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Es necesaria una profunda reforma del sector eléctrico y energético en general, pero la aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros no es más que un parche para un problema que no se solucionará sin otro tipo de enfoque. Esta reforma no hace frente a los grandes problemas del mercado eléctrico, como son la enorme dependencia exterior, la incoherencia que supone el déficit de tarifa junto a beneficios similares o superiores de las grandes eléctricas, la falta de incorporación de todos los costes asociados a las diferentes tecnologías, o la progresiva implantación de generación distribuida y autoconsumo, junto con la deseable futura implantación de microrredes inteligentes.

Según Ecologistas en Acción la reforma del sector eléctrico atiende únicamente a parámetros económicos cortoplacistas, pero aún así, la factura seguirá creciendo. Basa la retribución de las actividades reguladas en el principio de la rentabilidad razonable, e indexado a los bonos del tesoro a 10 años, cosa que difícilmente puede garantizar ninguna rentabilidad. Pero además, nada se dice de los costes de generación eléctrica, donde también las empresas deberían atender a esos mismos criterios, ya que influye directamente en la factura. Mientras las grandes empresas de generación de electricidad no disminuyan sus beneficios hasta límites razonables, los consumidores seguiremos pagando precios abusivos destinados a engordar dichos beneficios.

Se incide únicamente en los costes regulados del sistema eléctrico, cuando es la propia estructura del mercado la que hace que los peajes sean insuficientes para cubrir estos costes. Pero el mercado eléctrico está viciado en varios sentidos: incapacidad de adaptación de la demanda mediante su incorporación al mercado, falta de transparencia, un marco regulatorio tremendamente complejo y que atiende a los intereses de las grandes eléctricas, la imputación de costes de generación a costes regulados (por ejemplo, las primas al régimen especial), o la enorme dificultad, cuando no imposibilidad, de acceso al mercado de la mayoría de los consumidores.

Para lograr una sostenibilidad social, medioambiental, pero también económica, a medio y largo plazo, la reforma debería ser muy distinta. Debería incrementarse la autosuficiencia energética, lo que dotaría a la economía del estado, de los municipios y de las personas, de capacidad de disponer de recursos propios, y rebajar una factura de 40.000 millones de € anuales para importar combustibles fósiles. Para ello, y en línea con la sostenibilidad social y medioambiental, es necesario implementar políticas de ahorro y reducción del consumo, de la eficiencia energética, y del fomento de las energías renovables, las únicas autóctonas, de futuro, y de bajo impacto ambiental. Es necesario también la adopción de medidas para el autoconsumo instantáneo y mediante balance neto, así como la potenciación de las microrredes.

Es urgente un plan de cierre de las nucleares, inseguras en la actualidad, y que dejarán una factura incalculable a la sociedad en pocas décadas, así como de las térmicas de carbón, las más contaminantes del sistema. Ninguna de estas instalaciones computan muchos de sus costes asociados, conocidos como externalidades, y que son asumidos por la sociedad en su conjunto.

Para Ecologistas en Acción la factura eléctrica seguirá creciendo, porque los combustibles en los que se basa serán cada vez más caros, y sus impactos sociales y medioambientales también lo serán. El cambio hacia un modelo realmente sostenible es incuestionable, pero tropieza con los intereses de grandes grupos de presión que hoy, el ministro Soria, ha respaldado.

 

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