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El ambientólogo gijonés Miguel Cañedo-Argüelles lidera, a sus 34 años, un movimiento científico que intenta evitar un desastre medioambiental a escala global: la salinización del agua dulce de ríos y lagos de todo el planeta.

Esa es la razón por la que este ecólogo que estudió Ciencias Ambientales en Salamanca y ahora es investigador post-doctoral en la Universidad de Vic acaba de lanzar un llamamiento en la revista 'Science', la biblia de la Ciencia, en el que reclama leyes internacionales contra la salinización de los ríos. Un fenómeno que amenaza los cursos de agua dulce y que -sorprendentemente o no, porque los intereses económicos en juego son poderosos- no ha sido demasiado estudiado.

En el artículo, firmado por 23 investigadores de ocho países que han conformado una red internacional y «fruto de muchos meses de trabajo», el grupo denuncia que «no está legislado el límite máximo de sal para proteger a la fauna y a la flora de ríos y lagos». Porque, según explica el gijonés, «las normativas de calidad del agua sí regulan la concentración de sales, pero solo con el objetivo de que sea potable y apta para el riego, sin tener en cuenta los daños a la biodiversidad». O lo que es lo mismo: «Animales y plantas desaparecen por exceso de sal. Desde los árboles de las riberas a los peces, los anfibios o los insectos, que son cruciales como alimento y para procesar toda la materia orgánica que cae al río». Sin ellos, adiós ecosistema.

La culpa la tienen actividades humanas como la agricultura o la extracción de gas y carbón. Y algunos de los ejemplos más palmarios son, según el ecólogo, los que se han producido en el delta del Ebro o la comarca barcelonesa del Bages, donde los residuos de las minas de potasa de la empresa Iberpotash han creado montañas de millones de toneladas de sales que suponen un problema de «salud pública», según la UE. Una salinización que afecta al río Llobregat y por la que «se tendrán que pagar grandes indemnizaciones, además de remediarla».

Pero «también los ríos asturianos corren peligro», alerta este investigador con una beca Marie Curie que precisa que, «aunque no haya información de los cauces de la región, eso no significa que el problema no exista, sino que no se ha estudiado». Al contrario: él alberga fundadas sospechas «debido a la gran presencia de minas de carbón abandonadas».

 

Derechos de emisión

«En esos casos, hay rocas con sales expuestas, de manera que, cuando llueve, se disuelven y acaban en los ríos», cuenta. Y pone otro ejemplo: «Es algo muy probable si tenemos en cuenta el caso de Virginia, en Estados Unidos, donde también están teniendo problemas muy graves de salinidad por las minas de carbón y mucho me temo que en Asturias está pasando lo mismo».

Comprobarlo sería tan sencillo, argumenta, «como coger una sonda y comprobar su conductividad, porque un agua con más sales conduce mejor la electricidad, unos datos que debe tener la Confederación Hidrográfica». O lo que es lo mismo: estamos aún a años luz de lo que ha pasado en Australia, «donde ya se han puesto las pilas, porque para ellos es un tema muy serio».

Allí, han puesto en marcha un sistema de comercio de sales similar al que ya existe entre las empresas que emiten CO2, de manera que las compañías tengan un límite de toneladas de sales para verter y, si no llegan a su tope, pueden vender sus derechos de emisión a otras que sí necesitan más margen.

«Siendo realistas, las empresas dan trabajo a mucha gente y, si tú necesitas hacer más vertidos, deberías poder hablar con tu vecino y comprarle su cupo de emisiones. Así, al final, se respetaría la carga límite de sal que pueden soportar los ríos y a la vez se respetarían los intereses económicos», resume el Licenciado en Ciencias Ambientales.

 

Fuente: modificado de ElComercio.es

 

 
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