Entrevista a Carmen de la Fuente, fiscal jefa del área de Cartagena

El equipo de la Fiscalía del Área de Cartagena lo conforman dieciséis fiscales y nueve funcionarios, "cifras razonables aunque deberían aumentar para atender la creciente carga de trabajo", según declara en esta entrevista Carmen de la Fuente, fiscal jefa de este partido judicial, la cual considera que en Cartagena hay una mayor concienciación social sobre la protección del entorno y de la salud de las personas. La fiscal jefa aclara que, junto a su equipo, "tienen que lograr sentencias reparadoras del daño ambiental".

"Estamos en la fase final del mandato", que empezó en noviembre de 2015 y que abarca cinco años, dice Carmen de la Fuente en plural, destacando así la idea de que en la tarea de fiscal jefa en la Fiscalía de Área de Cartagena da mucho valor a lo que aporta su equipo. De la Fuente pide más «reconocimiento» para una sección delegada de la Fiscalía Superior de la Región de Murcia que, por volumen y complejidad de los asuntos y por número de especialidades, está incluso por encima de muchas capitales de provincia con menor población.

¿Cómo está viviendo el mandato y cómo definiría ser jefa?

Verdaderamente ha pasado muy rápido. Mi sensación es que, viendo el Plan de Actuación que tuve que presentar en la Fiscalía General del Estado para mi nombramiento, todavía hay mucho por hacer. El día a día, es decir la tramitación de los procedimientos, el supervisar la actividad de los fiscales, el organizar la oficina, y el haber asumido tareas de fiscal ordinarias ha hecho que, en el trabajo cotidiano, se hayan ido los sueños. Es eso de que lo urgente se come lo importante. Y en cuanto a ser jefa, es tener muchas responsabilidades.

¿Cuál es la situación en cuanto a medios humanos y materiales?

Tenemos quince fiscales en plantilla y uno de refuerzo, la oficina la forman ocho funcionarios y uno de refuerzo y atendemos a dos partidos judiciales: Cartagena y San Javier. Hemos llegado al punto óptimo, de un fiscal por juzgado. La ratio se puede considerar suficiente y dentro de los estándares racionales. Pero están surgiendo nuevas necesidades.

La Justicia sigue acusando la lentitud. ¿Cómo les afecta a ustedes?

El ritmo no es raudo y veloz, y todos sabemos que, en muchos casos, los procedimientos se dilatan desproporcionadamente, y sin que uno llegue a saber por qué. Junto a la carga de trabajo que asume cada fiscal por la instrucción de los casos, se ha producido un incremento evidente del número de servicios. La Audiencia ha pasado a señalar tres juicios por semana. Y se está produciendo un cambio cultural: se espera que el fiscal asista a cada una de las comparecencias y declaraciones. En los juzgados se te espera. Y para eso, las fiscalías no están dotadas. Podemos estar para nuestros robos, lesiones, daños, etcétera, para los juicios de delitos leves, pero no llegamos siempre a acompañar del todo los casos de especialidades, complejos, que requieren de una supervisión constante para impulsar la causa y valorar recursos. Necesitamos mejorar los medios personales, para no estar infradotados.

¿Cómo evalúa los cambios experimentados en este tiempo?

La valoración es positiva. En este tiempo yo he visto a esta Fiscalía crecer. Hemos crecido en número de compañeros y hemos ganado en competencia y responsabilidad, hasta un nivel muy alto. Somos una plantilla muy unida, en la que hay debate jurídico y apoyo personal. Y eso se traslada a la calidad del trabajo. Mi tarea es permitir que estas cosas pasen. Además, si por algo este mandato ha sido revolucionado es por la digitalización de los procesos tecnológicos, porque ha modificado por completo nuestra forma de trabajo; y, desde el punto de vista procesal, por la entrada en vigor del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

¿Qué mejoras ve esenciales?

Ha sido esencial que el fiscal superior anterior y el actual han dado a la Fiscalía de Área de Cartagena el reconocimiento, el espacio y la autonomía que le corresponden en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Al ser una Fiscalía de Área, estamos al amparo de la Fiscalía Superior. Pero la Fiscalía General del Estado está todavía en camino de reconocer el valor de las fiscalías de área.

¿A qué se refiere en concreto?

