La Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, norma que vino a sustituir a la anterior Ley 1/2005, de 4 de febrero, de idéntica denominación, tiene como finalidad la protección del suelo de la Comunidad Autónoma del País Vasco, previniendo la alteración de sus características químicas derivada de acciones de origen antrópico.

Con este objetivo se establece el régimen jurídico aplicable a los suelos contaminados y alterados existentes en dicho ámbito territorial, en aras de preservar el medio ambiente y la salud de las personas, fijando obligaciones específicas para las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo y el régimen de acreditación de entidades para la realización de actuaciones de investigación y recuperación de la calidad del suelo.

El presente Decreto desarrolla la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, estableciendo las normas reguladoras de los procedimientos en materia de calidad del suelo y el contenido y alcance de los instrumentos para conocer y controlar su calidad. En este sentido, se detalla la documentación que deberá presentarse para el inicio de los procedimientos de la calidad del suelo y de aptitud de uso del suelo, junto con el contenido de las diferentes resoluciones que emita el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco de ambos procedimientos, haciéndose especial hincapié, además, en la colaboración interadministrativa y en la participación pública.

El Decreto regula en detalle los supuestos de exención de los procedimientos de declaración en materia de la calidad del suelo contemplados en el artículo 25 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo así como las obligaciones y los efectos en relación con la recuperación de los suelos declarados como contaminados o alterados, una vez adoptadas las medidas exigidas por el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco y elaborado el informe correspondiente por una entidad acreditada en investigación y recuperación de la calidad del suelo.

Asimismo, se establece el contenido, alcance y periodicidad de los informes de situación del suelo que contempla el artículo 8 de la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo adaptando sus requerimientos al potencial contaminante de las actividades de acuerdo con la clasificación que se recoge en el Anexo II de la citada Ley y el contenido el informe base que se debe elaborar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1.f) del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

La Disposición Adicional Primera del Decreto hace referencia a la valorización de materiales naturales excavados provenientes de emplazamientos que han soportado una actividad potencialmente contaminante del suelo, a los que les será de aplicación lo dispuesto en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron, siempre y cuando cuenten con un pronunciamiento favorable expreso al respecto realizado por parte del órgano ambiental de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el seno del correspondiente procedimiento o actuación iniciado para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.

La Disposición Adicional Segunda, se refiere a los modelos de solicitud y formularios que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma pondrá a disposición de los distintos agentes que intervienen en los procedimientos y tramitaciones contemplados en la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo, cuyo uso será obligatorio.

La Disposición Transitoria establece un plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Decreto para que los titulares de las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo en activo, que no hayan presentado informe de situación alguno, lo presenten.

La Disposición Derogatoria establece la derogación expresa de dos decretos anteriores, así como de cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el presente Decreto.

La Disposición Final Primera del Decreto, en uso de la facultad que la Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo otorga al Gobierno para la modificación de sus anexos, procede a modificar el contenido del Anexo I de la citada Ley, relativo a las actividades e instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, con el fin de adaptarlo a la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica el Anexo I del RD 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

La Disposición Final Segunda faculta al departamento que tiene atribuidas las competencias en materia de medio ambiente a dictar cuantas disposiciones e instrucciones técnicas sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el presente Decreto y para que, mediante Orden, pueda adaptar los anexos del mismo.

Entrada en vigor: El 23 de enero de 2020.

 

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