Nueva Legislacion y Normativa Ambiental en España

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legislacion medioambientalLas más importantes referencias en legislación medioambiental española y europea actualizadas, como son las leyes en materia de impacto ambiental y de evaluación ambiental, reales decretos sobre residuos y contaminación de agua y atmósfera, sin olvidarnos de cualquier otra norma comunitaria europea o de ámbito autonómico y local que sea innovadora y de interés general para el sector ambiental.

Nuevas Leyes, Reales Decretos, Directivas, etc. de Medio Ambiente:

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Constituye el objeto de este Real Decreto 102/2014 la regulación de la gestión responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos cuando procedan de actividades civiles, en todas sus etapas, desde la generación hasta el almacenamiento definitivo, con el fin de evitar imponer a las futuras generaciones cargas indebidas, así como la regulación de algunos aspectos relativos a la financiación de estas actividades, dando cumplimiento al marco comunitario.

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El Plan de Impulso al Medio Ambiente «PIMA Aire», que forma parte de una estrategia más amplia, diseñada y puesta en marcha por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, tiene por objetivo reducir de forma significativa las emisiones de contaminantes atmosféricos, principalmente partículas, así como las emisiones de CO2 mediante la renovación del parque actual de vehículos por modelos más eficientes y de menor impacto ambiental disponibles en el mercado español.

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El Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, ha delimitado la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Consecuentemente, la Confederación Hidrográfica del Ebro ha elaborado este Plan Hidrológico lo que supone la derogación del anterior Plan Hidrológico de cuenca del Ebro aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los planes hidrológicos de cuenca, derogación que se extiende también a las determinaciones de contenido normativo de este Plan que fue objeto de publicación por la Orden de 13 de agosto de 1999.

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Desde la entrada en vigor del Real Decreto 551/2006 se han producido diversas modificaciones en esta materia en la normativa comunitaria e internacional. Por una lado, el Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), directamente aplicable al transporte interno, ha sido objeto de numerosas modificaciones entre las que es de destacar la relativa a la designación y a la cualificación profesional de consejeros de seguridad para el transporte por carretera, por ferrocarril o por vía navegable de mercancías peligrosas...

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El aprovechamiento energético de la biomasa forestal y agrícola tiene que ser una de las líneas estratégicas prioritarias del Gobierno de la Generalidad de Cataluña por los importantes beneficios ambientales, energéticos, y socioeconómicos que comporta. El Plan de la Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020 (PECAC 2020), aprobado por el Gobierno el mes de octubre de 2012, hace una apuesta decidida por el aprovechamiento energético de la biomasa forestal, proponiendo una estrategia singular específica en este ámbito, que incluye una serie de propuestas concretas de actuaciones. Por estos motivos, el Gobierno de la Generalidad de Cataluña ha decidido aprobar una Estrategia para promover el aprovechamiento energético de la biomasa forestal y agrícola.

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El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Parques Nacionales, con el que se garantiza la adecuada conservación de estos espacios que cuentan con la máxima protección medioambiental en España, y se refuerza la coordinación y la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, encargadas de su gestión.

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Se procede a la adopción de un Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente (en lo sucesivo, «VII Programa de Medio Ambiente» o «VII PMA»), tal como se establece en el anexo de la Decisión, para el período que finaliza el 31 de diciembre de 2020.

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La superficie cinegética de Galicia comprende más del 80 % del territorio gallego, lo que nos da la idea del interés que la caza despierta en esta Comunidad. Esta actividad, sin abandonar su condición deportiva y lúdica, va ganando peso en su función social y ambiental. El legislador, consciente de los cambios que han experimentado las circunstancias en las que se practica, ha optado por la aprobación de una nueva ley basada en el ejercicio de una caza más responsable, más sostenible y más ética; con especial empeño en que se realice en condiciones de máxima seguridad para personas y bienes.

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La presente Recomendación establece los principios mínimos necesarios para apoyar a los Estados miembros que deseen realizar actividades de exploración y producción de hidrocarburos mediante la fracturación hidráulica de alto volumen, garantizando al mismo tiempo la preservación de la salud pública, el clima y el medio ambiente, el uso eficiente de los recursos y la información del público.

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Este Reglamento establece normas generales que rigen la ayuda de la Unión al desarrollo rural financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural ("Feader"), establecido mediante el Reglamento (UE) núm.1306/2013. Fija los objetivos a los que debe contribuir la política de desarrollo rural y las correspondientes prioridades de la Unión en materia de desarrollo rural. Traza el contexto estratégico de la política de desarrollo rural y define las medidas que deben ser adoptadas para ejecutar la política de desarrollo rural.

