ciudadanos españoles, consideran que estos proyectos incumplen la Directiva Marco del Agua de la UE, que vela porque las aguas de los 28 se encuentren en buen estado. Los eurodiputados han decidido mantener abiertos los dosieres hasta que la Comisión Europea presente su evaluación sobre estos planes, en la que determinará si son acordes a la normativa comunitaria.

 

Preocupación ambiental sobre los planes para el Ebro

La denuncia, presentada en nombre de la Coordinadora Anti-trasvase en 2012, considera que la propuesta de Plan Hidrológico para la cuenca del río Ebro infringe varias normativas europeas, en particular la Directiva marco sobre el agua, la directiva Hábitat y la directiva sobre responsabilidad ambiental. Añade que el plan tendría graves consecuencias para el medio ambiente en la cuenca fluvial e invita a los eurodiputados a realizar una visita de estudio a la zona del Delta del Ebro para conocer la situación sobre el terreno.

Los peticionarios afirmaron ante la comisión que "según la Directiva marco del agua debería haber unos objetivos medioambientales, pero el plan no los fija". "Se ha incumplido (por lo tanto) el derecho comunitario", señaló la oradora, Susana Vella, en nombre de la autora de la propuesta, Matilde Font.

Criticaron que el plan prevé un aumento de 450.000 hectáreas para regadío y la creación de al menos 35 nuevos embalses, al tiempo que denunciaron que el caudal se ha reducido en ciertas zonas de la cuenca. Consideraron, además, que el plan hidrográfico "está totalmente maquillado" y lamentaron que no existan evaluaciones del estado de los puntos claves de la cuenca, especialmente de los espacios protegidos como el Delta, que permitan comprobar a posteriori si se ha producido un deterioro de los mismos.

La Comisión Europea, representada en la reunión por una de sus oficiales, explicó que está finalizando la evaluación de los planes hidrológicos presentados por España y que presentará su informe definitivo antes de finales de marzo de 2015.

Señaló asimismo que el Ejecutivo comunitario está preocupado sobre todo por las "deficiencias en los sistemas de seguimiento del estado de las aguas y en los métodos de evaluación del estado ecológico". Además les inquieta el "número relativamente alto de nuevas infraestructuras que tienen un impacto grande en las masas de agua y no están suficientemente justificados en los planes". La CE trasladó todos estos elementos al Gobierno español en una reunión bilateral celebrada en noviembre.

Los eurodiputados españoles que participaron en la comisión se congratularon por la labor evaluadora de la CE, si bien discreparon sobre la necesidad de enviar una misión del PE.

"Entendemos que se incumplen tres directivas y no se respeta el caudal ecológico. Apoyamos que haya una misión de investigación", afirmó Marina Albiol (GUE/NGL), para quien este plan se basa en poner el agua "al servicio de un modelo económico depredador y necesidades artificiales".

También a favor de esta visita se mostró Ernest Urtasun (Verdes) quien instó a la CE a ser "extremadamente vigilante en el cumplimiento de la ley". En la misma línea Soledad Cabezón (S&D) abogó por preguntar al Gobierno de España "qué medidas ha adoptado tras su reunión con la CE".

Por su parte, Rosa Estarás (PPE) apoyó que se espere a conocer el informe final de la CE y la respuesta de España: "nada de misiones hasta que la CE se pronuncie sobre el cumplimiento. Si dictamina que hay conculcación plantearemos de nuevo el debate", dijo.

"De producirse disconformidades primero deben identificarse y luego darse solución a una de ellas", coincidió su compañera de filas, Esther Herranz.

Beatriz Becerra (ALDE) llamó a "esperar al informe pero urgir al Gobierno a resolver estas cuestiones" señaladas por la CE.

La comisión de Peticiones decidirá en su próxima reunión de coordinadores si finalmente envía una misión de investigación al Ebro.

 

Críticas a la gestión del plan para el Alto Guadiana

Esta denuncia, presentada en nombre de la Asociación Ecologista para la Defensa del Acuífero 23, critica la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana. En concreto, denuncia que se haya disuelto el Consorcio encargado de la Ejecución de este plan.

El peticionario considera que este organismo debería haber funcionado hasta 2015, por lo que su disolución supone una violación de las normas comunitarias. En este sentido, solicita que el desembolso de fondos de la UE esté supeditado a la existencia de un consorcio que gestione el plan hidrológico.

La CE recordó, sin embargo, que la Directiva marco del agua no obliga a los Estados a desarrollar un plan específico de gestión de acuíferos ni a crear una autoridad independiente para ello. Así pues, afirmó, la disolución del consorcio de Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana no infringe esta norma europea.

No obstante, apuntó que en este caso preocupa la sobre abstracción de recursos, especialmente en zonas protegidas como las Tablas de Daimiel. En este sentido, el Ejecutivo llamó al Gobierno español "a establecer controles sobre la cantidad que se extrae y registros sobre la calidad del agua".

Al igual que con el Ebro, el Ejecutivo prevé presentar su evaluación final sobre el plan para el Alto Guadiana a principios de 2015.

La eurodiputadas española Soledad Cabezón (S&D) abogó por mantener la petición abierta hasta conocer el informe "por la importancia de la zona a la que afecta". Rosa Estarás (PPE) se mostró también a favor de esta propuesta.

Marina Albiol (GUE/NLG), por su parte, defendió que el plan no prevé soluciones para siete de las ocho masas de agua del Guadiana están en mal estado y criticó que "los derechos consolidados para regadío triplican los recursos disponibles" por lo que pidió mantener la petición abierta.

 

A la espera del informe de la CE

Estudiadas las peticiones y consultada la Comisión, los eurodiputados decidieron mantener abiertas ambas peticiones hasta conocer la evaluación final que hace el Ejecutivo y si hay o no incumplimientos por parte de España. Por otro lado, en la próxima reunión de coordinadores se decidirá sobre una eventual visita de estudio a la cuenca del Ebro.

 

Antecedentes

La CE llevó a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por los retrasos a la hora de aprobar los planes hidrológicos de cuenca y los programas de medidas para cada demarcación geográfica, tal como se establece en la Directiva Marco del Agua. La corte condenó al país en 2012.

En 2013 el Gobierno español aprobó el Plan Hidrológico de la Demarcación Geográfica del Guadiana y en 2014 hizo lo propio con el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro. La CE prevé publicar su evaluación sobre ambos planes antes de finales de marzo de 2015.

 

Página web de la Comisión de Peticiones

Contacto: Damián CASTAÑO

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  • (32-2) 28 48643 (BXL)
  • (33-3) 881 73479 (STB)
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