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El Ministerio de Medio Ambiente presentó el Lunes 3-2-02 a los responsables autonómicos de gestión de agua el borrador del anteproyecto de ley de Seguridad de Presas y Embalses, por el que se incorpora a la legislación española un régimen sancionador en materia de incumplimientos de medidas de seguridad.
Hasta ahora, la normativa que tenía que velar por las 1.629 presas o embalses existentes en España, no contemplaba multa alguna por no respetar, por ejemplo, la obligación de contar con planes de emergencia o ni siquiera solicitar al Estado una clasificación de la instalación.
De hecho, la mitad de las balsas de agua del país no han solicitado a la Dirección General de Obras Hidráulicas su inclusión en una de las tres categorías existentes -A, B o C- y que determina el grado de seguridad exigible.
Precisamente, y junto a las sanciones -que irán de 60.000 a 3 millones de euros-, otra de las novedades de la ley radica en la creación de una Oficina de Inspección, que velará por el cumplimiento de los requisitos de seguridad.
También se creará un registro, en el que se dará cuenta de la fase en la que esté una balsa (proyecto, construcción, llenado o explotación) y se obligará a los responsables de los embalses a pasar una especie de 'ITV' a través de la que se certificará que una instalación respeta la ley.
Por último, la norma, que se llevará a Consejo de Ministros en los próximos meses, crea una tasa para las entidades que deseen inspeccionar las presas. La autorización inicial costará 6.000 euros.