A que desde el reglamento de la carrera fiscal se debe delimitar con claridad competencias, ámbitos de actuación y las relaciones con la Fiscalía Superior. Tenemos todas las secciones especializadas que existen en la Fiscalía Superior de la Región de Murcia, lo que hace que el nivel organizativo, de carga de trabajo, de complejidad de asuntos y, por tanto, de necesidad de medios y relaciones con las instituciones nos sitúe al nivel de cualquier provincia. Estamos más allá de muchas provincias, prácticamente de todas las de Castilla y León y de algunas de Castilla La Mancha.

¿Qué tipo de asuntos son los más frecuentes en la Fiscalía y qué evolución ha habido en su mandato?

Ha habido un incremento evidente no tanto de los delitos de corrupción, como de los delitos contra la libertad sexual y contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. Estos dos últimos ámbitos han sido, sin duda, los que más han crecido. También hay delitos de siniestralidad laboral, como el del amianto [la causa contra Repsol por el fallecimiento de un extrabajador y las enfermedades respiratorias de otros cuatros exobreros en la refinería de Escombreras], que son complejos.

Particulares, asociaciones ecologistas y vecinales e instituciones han denunciado situaciones como las inundaciones en el sur del Mar Menor y la contaminación de la Sierra Minera, del antiguo cinturón industrial de Cartagena y de La Aljorra. Son temas que afectan presuntamente al medio ambiente y a la salud de las personas. ¿Qué respuesta está dando la Fiscalía?

Buena parte de ellas se llevan en Murcia, por denuncias formuladas ante la Fiscalía Superior, y que por razón de la especialidad llevan los fiscales delegados provinciales. Otras las llevan los fiscales de enlace de la Fiscalía de Cartagena. Yo vi la necesidad ya en 2015, antes de que llegara esta situación, de designar un segundo fiscal. A diferencia de los fiscales de Murcia, que se dedican en exclusiva a la materia de su especialidades, los dos de medio ambiente de Cartagena asumen también la tramitación ordinaria de los asuntos de sus juzgados y, al 50%, los asuntos de su especialidad que se denuncian en los partidos de Cartagena y San Javier. Es evidente que mis compañeros han ganado en conocimiento y que ha aumentado su presencia en el seguimiento de las causas, impulsándolas cuando ha sido necesario. Pero seguramente en algún momento me plantearé que haya algún fiscal más para los delitos de medio ambiente. Lo cierto es que yo asumo tareas de esta especialidad. Yo soy como el fiscal dos y medio, que permite reforzar distintas materias. Yo tenía la expectativa de que hubiera un incremento de los procesos judiciales por corrupción política, y donde los ha habido ha sido en medio ambiente, lo que ha hecho que yo me focalice en ellos.

¿A qué atribuye el hecho de que no haya habido tantos casos de corrupción como esperaba?

A que, verdaderamente, no ha habido denuncias.

¿Por qué cree que sí hay más denuncias medioambientales?

Porque hay mayor concienciación social, que es esencial para que podamos iniciar cualquier procedimiento judicial. El partido judicial de Cartagena, y el de San Javier, son especialmente sensibles, por la realidad que nos acompaña. Tenemos puertos de mar; tenemos Escombreras; tenemos desaladoras; tenemos toda la Sierra Minera a nuestro alrededor; tenemos fábricas de plásticos próximas; tenemos antiguas fábricas abandonadas, como la de Zinsa; tenemos déficit de agua... Es decir, tenemos una confluencia de elementos que hacen especialmente sensible la protección del medio ambiente, del entorno y de la salud de las personas. Nosotros llegamos aquí de la mano de la concienciación ciudadana. Solo a partir de ella es posible iniciar procedimientos judiciales. Porque ellos primero son los que se dan cuenta, y segundo son los que, de alguna forma, tienen el coraje y el interés para que se busquen las fórmulas para investigar. Y a partir de ahí, evidentemente, en la medida en que nosotros vamos adquiriendo el conocimiento, los procedimientos son más fluidos. Lo que aún está por verse son los resultados en sentencias. El fiscal ni gana ni pierde, pero sí se gana cuando la legalidad se cumple. Cuantificar el éxito en función del número de procedimientos iniciados no es acertado, pero sí tenemos que lograr sentencias reparadoras del daño causado. Ahora bien, tampoco todas las diligencias tienen que llegar a establecer una responsabilidad penal. A veces, el simple hecho de que la Fiscalía abra diligencias hace que las administraciones se percaten de la envergadura de asuntos que exigen medidas contundentes. La administración es compleja y yo entiendo que no debe de ser sencillo atender todas las necesidades regionales y municipales, con cambios de gobierno. Pero, por lo general, cuando hay una denuncia de la Fiscalía, la Administración se recoloca, ve el problema y actúa diligentemente para dar una solución.

