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Miles de empresas españolas de mediano tamaño están ahora mismo terminando de elaborar sus primeros informes sobre el impacto medioambiental de sus políticas, las iniciativas puestas en marcha para favorecer la incorporación de la mujer a puestos directivos o sobre el respeto de los derechos humanos. Hasta ahora, tan solo un puñado de grandes corporaciones estaban obligadas elaborar un documento específico sobre información no financiera. La anterior legislación solo se lo exigía a las entidades de interés público de gran tamaño (bancos, aseguradoras, agencias de valores, emisores de deuda, gestoras de fondos...), pero con la entrada en vigor a partir del 1 de enero de 2019 de la ley 11/2018 son cerca de 2.000 compañías (con más de 250 empleados) las que deberán presentar este informe junto con sus cuentas anuales.

“Hay muchas empresas medianas que tendrán que dar información sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres, así como sobre las políticas de accesibilidad para personas discapacitadas”, ha explicado Amparo López Senovilla, subsecretaria de Estado en Economía y Empresas, durante la celebración de las VI Jornadas de Normalización y Derecho Contable, organizadas por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas .

“La nueva normativa ha subido el estándar, algo que reclamaba la sociedad”, ha comentado Enrique Rubio, presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría (ICAC), el organismo regulador en esta materia.

Dos fórmulas de presentación

Auditores. El 85% de las grandes compañías recurre a una de las cuatro grandes firmas de auditoría para que verifiquen los datos aportados en el documento de información no financiera.

Plataforma. La AECA permite acceder a una página web en la que se pueden ir volcando los datos estandarizados exigidos por la nueva ley.

En el mencionado documento de información no financiera se debe incluir cuestiones relacionadas con el medioambiente, cuestiones sociales relacionadas con el personal, respeto de los derechos humanos y lucha contra la corrupción.

“El interés por todo lo relativo a la responsabilidad social corporativa no para de crecer. Especialmente en el caso de los inversores institucionales, que controlan más del 40% de las acciones bursátiles, y de ONGs que se alían con ellos para meter presión a los consejos de administración. Si las empresas quieren reducir riesgos reputacionales tienen que ser muy escrupulosas con el cumplimiento de la nueva normativa”, ha apuntado Paula Gutierrez, socia del despacho Gómez Acebo y Pombo.

 

Fuente: CincoDías

 

 
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