Un proyecto surgido en Girona y liderado por un experto en urbanismo en pueblos pequeños y un promotor de iniciativas sostenibles reclama una modificación de la legislación actual para facilitar el acceso a vivienda rural, tanto para las familias que ya residen en estos pueblos, así como por otros que aspiran a dar el salto desde la ciudad después de la experiencia del confinamiento.

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La situación vivida por la pandemia de coronavirus ha despertado en muchos urbanitas una necesidad de reencontrarse con un entorno más natural, pero la realidad es que, en el 78% de Cataluña que conforman los municipios de menos de 5.000 habitantes, el precio del suelo y de los inmuebles supone un freno a las familias que ya habitan estos territorios y también a la llegada de nuevas.

En este caso, difícilmente se podrá contar con inversión pública, ya que debido a la crisis de la Covid-19, la administración se verá obligada a preservar las condiciones socioeconómicas de muchos ciudadanos y empresas.

Las rentas medias y bajas tienen, pues, pocas opciones de acceder a una vivienda como los que predominan, que son principalmente casas con jardín o con un mínimo de espacio exterior. De hecho en el confinamiento se ha puesto en evidencia la importancia de disponer de alguna salida exterior para dignificar el hábitat humano.

Los proyectos son escasos, no tanto por la falta de interés, sino por el desfase entre el coste de acceso a la vivienda y las posibilidades económicas de las familias. Esto hace que estas hayan de endeudarse enormemente con los bancos con unas cantidades inasumibles, ya que el precio del suelo es altísimo, el de la construcción también, los impuestos y tasas aumentan aún más las gastos, y hay que añadir del beneficio de las promotoras.

Los alquileres no son la solución, porque también son altos, especialmente los de los inmuebles que disponen de alguna salida exterior, sin que en estos municipios haya prácticamente vivienda de protección oficial.

El planeamiento urbanístico tampoco da respuesta, ya que responde a un modelo expansivo con parcelas grandes y casas unifamiliares. Las normas limitan la segregación y división de los inmuebles y terrenos en unidades más pequeñas y imponen trabas que dificultan la viabilidad de los proyectos. Así, se contribuye aún más a que sólo las familias adineradas, los inversores o los proyectos turísticos tengan cabida en estos territorios, en detrimento de la vivienda estable de primera residencia.

En este contexto, la propuesta, que no tiene ningún coste, se centra en la introducción de pequeñas modificaciones en la legislación que pasarían por:

  1. Permitir la división horizontal de edificaciones en suelo no urbanizable con menores restricciones que las actuales.
  2. Permitir la división de fincas urbanas con menores restricciones que las actuales.
  3. Permitir la división de parcelas superiores a 400m2 menos en 2 unidades (sea por división de parcela o como vivienda bifamiliar).

Esto debería hacerse siguiendo los propios criterios del anteproyecto de Ley de Territorio. Como referencia en Francia existe el proyecto BIMBY, que ha sido una experiencia de éxito.

Esta medida tendría enormes ventajas como:

  1. Reducción considerable el precio del suelo y / o de los inmuebles por unidad familiar.
  2. Un modelo más sostenible de redensificación frente modelo expansivo de ocupación de nuevo suelo.
  3. Nueva construcción o rehabilitación allí donde ya hay infraestructura hecha.
  4. Reutilización, recuperación y rehabilitación de fincas y edificios en desuso, en mal estado, en ruina, etc ...
  5. Menor impacto paisajístico y ambiental.
  6. Enorme capacidad de reactivar el mercado inmobiliario y el sector de la construcción y derivados.
  7. Absorber la gran demanda que hay de esta tipología de vivienda y vinculado a elementos exteriores.
  8. Regenerar zonas rurales y pueblos pequeños con población decreciente.
  9. Permitir un complemento económico a las familias con patrimonio pero sin recursos.
  10. Facilitar que los descendientes puedan habitar legalmente a los inmuebles o terrenos de los progenitores.
  11. Promover el hábitat en entornos rurales, por lo tanto la subsistencia y cohesión social de los pequeños municipios.
  12. Compensar el modelo insostenible practicado durante décadas.
  13. Evitar bloques plurifamiliares en altura que desfiguran y dañan el paisaje.
  14. Incrementar los beneficios municipales por la vía de la recaudación.
  15. Impulsar una economía energética de autogeneración.
  16. Dar respuesta al compromiso de la Asociación Catalana de Municipios (ACM) para que los municipios tomen medidas más sostenibles y luchen contra el cambio climático.

Hay muchísimas familias interesadas dispuestas a invertir sus ahorros, pero chocan con la legislación (municipal y autonómica), que impide en la mayoría de casos proyectos de vivienda asequibles.

Por todo ello, sobradamente justificado, esta sencilla medida tendría un impacto muy positivo en beneficio del interés público, para afrontar la reactivación económica, resolver el acceso a la vivienda en estos territorios y empezar a implementar medidas que mejoren la sostenibilidad y la ecoeficiencia del modelo urbanístico.

 

Fuente: Co-habita

 
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