Se ha publicado la Ley 2/2018, de 15 de marzo, que modifica la Ley de Caza de Castilla-La Mancha, una norma que ha supuesto intensas negociaciones entre Gobierno, cazadores y otros colectivos. "La regulación de la caza debe tener como principios básicos su fomento y desarrollo de forma compatible con la conservación del medio natural con el resto de usos que se desarrollen en el mismo", según reza su preámbulo. Diferentes asociaciones muestran su satisfacción porque esta vez sí se ha producido un verdadero proceso participativo, a diferencia de lo ocurrido durante el proceso de aprobación de la ya modificada Ley 3/2015 de Caza de Castilla-La Mancha.
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El objetivo de la nueva ley es "planificar de forma más coherente y ordenada la actividad cinegética" y pretende fomentar la colaboración del propio sector cinegético con el resto de usuarios del medio natural con el Cuerpo de Agentes Medioambientales "en su condición de Agentes de la Autoridad" que tiene, entre otras funciones, "la de policía judicial en sentido genérico". La modificación de esta norma asegura la "compatibilidad" entre la conservación de las aves silvestres y la caza, favorece su ejercicio "en igualdad de oportunidades mediante el fomento de la caza social" y limita las prácticas que pudieran interpretarse como no compatibles con el bienestar animal.
Para facilitar el ejercicio de la caza social se añade a la figura de las zonas colectivas de caza la regulación de la figura de los cotos sociales. La diferencia es que las zonas colectivas de caza tienen limitación de superficie y los cotos sociales no la tienen y que su titularidad solo es de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Además se incorpora la la exención de la tasa de la licencia de caza y pesca a los jubilados mayores de 65 años residentes en Castilla-La Mancha con objeto de facilitar la actividad a los castellano-manchegos con menos recursos.
La norma incorpora la obligatoriedad de que se realice una evaluación ambiental en zonas de caza intensiva que se encuentran en áreas naturales “sensibles”.
Las infracciones también se han adecuado atenuando aquellas menos lesivas y agravando las más perjudiciales para la actividad cinegética. Dentro de la graduación de las sanciones la nueva regulación elimina la posibilidad de que la infracción sea rentable. Además, en las infracciones se ha incluido tanto el transporte como el comercio de huevos de peces o cangrejos sin la autorización expresa de la Consejería competente y se recupera la responsabilidad de los titulares cinegéticos en el uso ilegal de venenos en el medio natural. La reforma incorpora otras novedades como la prohibición del calibre 22 y del lanceo de jabalí, la obligatoriedad de descargar el arma a menos de 50 metros de los no cazadores y la captura prioritaria en vivo de animales asilvestrados, como perros y gatos.
La Plataforma contra la Ley de Caza de Castilla-La Mancha agradece el apoyo y el trabajo de las 40 organizaciones y 117.414 firmas ciudadanas que han llevado a que por primera vez en España se modifique una ley de caza por la demandas de quienes defienden el uso público del medio rural, el bienestar animal, el medio rural y la naturaleza frente a los privilegios y abusos de la caza. Puedes consultar el documento más detallado de balance de la reforma de la Ley de Caza de Castilla-La Mancha.
El esfuerzo de diálogo, debate y oferta de propuestas rigurosas se ha visto recompensado con el equivalente a una nueva ley de caza en la que se recogen buena parte de las demandas de la plataforma. A partir de ahora, en Castilla-La Mancha no podrán multar a nadie por salir al campo y espantar inadvertidamente a la caza. Para capturar un animal doméstico en el medio natural habrán de utilizarse medios incruentos que salvaguarden el bienestar. Será más seguro caminar y se multará a quien ponga obstáculos o impida el paso por las vías de uso público. Los agentes medioambientales tendrán mayor visibilidad en la ley de caza. Dejarán de considerarse modalidades de caza el lanceo o los peligrosos aguardos nocturnos. Se harán más responsables a los titulares de los cotos del uso de veneno o de otras prácticas dañinas para las especies y el medio ambiente. Y se controlarán y se sancionarán mejor las actividades ilegales asociadas a la práctica cinegética.
Fuentes: elDiario.es y Ecologistas en Acción