Nueva Legislacion y Normativa Ambiental en España

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legislacion medioambientalLas más importantes referencias en legislación medioambiental española y europea actualizadas, como son las leyes en materia de impacto ambiental y de evaluación ambiental, reales decretos sobre residuos y contaminación de agua y atmósfera, sin olvidarnos de cualquier otra norma comunitaria europea o de ámbito autonómico y local que sea innovadora y de interés general para el sector ambiental.

Nuevas Leyes, Reales Decretos, Directivas, etc. de Medio Ambiente:

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La Ley 30/2014 de Parques Nacionales tiene por objeto establecer el régimen jurídico básico para asegurar la conservación de los parques nacionales y de la Red que forman, así como los diferentes instrumentos de coordinación y colaboración.

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Este real decreto-ley se justifica por la extraordinaria y urgente necesidad de atender a la compleja situación técnica existente en la instalación de almacenamiento subterráneo de gas natural «Castor», situado en el subsuelo del mar a 21 km aproximadamente de la costa, especialmente tras la renuncia a la concesión presentada por su titular.

Tags: La Rioja
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La aprobación y puesta en práctica de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, ha puesto de relieve la necesidad de revisar y adaptar la normativa autonómica existente, el Decreto 4/2006, de 17 de enero, regulador de las actividades de producción y gestión de residuos, a las nuevas figuras que se crean mediante la Ley citada, lo que también implica la modificación del registro de actividades de producción y gestión de residuos.

Tags: Murcia
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Las diversas medidas para el uso sostenible de productos fitosanitarios en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia versan sobre la acreditación de la condición de asesor, de formación para la capacitación exigida para actuar como usuario profesional o vendedor, del seguimiento de aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios y sobre la gestión del Registro Oficial de Productores y Operadores.

Tags: Zaragoza
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El presente decreto tiene como objeto la aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural del Moncayo, que figura en el anexo, como instrumento básico de planificación del Parque Natural. El período de vigencia será de diez años, transcurrido el cual se prorrogará automáticamente; todo ello sin perjuicio de otras disposiciones legales que fuesen de aplicación.

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Mediante esta Directiva 2014/94/UE, el Parlamento Europeo y el Consejo fija un marco común de medidas para la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos en la Unión con el fin de minimizar la dependencia de los transportes respecto del petróleo y mitigar el impacto medioambiental del transporte. Así, establece requisitos mínimos para la creación de una infraestructura para los combustibles alternativos, incluyendo puntos de recarga para vehículos eléctricos y puntos de repostaje de gas natural y de hidrógeno, que se habrán de aplicar mediante los marcos de acción nacionales, así como mediante las especificaciones técnicas comunes sobre dichos puntos de recarga y de repostaje, y los requisitos de información a los usuarios.

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El objeto de esta Orden es aprobar los modelos oficiales de solicitud de autorización y de declaración general y simplificada de vertidos que figuran en los anexos II y III de esta orden, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 246 y 253 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, que serán exigibles para todas las solicitudes de autorización de vertido que se presenten, en las cuencas hidrográficas que excedan del ámbito territorial de una sola Comunidad Autónoma, a partir de la fecha de entrada en vigor de esta orden ministerial.

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Esta Directiva 2014/99/UE modifica la anterior Directiva 2009/126/CE en su artículo 4, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente: Los Estados miembros garantizarán, con efectos a partir de la fecha en que los sistemas de recuperación de vapores de gasolina de la fase II sean obligatorios con arreglo al artículo 3, que la eficiencia de la captura de vapores de la gasolina sea igual o superior al 85 %, como certifique el fabricante con arreglo a la norma EN 16321-1:2013.»

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Este real decreto tiene por objeto establecer el marco jurídico regulador de los buques de recreo, definidos en el artículo 3 de este real decreto e incluidos en su ámbito de aplicación y aprobar las normas técnicas de seguridad y de prevención de la contaminación que figuran como anexo a este real decreto. En concreto, en el último capítulo del decreto, referente a la Prevención de la contaminación se recogen los requisitos que deben cumplir los buques de recreo. Estos no serán contrarios a otra legislación que le sea aplicable al buque.

