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En 2017 no solo se gastó poco en investigación en España, sino que el dinero disponible no se agotó. La ejecución presupuestaria, que mide el total del presupuesto gastado, no llegó ni al 30%, según los datos de la Fundación Cotec. En una entrevista con Cinco Días, la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, matiza ese porcentaje, ya que no incluye las partidas correspondientes a la Agencia Estatal de Investigación ni el CSIC. Sus propuestas consisten en elevar al 30% los fondos no reembolsables y al 85% el tope de financiación a proyectos. Además creará fondos de garantías para reducir los avales que den acceso a préstamos. Otros problemas que afectan al sector son la cifra de elevada temporalidad entre los investigadores (en algunos centros llega al 90%), y la fiscalización de Hacienda, que está provocando retrasos que han llevado al colapso a organismos públicos de investigación como el INIA.

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Para corregir estos desequilibrios, el plan que ha trazado Economía pasa por tres ejes: revisar todas las ayudas a la I+D, especialmente las dirigidas a las empresas, para elevar la participación del sector privado; un plan de estabilización del empleo temporal en los organismos públicos a tres años y la supresión de la autorización previa de Hacienda en aquellos proyectos donde “la naturaleza de las actividades lo justifique”. Los dos últimos puntos dependen de la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018, aunque Vela remarca que la oferta de empleo público podría aprobarse por real decreto.

En cuanto a la escasa participación de las empresas en la I+D, Economía revisará todas las ayudas que gestiona el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). “La parte no reembolsable de los mismos sube del 20% al 30% y ya se están concediendo préstamos por un 85% del proyecto frente al 75% del pasado ejercicio”, remarca. También utilizará parte de los créditos que no se ejecutan del presupuesto para adelantar el cobro de las ayudas a aquellas empresas beneficiarias de fondos comunitarios.

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La secretaria de Estado considera que el instrumento más potente para impulsar la I+D privada será la creación de fondos de garantías para asegurar parte del riesgo de los créditos concedidos. El primero de ellos cubrirá los riesgos que asuma el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) en el programa Cervera, orientado a centros tecnológicos que impulsen la colaboración público-privada. Dotado con 80 millones servirá, en palabras de Vela, para reducir los avales que se exigen para optar a un crédito.

Otro de los puntos negros es la intervención previa de Hacienda sobre la actividad de los organismos públicos de investigación. Los presupuestos de 2018 fijan la posibilidad de pasar de la autorización previa a un “control financiero permanente” en aquellos en los que “la naturaleza de las actividades lo justifique”. Vela considera que los programas ligados al Plan Nacional de I+D lo cumplen. “Ya tienen un control económico previo y no les hace falta la tutela de Hacienda”.

A los centros les ha pesado la parálisis de la oferta de empleo público (la tasa de reposición bajó al 10% desde 2011 a 2015) y la elevada temporalidad de los contratados (en algunos organismos llega a ser del 90%). El proyecto de presupuestos de 2018 incluye un plan de estabilización del empleo temporal. “Se sacarán todas las plazas que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpida al menos durante tres años antes del 31 de diciembre de 2017”, recalca Vela. Estas plazas se sacarán entre 2018 y 2020 y el objetivo es que al final del proceso de consolidación solo quede un 8% de personas ocupando puestos estructurales.

 

Fuente e infografías: CincoDías

 

 
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