Nueva Legislacion y Normativa Ambiental en España

El Real Decreto 617/2017 tiene por objeto regular las bases para la concesión directa de ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos, de gas licuado del petróleo (GLP/ Autogás), de gas natural comprimido (GNC) y licuado (GNL), vehículos que se propulsen con pila de combustible y motocicletas eléctricas, fomentando con ello la sostenibilidad en el sector del transporte, la disminución de las emisiones de contaminantes y la mejora de calidad del aire, así como la diversificación de las fuentes energéticas en el transporte y la consiguiente reducción de la dependencia energética del petróleo.

Una de las sustancias más peligrosas para el medio ambiente y la salud humana y, sin embargo, más presente en la actualidad es el mercurio. Pescados y mariscos, electrodomésticos, pilas o baterías e incluso un gran número de productos farmacéuticos y cosméticos son sólo un pequeño ejemplo de todo el mercurio que nos rodea en nuestra vida diaria y en el medio ambiente. Su alta toxicidad ha preocupado desde hace tiempo a la Unión Europea. Producto de esa inquietud es el presente Reglamento 2017/852, el cual supone un gran esfuerzo por ésta y sus Estados miembros de empezar a atajar el problema eficazmente.

El Reglamento aprobado por el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, tiene por objeto la determinación de las condiciones y los requisitos exigibles al diseño, instalación/aplicación, mantenimiento e inspección de los equipos, sistemas y componentes que conforman las instalaciones de protección activa contra incendios.

El nuevo marco en materia de clima y energía establece el objetivo de la UE de al menos un 27% de cuota de energías renovables en el consumo de la UE en 2030. Una ambiciosa meta que pretende que la UE se convierta en líder mundial en el sector de las energías renovables y una de las prioridades políticas fundamentales de la Comisión. La nueva Propuesta de Directiva sobre fuentes de energía renovables pretende que los Estados miembros combinen sus medidas nacionales y cuenten con el respaldo de un marco regulador.

La Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión establece los criterios y normas metodológicas que deberán utilizar los Estados miembros para la definición de un conjunto de características que correspondan a un buen estado medioambiental de las aguas marinas, las especificaciones y los métodos normalizados de seguimiento y evaluación, un calendario para el establecimiento de valores umbral, listas de elementos de los criterios y normas metodológicas, y un requisito de notificación de los elementos de los criterios, valores umbral y normas metodológicas.

El Tribunal de Justicia europeo se ha pronunciado sobre un litigio entre la empresa municipal de gestión de residuos croata y un usuario que aceptaba pagar determinadas prestaciones del servicio público (recogida y eliminación) pero cuestionaba otras (recogida separada, reciclado, vertido ilícito en el medio ambiente e inversiones destinadas al reciclado). El juez nacional plantea la cuestión prejudicial en el seno de que tenía dudas sobre la compatibilidad de determinados criterios de financiación establecidos en la legislación interna, aplicados en el caso, basados en el volumen del contenedor en lugar del peso de los residuos recogidos y el abono de una tasa destinada a financiar las inversiones necesarias para tratar los residuos.

Así lo especifica la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2017, que declara el incumplimiento del Reino de España de la Directiva 2008/98, sobre los residuos (arts. 13 y 15.1), por no adoptar medidas frente a 61 vertederos ilegales. La condena trae causa del procedimiento de infracción iniciado por la Comisión hace más de diez años por los vertederos ilegales existentes en nuestro país. El primer dictamen motivado (2008) se refería a unos 250 vertederos ilegales; y, el dictamen complementario (2014) a la falta de sellado y regeneración de 63 de aquéllos. La Comisión presentó demanda ante el Tribunal de Justicia al no haberse realizado dichas operaciones respecto de 61 vertederos en el plazo fijado (noviembre de 2014).

El Real Decreto 363/2017 establece un marco para la ordenación del espacio marítimo, y tiene por objeto fomentar el crecimiento sostenible de las economías marítimas, el desarrollo sostenible de los espacios marinos y el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos. Se trata de la transposición de la Directiva 2014/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, del mismo ámbito.

La Comunidad de Madrid acaba de hacer pública vía su Boletín Oficial lo que los ambientólogos y ambientólogas madrileños llevaban tiempo esperando: la Ley 3/2017, de 9 de marzo, de Creación del Colegio Profesional de Ambientólogos de la Comunidad de Madrid.

El examen de este Real Decreto 124/2017 debe conectarse con el Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de su utilización, del que España es Parte Contratante desde su ratificación el 3 de junio de 2014. Este Protocolo señala que de conformidad con la legislación nacional, el acceso a los recursos genéticos para su utilización estará sujeto al consentimiento previo informado y al establecimiento de las condiciones mutuamente acordadas. Exige, además, a los usuarios de recursos genéticos, en los países donde se haya regulado su acceso, la obtención de un permiso o autorización que acredite que el acceso a esos recursos se ha producido de conformidad con la legislación nacional del país proveedor.

En julio de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta de Reglamento sobre las reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los Estados miembros junto con otra sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura, lo que denominó propuesta UTCUTS, todo en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030.

En estos últimos años hemos visto un intenso conflicto competencial entre las administraciones central y autonómica, para ver quien asumía la competencia final en materia de planeamiento urbanístico. Se trataba de decidir sobre el alcance del informe de la Confederación Hidrográfica sobre suficiencia de recursos hídricos y si éste vinculaba a la administración que debía aprobar definitivamente el plan. Ante la falta de acuerdo entre las administraciones, ha tenido que ser el Tribunal Supremo el encargado de poner orden, anulando judicialmente más de 90 planes de urbanismo por no justificar la disponibilidad de recursos hídricos. Y ha fijado una doctrina jurisprudencial que asegura que no puedan aprobarse planes de urbanismo si no tienen totalmente garantizados los recursos hídricos.

La Sala examina el recurso de apelación interpuesto por una mercantil contra un auto de un Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Madrid, recaído en una pieza de medidas cautelares. En concreto, el auto recurrido había desestimado la petición de suspensión cautelar de una Resolución del ayuntamiento de Arganda del rey (Comunidad de Madrid) que ordenaban la suspensión inmediata del uso y precinto de los “digestores de la planta de tratamiento de residuos, así como la zona de almacenamiento de la materia prima a la intemperie” perteneciente a una fábrica de grasas y aceites animales.

Cuatro decretos, resoluciones y acuerdos se aprobaron a lo largo del mes de marzo concernientes a los espacios naturales protegidos. Se declararon Zonas Especiales de Conservación, o Zonas de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000 en Madrid, Euskadi, Murcia y Baleares.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que la empresa Sana, S.L., explotadora del vertedero de residuos sólidos de Jumilla, presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia que la obligó al sellado del mismo y a la restauración ambiental.