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Esta orden tiene por objeto aprobar el Plan Marítimo Nacional a que se refiere el apartado 1.a) del artículo 3 del Sistema Nacional de Respuesta ante un suceso de contaminación marina, aprobado por Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, y establecer las estructuras de respuesta, los procedimientos operativos y los medios materiales y humanos precisos para dar respuesta a cualquier suceso de contaminación marina, así como todos los demás aspectos que deben integrar su contenido mínimo y de acuerdo con el apartado 1 del artículo 5 del citado Sistema Nacional de Respuesta.

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La aprobación de una serie de normas en las que se encuentran las bases de una nueva regulación de los mecanismos de intervención administrativa ambiental ha contribuido a plantearse la modificación de la ley de la Generalitat Valenciana 27/2006, de 5 de mayo, de prevención de la Contaminación y Calidad ambiental. La presente ley configura un sistema de intervención integral, coordinando la integración de los trámites de los dos principales sistemas de intervención administrativa para prevenir y reducir en origen la contaminación: la autorización ambiental integrada y la evaluación de impacto ambiental, y recaen sobre las actividades productivas que tienen un potencial de incidencia ambiental elevado.

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En virtud de la Directiva 2014/87/Euratom del Consejo de 8 de julio de 2014 se ha procedido a la modificación de la Directiva 2009/71/Euratom por la que se establece un marco comunitario para la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. Ésta impone a los Estados miembros la obligación de establecer y mantener un marco nacional de seguridad nuclear. Dicha directiva refleja las disposiciones del principal instrumento internacional en materia de seguridad nuclear, a saber, la Convención sobre Seguridad Nuclear y los Fundamentos de seguridad del Organismo Internacional de Energía Atómica. La Directiva se ha visto ampliamente modificada, imponiendo un régimen de seguridad más estricto, motivado por el reciente accidente de Fukushima.

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Por medio del Reglamento de 2008 concretos Estados o zonas de Estados miembros fueron reconocidos como zonas protegidas con respecto a determinados organismos nocivos. En algunos casos, dicho reconocimiento se concedió por un período de tiempo limitado a fin de que los Estados miembros afectado pudieran presentar la información completa necesaria para demostrar que el organismo nocivo en cuestión no estaba presente en el Estado miembro o en la zona afectada o para completar los esfuerzos de erradicación del mismo.

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Se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural del Tajo Internacional, integrado por la parte dispositiva, el Mapa de límites y Zonificación y el Estudio de Caracterización del Parque Natural del Tajo Internacional, que se contienen en los Anexos I, II y III respectivamente del presente decreto.

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Se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire con el fin de incorporar un valor límite ambiental de exposición diaria para el sulfuro de carbono. El sulfuro de carbono es un contaminante característico de actividades industriales muy concretas sometidas a autorizaciones ambientales, en las que se establecen valores límite de emisión y, en ocasiones, objetivos de calidad del aire ambiente. El control del cumplimiento de estos valores límite y objetivos de calidad debe realizarse con la mayor fiabilidad posible por la autoridad ambiental competente.

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En esta ocasión se procede a la modificación del anexo II de la Directiva relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro; modificaciones consistentes en una serie de adaptaciones técnicas. Así, es modificado el punto tercero de la parte A del anexo; en el punto primero de la Parte B se añaden las entradas referidas a nitritos y a fósforo; y, se sustituye en su totalidad la Parte C referida a la información que deben facilitar los Estados miembros en relación con los contaminantes y sus indicadores para los que se hayan estableció valores umbral.

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La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente es el órgano consultivo y de colaboración entre las Administraciones del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas para la coordinación de sus políticas y actuaciones medioambientales. El pasado junio la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó la Estrategia Española de Conservación Vegetal 2014-2020, derivada del compromiso de España con la Estrategia Global de Conservación de Plantas, como Parte Contratante al Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica.

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De acuerdo con lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, se aprueban las cuantías de la tasa por suministro de la información ambiental para la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos, que son las que figuran en el anexo I de esta norma.

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La Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico al que se someten las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley en función de su potencial incidencia ambientalEsta Ley es aplicable a las actividades, que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, incluidas en las categorías enumeradas en los anexos I y II y que, en su caso, alcancen los umbrales de capacidad establecidos en los mismos, con las excepciones que contemple la normativa básica estatal, que quedan sometidas respectivamente, a autorización ambiental integrada y a licencia ambiental.

 
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