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La Orden PRA/1080/2017 tiene por objeto modificar el anexo I del Real Decreto 9/2005 para su oportuna actualización. El régimen jurídico de los suelos contaminados en España se define en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, cuyo título V versa sobre los suelos contaminados, y se completa con el citado Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, que rige la gestión de los suelos contaminados.

En el anexo I del Real Decreto 9/2005 se establece una relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo, con indicación del epígrafe de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) en las que éstas se encuadran. Se considera que serán actividades potencialmente contaminantes del suelo aquellas de tipo industrial o comercial en las que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas, ya sea por la generación de residuos, puedan llegar a contaminar el suelo.

La modificación que introduce la Orden PRA/1080/2017 tiene un doble propósito. Por una parte, pretende ajustar el listado de actividades potencialmente contaminantes del suelo a la nueva clasificación que establece el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009), en sustitución de la antigua del año 2003 –CNAE-93 rev. 1–. Por otro lado, la experiencia acumulada tras una década de aplicación de esta normativa aconseja actualizar las actividades consideradas como potencialmente contaminantes del suelo.

Con la nueva redacción de este anexo se incrementará la efectividad de los recursos dedicados por las comunidades autónomas a la gestión de suelos contaminados ya que podrán focalizar los esfuerzos de control en aquellos casos realmente merecedores de atención. Todo ello sin merma para la protección del medio ambiente y la salud de las personas.

 

Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

 


 
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