Nueva Legislacion y Normativa Ambiental en España

El impuesto compensatorio ambiental minero (ICAM), tributo propio de la Comunidad Autónoma de Galicia, de carácter ambiental, fue introducido por la Ley 12/2014 de medidas fiscales y administrativas. Este impuesto está orientado a compensar las externalidades negativas generadas por las actividades de extracción, explotación y almacenamiento de minerales metálicos industriales y metales preciosos. La presente Orden de 18 de diciembre de 2017 tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable al cumplimiento de las obligaciones tributarias concernientes al ICAM.

Mediante la Decisión de Ejecución 2017/2334, la fecha de expiración de la aprobación de la creosota para su uso en biocidas del tipo de producto 8 se retrasa al 31 de octubre de 2020. El tipo de producto 8 incluye protectores para maderas o productos derivados de la madera, mediante el control de los organismos que destruyen o alteran la madera, incluidos los insectos. Recordemos que la creosota es una sustancia persistente, bioacumulable y tóxica, y está clasificada como carcinógeno.

El presente Real Decreto 1042/2017, de 22 de diciembre, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de combustión medianas transpone la Directiva (UE) 2015/2193 del mismo nombre, y además actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

El Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2326, de 14 de diciembre de 2017, autoriza el uso de la imiprotrina como sustancia activa existente en biocidas del tipo de producto 18, es decir, aquellos productos empleados para el control de los artrópodos (por ejemplo, insectos, arácnidos y crustáceos), por medios distintos de la repulsión o la atracción. El Reglamento Delegado (UE) 1062/2014 establece una lista de las sustancias activas existentes que deben evaluarse para la posible aprobación de su uso en biocidas. En esa lista figuraba la sustancia imiprotrina.

En diciembre de 2015 de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPIER) interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 900/2015 por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. En el artículo "El derecho de autoconsumo eléctrico versus el impuesto al sol”, su autora realiza una valoración dicha sentencia.

El glifosato se incluyó como sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE del Consejo. Las sustancias activas incluidas en este anexo se consideran aprobadas, pero la aprobación de esta sustancia expiraba el 15 de diciembre de 2017. Se presentó una solicitud para renovar la inclusión de la sustancia activa glifosato en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, procediendo, tras múltiples informes, a la renovación de la aprobación del glifosato por un período de cinco años.

El presente Real Decreto 999/2017 modifica el Real Decreto 506/2013 sobre productos fertilizantes, el cual establece la normativa básica en materia de productos fertilizantes, no considerados como abonos CE y las normas necesarias de coordinación con las comunidades autónomas. Principalmente, la modificación viene dada por contemplar los aspectos relacionados con microorganismos que pueden formar parte de un fertilizante.

La Orden de 13 de diciembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento de la Región de Murcia, aprueba la Instrucción sobre el régimen de autorización excepcional de edificación y usos del suelo por interés público regulado en la LOTURM, que faculta al Consejero competente en materia de ordenación territorial o en materia de urbanismo para dictar instrucciones interpretativas de las disposiciones normativas e instrumentos relacionados con la materia, previo informe de los órganos consultivos y de participación previstos en la Ley.

Mediante la presente Orden de ETU/1185/2017 se traspone parcialmente al Derecho español la Directiva 2013/59/Euratom, en lo relativo a la desclasificación de los materiales residuales sólidos generados en instalaciones nucleares. Se sustituye de este modo el anterior sistema de autorización administrativa caso por caso por un modelo en el que se permite a los propios titulares de las instalaciones llevar a cabo la desclasificación de los materiales residuales, atendiendo a los niveles establecidos en el anexo I de la orden.

El MAPAMA ha abierto la consulta pública del proyecto de Real Decreto por el que se aprueban las Directrices para la caracterización del material dragado y su reubicación en aguas del dominio público marítimo-terrestre. La aprobación de estas Directrices como real decreto está incluida en las Estrategias Marinas de España como una de las medidas nuevas a aplicar. El plazo para efectuar observaciones será de dos meses.

La presente Decisión de Ejecución 2017/2117 de la CE adopta las conclusiones sobre las mejores técnicas disponibles (MTD) en la industria química orgánica de gran volumen de producción que figuran en su anexo, ajustándose en todo momento a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación).

Las ONG podrán ser parte en procedimientos administrativos sancionadores, ampliando así el acceso a la justicia ambiental y la participación pública. La jurisprudencia la crea el fallo del Tribunal Supremo a favor de Oceana, que podrá personarse en expedientes sancionadores.

Las empresas estarán obligadas a reportar informes no financieros, en virtud del Real Decreto-ley en Materia de Divulgación de Información no Financiera, recién aprobado por el Consejo de Ministros. La nueva norma traspone al marco jurídico español la Directiva 2014/95/UE, de divulgación no financiera y diversidad.

La Orden PRA/1080/2017 tiene por objeto modificar el anexo I del Real Decreto 9/2005 para su oportuna actualización. El régimen jurídico de los suelos contaminados en España se define en la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados, cuyo título V versa sobre los suelos contaminados, y se completa con el citado Real Decreto 9/2005, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, que rige la gestión de los suelos contaminados.

Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2.