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El Gobierno anunció el pasado martes el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña (Burgos), tras cuatro años y medio de incertidumbre. Todos los grupos parlamentarios, excepto el PP, se habían manifestado contra la reapertura de la central más antigua de España, paralizada desde diciembre de 2012. Entre ellos, el PNV, apoyo clave del Gobierno. Así, las presiones políticas han terminado por precipitar el cierre definitivo pese a que el Consejo de Seguridad Nuclear avalaba la reapertura, aunque con condiciones.

garona central nuclear

El cierre definitivo de Garoña llega casi seis meses después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avalase la reapertura. Este organismo la condicionó al establecimiento de una serie de medidas de seguridad necesarias para que la planta pudiese volver a conectarse a la red. Sin embargo, todas las fuerzas políticas, excepto el PP, se mostraron contrarias a ello. “No hay suficiente certidumbre para que se opere con normalidad”, ha justificado este martes Nadal.

El informe del CSN establecía un conjunto de 10 condiciones, 15 instrucciones técnicas complementarias y un programa de pruebas de arranque. De esta forma, se verificaría el cumplimiento de los requisitos antes de que Garoña pudiera volver a cargar combustible y entrar en funcionamiento, en caso de que hubiera logrado el permiso del Gobierno. Según el ministro, la inversión necesaria sería tan alta que haría muy poco rentable la central. Además, se tardaría al menos dos años en realizar las inversiones, un tiempo en el que el Gobierno no podría garantizar el voto favorable. “Por la situación política, el Gobierno no puede garantizar su continuidad”, ha agregado.

La cuestión de Garoña entró de lleno en las negociaciones de los Presupuestos del Estado esta primavera. De hecho, estaba entre las condiciones que se barajaron para el apoyo del PNV al Gobierno de Mariano Rajoy. Ahí figuraba que no se reabriese la nuclear, convertida en casus belli, como se observa en las alegaciones de las comunidades autónomas vecinas. Así, el peso específico del PNV para sacar adelante muchas iniciativas parlamentarias del Gobierno ha sido determinante, a pesar del respaldo del PP a la energía nuclear.

La decisión ha dejado varios damnificados. Por un lado, la Junta de Castilla y León, que ha reclamado este martes un plan de reindustrialización de la zona. Por otro, unos 400 puestos de trabajo —directos e indirectos— en el aire, aunque el ministro recordó que existe un plan para el mantenimiento del empleo. “El futuro de la plantilla está acordado entre empresa y trabajadores”, ha dicho Nadal.

El resultado de la última subasta de energía renovable la semana pasada, en la que se amplió hasta 5.000 megavatios (MW) la potencia concedida sobre los 3.000 previstos, se interpretó en el mercado como un síntoma de que el Gobierno iba a rechazar la renovación de Garoña.

La planta es propiedad de Nuclenor, participada por Endesa e Iberdrola. Entre ambas había discrepancias sobre el futuro de la central. Iberdrola había manifestado, por boca de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, su voluntad de no reabrirla. Endesa, por su parte, planteaba cambios en el marco económico que hiciese el negocio nuclear más rentable.

Reapertura poco rentable

Tras el anuncio del Gobierno, ambas compañías aseguraron que cumplirán la decisión y recuerdan que es algo que solo afecta a Garoña. Iberdrola afirmó que el cierre es coherente, ya que la continuidad de la central era económicamente inviable. Mientras, Endesa aseguró que respeta y asume la decisión adoptada por el Ejecutivo. La reapertura de Garoña solo sería rentable si se cambiaran algunas condiciones para su explotación, como bajar los impuestos y eximirla de otros pagos. Además, hay que tener en cuenta que solo es una pequeña cuña, con 460 MW de potencia.

El enredo está en el papel de las nucleares en 2050, fecha en la que todo el parque debe de estar descarbonizado. Eso significa que se deben retirar las térmicas. Ahí entra en juego el resto de nucleares (siete grupos), que suman 7.398 MW, casi el 20% del parque eléctrico español, cuya vida útil de 40 años acaba entre 2023 y 2028. El cierre de estas centrales obligará a suplantar esa energía por otra tecnología, principalmente renovable, en el tránsito de la descarbonización hasta 2050. En el sector se da por seguro que no va a dar tiempo, por lo se contempla como imprescindible la ampliación mientras se cerraban las térmicas. Es decir, al menos otros 15 años. Pero esa es otra batalla.

La decisión no repercutirá en el precio de la luz

La central de Santa Maria de Garoña, la más antigua del parque atómico español, está ubicada en el Valle de Tobalina, en el norte de la provincia de Burgos, próxima al País Vasco. El reactor es del tipo de agua en ebullición (BWR) con una potencia instalada de 460 megavatios. Dada su reducida dimensión, según el ministro de Energía, Álvaro Nadal, no repercutirá sobre el sistema energético. “El impacto de esta decisión no afectará al precio que pagan los españoles por la energía”, ha asegurado. Sin embargo, el ministro avisó de que si se cierra todo el parque nuclear, como piden grupos de la oposición, sí se podría sentir en la factura de la luz con un encarecimiento del 25%.

Las asociaciones ecologistas cargan contra el CSN

La paralización voluntaria y unilateral de la central en diciembre de 2012 mostró que Garoña era prescindible y que incluso sus propietarios estaban dispuestos a mantenerla parada. Desde aquel momento hasta hoy, el CSN ha emitido varios informes a favor de Garoña, lo que ha motivado incluso el cambio del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), clave para la seguridad nuclear. Con esto, el CSN ha sufrido un grave daño a su reputación.

Para Ecologistas en Acción, “la petición de cierre es un clamor social y político. Los parlamentos español, vasco, riojano y aragonés han pedido el cierre definitivo de la central, y las sociedad española está también a favor de esta medida. Garoña es peligrosa y prescindible y ni siquiera sus propietarios quieren reabrirla”.

Garoña ha supuesto un precedente en los informes favorables del CSN y en la nueva reglamentación aprobada por ese organismo para prolongar el funcionamiento del parque nuclear español hasta los 60 años de funcionamiento. Se han aprobado varias Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETFs) en ese sentido, se ha flexibilizado el procedimiento de cese de explotación mediante la modificación del RINR y se ha informado favorablemente el funcionamiento de una central hasta los 60 años.

 

Fuente: modificado de El PaísEcologistas en Acción.

 


 
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