Nueva Legislacion y Normativa Ambiental en España

Mediante diversos Reales Decretos aprobados el 2 de febrero, se aprueban las servidumbres aeronáuticas acústicas, el mapa de ruido y el plan de acción de los Aeropuertos de Sevilla, Valencia, Bilbao e Ibiza.

El Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado el Decreto nº 11/2018, de 14 de febrero, que regula la actividad del turismo activo en la citada comunidad. El texto tiene como objetivo incrementar el nivel y las garantías de seguridad en la práctica de esta modalidad turística en crecimiento, que ha de ser compatible con la conservación del medio natural y el patrimonio cultural, promoviendo entre sus clientes actitudes favorables a su preservación.

Se ha aprobado el Decreto n.º 6/2018, de 31 de enero, del Consejo de Gobierno murciano que determinará la subvención por concesión directa para la recogida de residuos sólidos marinos por parte de los pescadores enrolados en barcos de la modalidad de arrastre con puerto base en la Región de Murcia pertenecientes a las cofradías integradas en la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores. La peculiar naturaleza de las actuaciones a desarrollar obliga a que sean los propios tripulantes de las embarcaciones de arrastre los que las lleven a efecto, teniendo en cuenta la experiencia satisfactoria acumulada por los mismos en dicho campo de acción desde el año 1996.

El Gobierno ha sometido a consulta pública el proyecto de orden ministerial por la que se establecen los criterios para determinar cuándo los residuos de material polimérico que puedan utilizarse directamente para la producción de film agrícola para ensilaje, se consideran subproductos con arreglo a la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.

La ponderación entre el interés económico de las explotaciones mineras y la protección del medio ambiente se concreta, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, en la necesidad de que cualquier prohibición de las actividades mineras sea motivada en cada caso, sin que pueda tener un carácter genérico. Las restricciones operan de forma diferente en los distintos tipos de espacios protegidos, y basculan entre la prohibición absoluta de las actividades mineras en los Parques Nacionales al régimen singular aplicable a los espacios que integran la Red Natura 2000. En este artículo se expone cuál es la regulación legal y la jurisprudencia en materia de prohibiciones o restricciones de las actividades mineras en España.

El Gobierno ha sometido a consulta pública el proyecto de orden ministerial por la que se establecen los criterios para determinar cuándo los ésteres metílicos de ácidos grasos (biodiésel), producidos a partir de aceites de cocina usados o de grasas animales para su uso como biocarburante en automoción o como biocombustible en equipos de calefacción, dejan de ser residuos con arreglo a la Ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.

La consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca somete a trámite de información pública el Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados de las Islas Baleares. Esta ley pretende ordenar el régimen de prevención en la producción y gestión de los residuos y la regulación de los suelos contaminados en el ámbito territorial de las Islas Baleares en el marco de la legislación básica estatal y de la legislación comunitaria. El proceso de información pública está abierto hasta el día 2 de marzo de 2018.

Se somete a información pública el proyecto de Real Decreto que tiene por objeto establecer los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas de las actividades sujetas a su ámbito de aplicación, así como regular el contenido y procedimiento de emisión del informe de compatibilidad con las estrategias marinas.

El gobierno presentó su Plan Anual Normativo para este 2018, que recoge, entre otras cosas, las nuevas propuestas normativas originadas por la transposición de directivas europeas. Hemos hecho una recopilación de las principales propuestas en materia de medioambiente en una tabla donde aparecen también las directivas que incorporan, así como la fecha límite de transposición al derecho de cada estado miembro.

Mediante el Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, el Gobierno crea la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, cuya finalidad es conseguir que la contratación pública ecológica sea una herramienta eficaz para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles. La Comisión garantizará la coordinación entre los entes públicos, tendrá representación de cada uno de los departamentos ministeriales y estará adscrita al MAPAMA.

El Gobierno somete al trámite de información pública el texto del Proyecto de Orden por la que se aprueba la instrucción técnica para la elaboración de los planes especiales de sequía y la definición del sistema global de indicadores de sequía prolongada y escasez. Puedes efectuar comentarios y alegaciones a la aprobación del texto hasta el 28 de febrero de 2018.

Hasta el próximo 5 de marzo está sometido al trámite de información pública el texto del Proyecto de Real Decreto por el que se regula la composición, estructura orgánica y funcionamiento del Consejo Nacional del Agua y se modifican varias normas reglamentarias que establecen la misma regulación para los Consejos del Agua de la Demarcación y los Comités de Autoridades Competentes.

Se ha abierto el periodo de consulta pública previa sobre el Proyecto de Orden Ministerial por la que se modifica el anexo del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. La fecha de finalización del periodo de información pública es el próximo 31 de enero de 2018.

La Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de cooperación y desarrollo sostenible tiene por objeto establecer y regular el régimen jurídico al cual se ha de ajustar la actividad de la administración de la Generalitat y de su sector público dependiente en materia de cooperación internacional al desarrollo y de solidaridad internacional y del cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El impuesto compensatorio ambiental minero (ICAM), tributo propio de la Comunidad Autónoma de Galicia, de carácter ambiental, fue introducido por la Ley 12/2014 de medidas fiscales y administrativas. Este impuesto está orientado a compensar las externalidades negativas generadas por las actividades de extracción, explotación y almacenamiento de minerales metálicos industriales y metales preciosos. La presente Orden de 18 de diciembre de 2017 tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable al cumplimiento de las obligaciones tributarias concernientes al ICAM.