El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) debe respetar el derecho ambiental para que la reconstrucción económica tras la pandemia de la Covid-19 se haga con estricto apego al estado de derecho, lo que pasa por cumplir con todo el ordenamiento jurídico en materia ambiental de España, que también incluye los Tratados o Convenios internacionales ambientales ratificados por este país.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) ha presentado sus informes “El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Estado de Derecho: Implicaciones Ambientales”, y la edición “Estado de Derecho Ambiental y Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia: Transparencia y participación ciudadana”.

En el primero se señala las deficiencias respecto del derecho medioambiental en el PRTR de España, mientras que en el segundo lo hace sobre el proceso europeo, que conlleva la elaboración de estos planos en los Estados miembros de la Unión Europea.

La revisión al Plan español resalta que el proceso de elaboración del mismo no está siendo transparente ni se están articulando causas de participación pública en la elaboración del mismo lo que vulnera las exigencias del Convenio de Aarhus, que precisa que por el hecho de que los proyectos que se ejecutarán con cargo al PRTR inciden sobre el medio ambiente, ya requiere llevar a cabo un cabo consultas públicas, lo cual no se está produciendo.

El PRTR también encaja en el ámbito de aplicación de la Ley de Evaluación Ambiental, como de la Directiva europea en la materia, razón por la que se debe someter a Evaluación Ambiental Estratégica, algo que tampoco se está produciendo a pesar de lo exigido no solo por esa Ley sino también por la Directiva de Evaluación Ambiental Estratégica.

La transparencia y la participación pública son dos elementos fundamentales de la democracia, y sin ellos la ciudadanía no tendrá un sentimiento de pertenencia hacia el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La respuesta económica a la pandemia de la Covid-19 no puede realizar a costa del estado de derecho en materia ambiental y más aún cuando este Plan tiene que contribuir a alcanzar los objetivos del Pacto Verde de la UE ”, afirma la Directora de IIDMA, Ana Barreira.

En este informe, se analizan también aspectos del Real Decreto Ley para la ejecución del PRTR, como es la modificación que facilita la exclusión del trámite de evaluación de impacto ambiental (EIA) a una categoría de proyectos, financiados con los fondos europeos, al establecer “Circunstancias excepcionales” para no someterlos a este procedimiento.

Para IIDMA, la medida contraviene el derecho de la UE, que permite la excepcionalidad en cada caso particular, pero no permite excluir un bloque de proyectos, aun cuando se trate de "meras modernizaciones o mejoras de instalaciones ya existentes".

Además, bajo el argumento de dar mayor seguridad jurídica ese Real Decreto Ley hace modificaciones a la Ley de Evaluación Ambiental, reduciendo plazos de algunos de los trámites de los procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental y de Evaluación Ambiental Estratégica, incluidos los plazos para las consultas públicas producidas en el marco de dichos procedimientos. Se advierte de que esos plazos no se correspondan con los que, por ejemplo, da el Comité de Aarhus para la revisión de casos dentro de este procedimiento, lo que abre la puerta a problemas futuros.

Como parte de este trabajo, IIDMA ha realizado el Informe legal "Estado de derecho ambiental y planes nacionales de recuperación y resiliencia: transparencia y participación pública", que analiza las obligaciones en materia de transparencia y participación pública conforme a la normativa europea de cara también a una ejecución de los Planes Naciones de Recuperación y Resiliencia conforme al derecho.

Este documento resalta que los Planes de Recuperación y Resiliencia de los Estados miembros no se están realizando conforme a lo exigido sobre participación pública y de Evaluación Ambiental Estratégica, a pesar de que así lo requiere el ordenamiento jurídico de la UE.

 

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