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La Memoria 2017 de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado detalla las actividades e iniciativas desarrolladas por la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado a lo largo del pasado año 2017. En este artículo se analiza su participación en propuestas legislativas e intervención en la tramitación de procedimientos de naturaleza jurídico ambiental en lo referente a la contaminación de aguas, vertidos, vertederos, distracciones de aguas y supuestos similares, con especial atención a los vertidos de amianto, los altos niveles de toxicidad provocados por las minas de Aznalcóllar y Los Frailes, las desalobradoras instaladas ilegalmente por agricultores del campo de Cartagena o la gestión de vertederos ilegales.

Memoria fiscalia medio ambiente 2017

Contaminación de Aguas

Destaca la Memoria de Sevilla numerosas actuaciones en materia de vertidos y distracciones de agua. Así pone de manifiesto la actuación de la Fiscalía por detección de altos niveles de toxicidad detectados por el SEPRONA durante 2016, en el dominio público hidráulico en la corta de Aznalcóllar, en la corta de Los Frailes y en balsas anejas de recogida de lixiviados. En ellas se depositan sustancias altamente contaminantes que en su día afluyeron masivamente al río Guadiamar desde la mina de Bolidén.

Especial mención merecen las diligencias incoadas en la misma Fiscalía al evidenciarse indicios de que en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de Sevilla (Copero, San Jerónimo, Tablada), que son responsabilidad última de la empresa municipal Emasesa, los efluentes contaminantes podrían afectar gravemente a las aguas públicas, declaradas zonas sensibles, dada la posibilidad de afectar gravemente a la calidad de las aguas del río por el vertido incontrolado de fósforo y nitrógeno totales y concluye que es un problema generalizado que afecta al menos a siete poblaciones.

El Fiscal Delegado de Barcelona hace hincapié en la grave problemática de la contaminación de las aguas subterráneas y superficiales, así como del suelo, debido a la gestión y tratamiento de las deyecciones ganaderas en la comarca de Osona, habiéndose incoado unas Diligencias de Investigación para el esclarecimiento de los hechos. Esa situación, particularmente grave en esa comarca, se presenta también en muchas otras comarcas catalanas y en los últimos años la mancha de esa situación contaminante se ha ido propagando de manera considerable

La Memoria de Valencia reseña la Sentencia de 20 de septiembre de 2017 del Juzgado de lo Penal nº 12 que condenó al Alcalde Presidente y al Concejal Delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Alginet, Valencia, por un delito contra el Medio Ambiente del artículo 325 del Código, Penal a sendas penas de un año y dos meses de prisión y multa de 8 meses con una cuota diaria de 10 €, con relación a los vertidos de la " Urbanización Los Lagos" que carecía de una red de alcantarillado adecuada, cuyos defectos y mala conservación provocaron continuos vertidos con afección al medio natural, siendo de competencia municipal la explotación y el mantenimiento de las redes de alcantarillado. La citada sentencia condenatoria ha sido confirmada por la Audiencia Provincial, en sentencia de 10 de enero de 2018, si bien estima el recurso de la Fiscalía en punto a la Responsabilidad Civil, ya que condena como responsables civiles directos a los dos acusados "a construir el alcantarillado en la Urbanización Los Lagos de Alginet” y declarar responsable civil subsidiario al Ayuntamiento de Alginet.

La Fiscalía de Ciudad Real refiere concretamente los vertidos que, en período de máxima actividad de la campaña de la vendimia del año 2014, se produjeron en las localidades de Membrilla y Manzanares. Las industrias vinícolas de aglomeración urbana han estado incorporando unas cargas contaminantes muy elevadas a su red provenientes de colectores municipales sin previa depuración. Ninguno de los Ayuntamientos ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana informe para autorizar los vertidos industriales y tampoco ha exigido a las industrias que depuren sus residuos previamente a verter sus aguas en los colectores municipales. Dada la ubicación de los vertidos, en la zona próxima al Parque Nacional de la Tablas de Daimiel, se ha puesto en grave peligro el ecosistema del Parque al impedir la vida de los peces en el rio Azuer en su tramo posterior al punto de vertido.

La Memoria de Córdoba reseña una causa, aún en tramitación, en la que se ha podido acreditar la voluntariedad en el vertido por parte de las empresas intervinientes, por la colocación de tubos o por la realización de los vertidos precisamente en días no laborables. Esta causa está próxima a su terminación a falta de la correcta imputación de las personas jurídicas, pues ante la difuminación de participación en las empresas de cierta entidad, por tanto la Imputación de las Personas Jurídicas nos va a permitir cerrar espacios de impunidad. Reseñar, no sólo en Córdoba, sino en toda Andalucía, las causas seguidas por el mal funcionamiento de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales, a raíz de las denuncias presentadas por Ecologistas en Acción.

