Ha entrado en vigor en la UE y el Reino Unido el ‘Derecho a reparar’, una ley aprobada por el Parlamento Europeo (PE) en noviembre de 2020 que obliga a los fabricantes de neveras, lavadoras, secadores de pelo, televisores y otros productos de electrónica de consumo a garantizar que sus electrodomésticos puedan repararse durante al menos un periodo de diez años.

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La finalidad de esta normativa es aumentar la durabilidad de los productos tecnológicos y, en consecuencia, reducir su huella ambiental. Es una medida medioambiental urgente. Según un estudio de las Naciones Unidas, en 2019 se generaron 53,6 millones de toneladas de residuos electrónicos en todo el mundo, nueve toneladas más que en 2014. Cada año, los europeos producen más de 16 kilogramos de este tipo de desechos por persona. Casi la mitad de estos desperdicios son electrodomésticos estropeados, y la UE solo es capaz de reciclar el 40%. El resto se convierte en una enorme montaña de basura de material potencialmente peligroso.

Además de un beneficio para la sostenibilidad del planeta, la iniciativa favorece a los consumidores europeos, que sufren desde hace décadas las consecuencias de la obsolescencia programada. Este concepto, cuyo uso se remonta a la década de los cincuenta del siglo pasado y que fue el foco de una gran controversia social a raíz documental ‘Comprar, tirar, comprar’ (2011), se refiere al modelo de producción que limita la vida útil de los artículos tecnológicos con el fin de incrementar el lucro económico de las empresas.

Según el texto aprobado por Bruselas, el objetivo de la ley es que las reparaciones sean “ más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías, garantías para las piezas reemplazadas o un mejor acceso a la información sobre reparación y mantenimiento ”. En la práctica, esto significa que los proveedores estarán obligados a proporcionar los manuales y disponer durante diez años de las piezas necesarias para que los compradores puedan restaurar los dispositivos que adquieren con herramientas convencionales.

El director de Asuntos Legales y Económicos de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), Agustín Reyna, considera que podrá crear " muchos empleos locales en el sector de la reparación y en el mercado de segunda mano ". Ello redundaría en un beneficio para los consumidores: “ Otras personas se pueden beneficiar de un producto que funciona y comprarlo a un precio más asequible que nuevo ”, reflexiona.

Con el fin de fomentar el consumo responsable, la ley dispone que los clientes cuenten con información veraz sobre la durabilidad de los productos. "¿Cómo podemos esperar que los consumidores tomen una decisión sostenible si tan siquiera están debidamente informados sobre cuánto durarán los productos que compran? ", Se preguntaba el eurodiputado francés de los Verdes, David Cormand, uno de los ponentes de la resolución aprobada en noviembre por la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo.

Cormand argumentaba entonces que la sostenibilidad no puede estar basada en " acciones esporádicas y no relacionadas entre sí, sino que debe ser considerada de manera sistemática ", e incidía en la necesidad de " poner fin al mito de que los consumidores deben soportar la carga de la transición ecológica ". La iniciativa del derecho a reparar forma parte de la hoja de ruta del Pacto Verde Europeo (Green Deal), una prioridad europea y el 'leitmotiv' de la transición ecológica de los Veintisiete.

Una de las iniciativas que ya se han puesto en marcha consiste en obligar a las empresas fabricantes a declarar cuánto tiempo durarán sus electrodomésticos y resultados son los métodos posibles de reparación para los dispositivos. El primer país en dar un paso en este sentido ha sido Francia, donde los smartphones, televisores o portátiles tienen que incluir una etiqueta con una clasificación del 1 al 10 que indique la posibilidad de reparación de un producto. De este modo, el usuario está informado de qué facilidades existen para un arreglo hipotético en el futuro.

Así, empresas como Apple están obligadas a detallar el índice de reparabilidad de los productos que comercializan en Francia. La compañía de la manzana ha emprendido en los últimos años varios pasos encaminados a dificultar la reparación de sus dispositivos. En noviembre de 2018 declaró al iPhone 5 como producto obsoleto e interrumpió el servicio de soporte de 'hardware' para este modelo. Un año después aseguró que los usuarios que quieran reparar su iPhone por su cuenta corren el riesgo de dañar sus componentes, y que el coste de sus reparaciones excedía lo que cobra por este tipo servicios.

Según un sondeo del Eurobarómetro realizado en 2017, el 77% de los ciudadanos de la UE preferirían reparar sus bienes que comprar otros nuevos, pero en última instancia tienen que reemplazarlos o descartarlos porque se sienten frustrados por el coste de las reparaciones o el mal servicio técnico que les prestan las empresas fabricantes.

 

Fuente: La Vanguardia

 
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