Antes se ha referido al incremento de las causas por delitos contra la libertad sexual. ¿Qué datos tiene y qué le parecen las críticas a la ley contra la violencia hacia las mujeres, respecto a que hay muchas denuncias falsas y a que los hombres sufren vulneración de derechos?

De los 22 sumarios incoados en el año 2018, el 50% lo fueron por delitos contra la libertad sexual. Y de las diligencias urgentes incoadas, el fiscal formuló acusación en el 84% de los casos. De ellos, el 80% finalizaron en sentencias condenatorias. Entre estas, el 54% fue por conformidad del acusado y el 46% fue después de valorar la prueba en el juicio. Con esos datos, difícilmente se puede hablar de denuncias falsas o de vulneración de derechos.

La anulación parcial de la investigación seguida en Murcia sobre la adquisición de la desaladora de Escombreras por parte de la Comunidad Autónoma, que puede implicar una malversación de hasta 600 millones de euros, ha causado un terremoto judicial y político. La Audiencia Provincial cambió su criterio sobre la superación de los plazos máximos legales de instrucción, en aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Fiscalía pidió en tiempo y forma al juzgado la declaración de complejidad de la causa. ¿A qué atribuye lo ocurrido y cómo lo ha vivido?

Voy a ser muy sincera. Siento mucha frustración. Y, realmente, me planteo cómo podemos resolver esto. Es difícilmente explicable la situación al ciudadano. Y, aunque no pueda ser una justificación, por lo que conozco del asunto la juez ha sido diligente. El retraso respecto al fin del plazo no llegó a un mes. Pero, evidentemente, no se trata de un despiste de la jueza, ni de la carga de trabajo ni de que nadie le haya dado indicaciones. Simplemente hubo una forma de interpretar la norma que tenía pleno sentido en ese momento, antes del cambio de doctrina. Cuando ocurren estas cosas en un caso emblemático, rápidamente vamos a buscar al responsable: el juez, secretario judicial, el fiscal... Y no siempre lo hay. El precepto 324 no es coherente con la forma en que se concibe la instrucción. Para poder optar por un sistema de plazos que tuviera carácter precursivo, tendríamos que reformar toda la forma de entender la investigación de los delitos y clarificar quiénes son los responsables de la instrucción, los plazos y las consecuencias, y no dejarlo al albur de la interpretación de las audiencias provinciales y, en su caso, del Supremo.

El artículo 324 de la LECrim implica que una instrucción tendrá un plazo máximo de seis meses desde la fecha de auto de incoación del sumario o de las diligencias previas

¿Está en riesgo la instrucción de casos en Cartagena? ¿De cuántos?

Yo no podría dimensionar las consecuencias que la nueva doctrina va a tener en los asuntos, uno por uno. No llego a calcularlo, pero puede ser muy grave. En términos generales, nosotros hemos procurado informar dentro del plazo las complejidades y luego lo maneja ya cada juzgado. Pero seamos realistas. Hay riesgo en casos que afectan a la ciudadanía en su vida cotidiana. De aquella denuncia de estafa que se formuló, de aquella denuncia por unas lesiones ocasionadas en una pelea, de aquella ocasión en la que una imprudencia de cualquier tipo ha supuesto muertes o lesiones graves. Son procedimientos no necesariamente complejos, ni muy llamativos, ni ostentosos, ni que causan tanta alarma como los de corrupción. Pero este bandeo de criterios jurisprudenciales tiene como consecuencia una cierta inseguridad jurídica. Si examinamos las causas una por una, en la mayoría se ha pedido la complejidad en plazo, y se ha concedido las prórrogas si han sido necesarias. Pero los abogados tienen ahora argumentos para ponerlos sobre la mesa, eso está claro. Yo soy partidaria de suprimir el artículo 324. Pero como sigue en vigor, hay que tener cuanto antes criterios interpretativos claros, fundados y sostenidos en el tiempo, para dar tranquilidad a todas las partes.

Fuente: texto e imagen de La Verdad