En lo que se refiere a esta Fiscalía, se cita el Procedimiento Abreviado que se sigue en Baena por denuncia de la Asociación citada y que recoge acciones por ellos observadas para desecar una laguna de Cortijo Viejo en esa ciudad, relleno con tierra y realizar plantación de olivos en el vaso de la laguna. Se trata de una laguna comprendida en el Inventario de Humedales de Andalucía, - propuesta para su inclusión en 2015-, se encuentra pendiente de la confirmación del Auto de Procedimiento Abreviado tras recurso de reforma de la defensa.

La Memoria de Cádiz reporta los diversos incidentes de vertidos acaecidos de forma periódica en el arroyo Chorreón que se han detectado por fuertes olores y abundantes espumas persistentes de color blanco tanto en el arroyo Chorreón como en el río Guadacorte con origen en instalaciones de tratamiento de residuos del paraje Majadal de Bustos. De las investigaciones se deduce que por parte de una de las empresas se ha instalado una red de tuberías y canalizaciones que permite el vertido directo de lixiviados al arroyo a través de dos puntos no autorizados y se ha constituido un depósito ilegal de residuos líquidos por cubitainers sin inertizar, estabilizar ni solidificar.

Vertidos Ilegales de Hidrocarburos y otras Sustancias Peligrosas

Respecto a los vertidos de amianto, Valencia destaca la situación provocada como consecuencia de la crisis y que motivó diversas denuncias en las que se ponía de manifiesto que numerosas naves industriales cuya cubierta era de fibrocemento, habían quedado abandonadas. El supuesto más grave se refiere a las naves de una antigua papelera, ubicada en el Barrio de San Rafael de Buñol, dándose la circunstancia de que la actual propietaria de las parcelas donde se ubicaban las naves era el SAREB. Tras presentar denuncia contra esta mercantil, la misma adoptó medidas para la retirada de las placas de amianto, habiéndose aprobado ya un proyecto, adjudicados los trabajos y obtenidos los pertinentes permisos para la restauración del medio ambiente, habiéndose hecho eco los medios de comunicación de la actuación de la Fiscalia, que ha permitido solucionar el problema para el medio ambiente, con independencia de si finalmente se ejerce acusación.

En esta materia el Fiscal Delegado de Murcia destaca la interposición de denuncia derivada de unas Diligencias de Investigación Penal, ya referida en memorias anteriores, seguidas por la situación de contaminación del Mar Menor debida en gran parte al vertido del rechazo de desalobradoras instaladas ilegalmente por agricultores del campo de Cartagena que extraen agua de pozos ilegales para el riego de sus fincas. El Mar Menor y la situación de su degradación ha sido objeto de otras dos Diligencias de investigación Penal. Unas por actividades extractivas de arena en los canales de Marchamalo y el Estacio en la Manga del Mar Menor, con el propósito de emplearlas en la regeneración de playas, hallándose archivadas por no existir indicios de delito, y las segundas, más genéricas, por las irregularidades en el vertido de arenas para la regeneración de playas del mar menor como consecuencia de los temporales de diciembre de 2016, las cuales se encuentran prorrogadas.

Transporte de residuos peligrosos

La Fiscalía de Castellón refiere las diligencias previas del Juzgado de Instrucción nº 2 de Nules, por delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, incoadas por una denuncia en la que se hacía constar que la misma persona a través de distintas mercantiles realizaba el trasporte de residuos peligrosos (aceites usados) en vehículos no autorizados sin el tratamiento adecuado y con el fin de ser vendidos como combustible. Constatándose tras iniciar la investigación que los vehículos titularidad de las mercantiles inicialmente investigadas se dedicaban a la recogida de aceites usados industriales, disolventes y otros tipos de residuos peligrosos sin portar en sus cisternas los paneles identificativos de trasporte de mercancías peligrosas en aplicación de la normativa ADR, comprobándose el uso continuado de esas cisternas para el reparto del producto denominado FUEL BIA ALTERNATIVO ( FUBIAL) tratándose éste de un hidrocarburo (fuelóleo) producido tras la valorización de Aceites Industriales Usados y como éste se descargaba en plantas de producción de asfalto y plantas de producción de yesos para ser utilizado como combustible en su proceso de producción, producto que una vez analizado se constató que no cumplía las especificaciones de fuelóleos que determina la normativa nacional, conteniendo alguna de las muestras un elevado contenido de PCBs ( 4453,o mg/kg) sustancia ésta cuya utilización y comercialización en España se encuentra prohibida desde el año 1999.

