oopinionEl 21 de mayo, se cumplieron 20 años de la aprobación de la Directiva 92/43, norma de la UE sobre la que se formó la Red Natura 2000. Esta iniciativa comunitaria que está implementándose de forma lenta, ofrece un enfoque diferente y complementario sobre la conservación de las áreas protegidas en la que influyen diferentes niveles políticos de decisión, en la que la ciencia obtiene información de base reconociendo las lagunas existentes y en el que las decisiones sobre el territorio deben sopesar diferentes intereses en conflicto. Todo ello, eso sí, con un objetivo estratégico que es el de mantener o restaurar la diversidad en Europa y en especial de determinados ecosistemas y especies.

Podemos decir que prácticamente la labor de conservación acaba de empezar. El esfuerzo de todos estos años anteriores se ha dedicado al proceso de selección de los lugares que pretenden conservarse. Una vez que la Comisión Europea aprobó las listas de Lugares de Interés Comunitario, comenzaron las obligaciones de los Estados de declararlos conforme a su legislación interna y de aprobar las medidas adecuadas para conservar los objetivos de conservación cada lugar.

Las Zonas de Especial Conservación (ZECs) y la Red Natura en su conjunto pueden convertirse en "parques de papel" si se mantiene la tradicional gestión ineficaz provocada por la falta de conocimientos, la normativa inadecuada y poco coordinada, la participación insuficiente de los interesados y la falta de coordinación entre las instancias administrativas competentes, convirtiendo a los espacios naturales protegidos, y tal vez a las futuras ZECs en "parques de papel".

La expansión de las tareas públicas a las que tienen que hacer frente los poderes públicos -proceso del que la Red Natura constituye un ejemplo paradigmático- ha dado lugar a una mayor dificultad a la hora de canalizar todas las demandas sociales y a una mayor oportunidad para participar en un ámbito de toma de decisiones colectivas de importancia y relevancia creciente. La forma en que las Administraciones justifiquen sus decisiones también será una vara de medir no sólo de la efectividad de la normativa, sino también de la calidad democrática.

En estas notas apresuradas y en muchas más que se quedan en el tintero, radica la diferencia entre una nueva concepción de la protección ambiental basada en espacios sostenibles o una figura legal de protección más entre la maraña de declaraciones ineficaz que fomente aún más la apatía de los ciudadanos y el enfrentamiento con las comunidades locales.

 

Fuente:  Derecho, sociedad y medio ambiente

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