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La Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa ha resuelto publicar, en el «Boletín Oficial del Estado», la relación de normas españolas UNE aprobadas y anuladas por AENOR, correspondientes al mes de diciembre de 2013, identificadas por su título y código numérico, que figura como anexo a la resolución.

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Desde el 8 de diciembre de 2009 está en vigor el Reglamento (CE) n.º 1099/2009, del Consejo, de 24 de septiembre de 2009, relativo a la protección de los animales en el momento de la matanza. El reglamento es de aplicación desde el 1 de enero de 2013, excepto algunas disposiciones relativas a los mataderos.

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La renovación de las flotas de transporte se ha mostrado como una de las más eficientes medidas para la reducción del consumo energético, con efectos adicionales positivos en materia ambiental y de seguridad vial. En este sentido las experiencias del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente, en sus tres convocatorias con el objetivo de sustituir un total aproximado de 365.000 vehículos antiguos con las mismas unidades de vehículos nuevos, y cuyos fondos se han agotado en un periodo de tiempo muy inferior al inicialmente previsto en sendas convocatorias, indica la excelente acogida que ha supuesto este Programa.

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El artículo 14 de la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales Faunas Silvestres, establece que el Consejo de Ministros podrá incorporar a los parques nacionales terrenos colindantes de similares características a los mismos o cuyos valores resulten complementarios con los de aquellos cuando concurran en ellos alguna de las siguientes circunstancias:

  • Que sean de titularidad del Estado o de las Comunidades Autónomas.
  • Que sean incorporados al patrimonio público para el mejor cumplimiento de los fines de la Ley de la Red de Parques Nacionales.
  • Que sean aportados por sus propietarios para el logro de dichos fines.

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Esta ley 7/2013 se estructura en tres títulos. En el primero se establecen las disposiciones generales relacionadas con su objeto que no es otro que la regulación del procedimiento para autorizar la construcción, explotación, ampliación, modificación, transmisión y cierre de los parques eólicos por un lado y la creación del Fondo para la Compensación Ambiental y la Mejora Energética por otro, como instrumento este último para la preservación de la cohesión y equilibrio territorial y el medio natural. En este primer título también se contienen su ámbito de aplicación y las definiciones básicas para la interpretación de diversos conceptos y mecanismos de coordinación administrativa.

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El pasado diciembre se hizo pública la nueva Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental mediante el BOE. Esta ley modifica sustancialmente las reglas del juego que regirán esta herramienta de protección ambiental, dedicada al control de las actuaciones humanas (planes, programas y proyectos) con carácter previo a su autorización. La principal novedad a destacar es la reunión en un único texto legal el régimen jurídico de la evaluación ambiental en su conjunto.

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La Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores prohíbe la puesta en el mercado de pilas y acumuladores portátiles, incluidos los incorporados a aparatos que contengan más de 0,002% de cadmio en peso; Sin embargo, bajo su texto quedan excluidos del ámbito de aplicación de dicha prohibición las pilas y acumuladores portátiles destinados a utilizarse en herramientas eléctricas inalámbricas. Una excepción que ha sido objeto de revisión y que con la adopción de esta nueva Directiva desaparece, a fin de disminuir gradualmente la cantidad de cadmio liberado al medio ambiente.

La aprobación de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental ha supuesto un cambio sustancial en el marco normativo ya existente al respecto pues incorpora importantes cambios que deben ser conocidos y tenidos en cuenta por todos aquellos profesionales ambientales que desarrollen su actividad profesional en este ámbito de trabajo. Por ese motivo hemos preparado esta infografía, en la que de manera resumida y esquemática se muestran los principales cambios introducidos por el nuevo texto legal.

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Es necesario seguir avanzando, dentro del proceso ini­ciado en 1995, en el establecimiento concreto de la red Natura 2000, que es un elemento esencial para la protección de la biodiversidad de la Unión. Por ello procede adoptar una lista actualizada de espacios selec­cionados como lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica sobre la base del pro­yecto de lista confeccionado por la Comisión de acuerdo con cada uno de los Estados miembros interesados, en el que se recogen además lugares que albergan tipos de hábitats naturales prioritarios o especies prioritarias.

 
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