Vertederos, Vertidos y Residuos en General

En relación a la problemática existente en España en relación con la gestión de vertederos ilegales y, concretamente los vertederos ilegales de neumáticos, la Fiscalía de Barcelona indica que el Cuerpo de Agentes Rurales de Catalunya ha descubierto el abandono de grandes cantidades de neumáticos en zonas forestales, con el grave riesgo de incendio forestal o de facilitación de la propagación del mismo. Ello ha motivado la incoación de distintas Diligencias de Investigación a fin de determinar la autoría y valorar la existencia de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Importante destacar las diligencias que se tramitan en el Juzgado de Instrucción 1 de Guadalajara cuyo objeto es el esclarecimiento de unos hechos indiciariamente constitutivos de un delito contra el medio ambiente respecto al transporte de residuos peligrosos y tratamiento de los mismos, de un delito de falsedad documental y otro de estafa.

En relación con este asunto, la Fiscalía de Toledo señala la incoación de unas diligencias, aún en tramitación por su especial complejidad, relativas a una empresa por acopio excesivo de residuos que presuntamente son peligrosos. Destaca la Fiscal la forma de actuar de la Consejería correspondiente, la cual tras adoptar medidas cautelares de suspensión de actividad autorizada y precintar las naves, pretendían que fuera ésta la que decidiera el levantamiento de las medidas cautelares administrativas por ellos adoptadas en el procedimiento sancionador administrativo, trasladando a la Fiscalía la responsabilidad por las consecuencias que de ello pudieran derivarse, informando a la persona sometida a tales medidas que la decisión de su alzamiento correspondía al Fiscal, lo que motivó reiteradas visitas infructuosas del afectado al Fiscal, con la consiguiente pérdida de tiempo para unos y otros. En la tramitación de estas mismas diligencias, se pone igualmente de manifiesto los problemas derivados de que la investigación sea llevada a cabo por Agentes Medio Ambientales, quienes sólo remiten copias de las Actas de Inspección y no atestados, siendo confeccionados estos últimos tras la visita girada por Agentes del SEPRONA, a quienes la Fiscalía encomienda la práctica de diligencias con el fin de avanzar la investigación.

Al igual que en el caso anterior, las diligencias de investigación relativas a los vertidos al arroyo Gansarinos, se encuentran en tramitación a la espera de resultados analíticos, resultando bastante problemáticas al ser variadas las empresas que vierten residuos al mismo, sin relación entre ellas, por lo que determinar la autoría, en su caso, resultará complicado.

Importante la actuación de la Fiscalía de Jaén en relación con los vertederos ilegales de neumáticos, detectando en 2017 dos depósitos de neumáticos fuera de uso que incumplían la normativa medioambiental y que se encontraban en el mismo término municipal. Tras las diligencias practicadas, en uno de ellos, se comprobó que se había procedido a la retirada de dichos neumáticos por el gestor autorizado. Respecto al segundo, se siguen diligencias en trámite a 31 de diciembre de 2017.

La Fiscal de Ourense indica que en 2016 existía un vertedero de neumáticos de grandes dimensiones en el paraje de As Carrelas-Viana do Bolo, en el que se encontraban depositados, aproximadamente, unas 100 toneladas de neumáticos. En la actualidad está clausurado y se han gestionado los neumáticos allí presentes.

En la misma provincia existe un depósito de grandes dimensiones con residuos de diferente índole, entre los que se encuentran vehículos fuera de uso (camiones, cisternas, excavadoras, tractores, turismos…) así como abundante chatarra, aceites y grasas en algunas zonas del suelo que ocupan estos materiales, sin estar pavimentado u hormigonado, para evitar que se produzcan filtraciones al suelo y, se encuentra ubicado en el lugar de la Ermita de San Roque del Concello de Berán, término municipal de Leiro (partido judicial de Ribadavia).

La memoria de Murcia destaca que en 2017 se ofició al Equipo SEPRONA de la Guardia Civil a fin de que identificara y comunicara los supuestos de depósitos o vertederos en situación de ilegalidad que aunque no estén en zona forestal que por la naturaleza de sus residuos, en caso de incendio, puedan provocar importantes daños ambientales como el suceso acecido en Seseña por el incendio de un depósito de neumáticos, habiéndose identificado un depósito de residuos vegetales, en alto estado de sequedad en el polígono industrial “El Volarín”, en el t.m La Unión, cuya gestión corresponde a la mercantil “La Unión, Servicios Municipales S.L”.

Distracciones, Extracciones y Usos Ilegales de Aguas

En este ámbito la Fiscalía de Sevilla destaca la presentación del escrito de acusación ante el Juzgado de Sanlúcar La Mayor, por delitos del art. 325 y 263 del C.P. contra los propietarios de Hato Ratón Viejo, por masivas detracciones ilegales de aguas públicas en la comarca de Doñana, con daños causados al dominio público hidráulico de 1.967.617 euros, a causa de detracciones hechas entre 2008 y 2013, y tras 13 expedientes sancionadores sin efectividad disuasoria alguna. Es un problema tratado en años anteriores que muestra falta de control de la Confederación Hidrográfica del Guadiana respecto a las extracciones ilegales de ese entorno. Existen otras D.P. similares en el mismo Juzgado contra diferentes regantes abusivos, de inminente formulación de la acusación.

Indica la misma Fiscalía la inmediata conclusión de las Diligencias Previas incoadas para la investigación de detracciones ilegales de aguas subterráneas desde 2010 a noviembre de 2013, en la mina Cobre Las Cruces, a cargo de la empresa minera del mismo nombre.

Un año más la Memoria de Ciudad Real refiere el problema de las Tablas de Daimiel. Derivada de la denuncia de la Asociación Ecologista WWWFADENA, poniéndose de manifiesto la existencia de explotaciones agrícolas en la provincia que indiciariamente habían venido realizando extracciones de agua no autorizadas (bien por carecer de concesión por parte del Organismo de Cuenca bien por superar el volumen de agua autorizado en las concesiones) durante los años 2012 a 2015. Se ha formulado denuncia contra aquellas explotaciones y sus titulares cuando indiciariamente se ha podido constatar, sin perjuicio de ulterior depuración jurídica en fase de instrucción judicial, que carecían de concesión y/o teniéndola excedían notable y reiteradamente durante varias anualidades de consumos previsiblemente autorizados. En algunas explotaciones al no disponer de contadores homologados, para determinar el consumo de agua se ha tenido en cuenta los datos proporcionados por el Servicio Integral de Asesoramiento al Regante (SIAR), pericialmente considerados de máxima fiabilidad. Tales extracciones de agua indiciariamente pueden comportar una situación de grave incidencia en el equilibrio de los sistemas naturales dado que se agrava la situación de sobreexplotación de la Unidad Hidrológica 0.40.4 Mancha Occidental (Acuífero 23) y contribuye a la regresión de ecosistemas y especies asociados como es el Parque Nacional Tablas de Daimiel. Como resultado favorable y novedoso para la Fiscalía hay que destacar que en este año se han dictado dos sentencias condenatorias por conformidad de los penados en materia de extracciones ilegales de aguas aplicando el tipo previsto en el art. 325 CP.

Murcia por su parte, destaca que, en los casos de las defraudaciones de agua en acuíferos, también llamadas “usurpación de aguas” o “sustracción de aguas”, se sigue la tendencia del año anterior en que fueron reducidas notablemente. La razón de ello, tal y como ya se apuntaba en la memoria anterior, se ha de buscar en que tradicionalmente se remitían expedientes sancionadores cuando se detectaba un exceso en la autorización concedida (abuso del derecho) o el riego en una finca que no contaba con autorización no siendo ello suficiente para acreditar el delito pues, en la gran mayoría de los supuestos, se trataba de cesiones de agua sin autorización administrativa pero no clandestinas al realizarse con pleno conocimiento y de acuerdo con el cesionario de los derechos de riego, interesando a la CHS que, en estos casos, no remitan los expedientes salvo que quede constancia del origen clandestino del agua utilizada.

Bloques de Cemento

La Memoria de la Fiscalia de Cádiz indica que se encuentran en tramitación unas diligencias relativas a la colocación de bloques en la Bahía de Algeciras en julio de 2013. El espacio afectado fue propuesto como Lugar de Importancia Comunitaria (en adelante, LIC) en 2007 para ser declarado en 2012 Zona de Especial Conservación. El objetivo de la declaración de la ZEC española es salvaguardar la riqueza biológica de esta área marítima que constituye un paso estratégico para especies de cetáceos y aves marinas. Hay autores que también apuntan a un componente peculiar, resultando ser el intento de blindar las aguas que rodean al peñón para preservarlas de agresiones y ataques contra su valor ambiental sin olvidar el trasunto político y comercial. La zona, reviste especial importancia para la conservación del delfín mular (tursiops truncatus) en el Mediterraneo Sur, así como las poblaciones de tortuga boba (Caretta Caretta) y las de lapa ferrugínea (Patella ferruginea)

 

Lee el texto completo correspondiente a las secciones de Contaminación de Aguas, Vertidos, Vertederos, Distracciones de Aguas y Supuestos Similares en la Memoria 2017 de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo, páginas 63 a 70.

 

 
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