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Antonio Vercher es el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo en España. Participó en Lanzarote en las jornadas sobre paisaje organizadas por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico, y el medio Diario de Lanzarote aprovechó para hacerle algunas preguntas.

Entrevista fiscal Medio Ambiente Urbanismo Antonio Vercher

 

Afirmaba usted en 2015 que la Fiscalía de Medio Ambiente contaba con recursos insuficientes. ¿Cómo sigue la situación cuatro años después?

Digamos que aplicamos bastante la imaginación para suplir la ausencia de recursos, pero es sabido que en justicia la situación es complicada. A pesar de ello vamos funcionando mejor de lo que yo hubiera esperado hace años.

 

¿Y qué refuerzo hace falta?

A nivel de policía judicial, la situación es positiva. Desde la perspectiva técnica, porque la Fiscalía tiene, por ejemplo, químicos, licenciados en ciencias ambientales… Se funciona bien, pero los Juzgados también piden informes y vamos un poco colapsados.

 

¿Debería asumir la Fiscalía la instrucción de las causas o es un debate que ya está enterrado?

En la práctica es lo que ya estamos haciendo. Digamos que son muchas las denuncias que se presentan en Fiscalía y en base al artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se investiga y, cuando termina la investigación, la pasamos al Juzgado de instrucción y el Juzgado alega el trámite correspondiente. Si despareciera el juez de instrucción y hubiera fiscales y un juez de garantías, la situación iría más rápida aún, pero digamos que desde el punto de vista práctico ya estamos llevando ese esquema de alguna forma.

 

Además de la lentitud de la justicia, en asuntos urbanísticos el problema está en la ejecución de las sentencias. En Lanzarote, desde hace una década hay 27 sentencias que no se han ejecutado.

Es una materia que tiene partes importantes de desarrollo. Estamos intentado que los fiscales que llevan Medio Ambiente estén también en la ejecución. En algunos casos se ha conseguido, como en Madrid o en Murcia y así la ejecución es más simple. Hay aspectos en que nunca se ha intervenido, como son las demoliciones, que aparecen en el Código Penal a partir del año 1995, con lo cual la mayoría de los jueces tampoco están duchos en el tema, como los mismos fiscales. Que el fiscal esté en la ejecución, lo facilita y se están abriendo nuevos caminos. De hecho, hay un procedimiento ahora en relación con la falta de ejecución a petición del Juzgado de la sentencia por parte del Ayuntamiento y se ha procedido contra el alcalde por un delito de prevaricación. Habrá que ver si en el futuro ésta es una opción viable o no. Digamos que es una materia nueva y estamos abriendo caminos como ejecuciones donde no habíamos insistido... La demolición es algo complicado porque en España históricamente no se ha demolido mucho, y extrapolado al Derecho es más difícil.

 

¿Y cuando la infractora es la propia Administración o cambia los planes generales para encajar actuaciones irregulares?

Planteamos la perspectiva de la subsidiariedad. La casuística es muy rica y me impide dar más declaraciones en detalle. La jurisprudencia contencioso administrativa, la Sala tres del Supremo, dice que no se puede cambiar la legislación para no ejecutar una sentencia. De ahí podrían devenir consecuencias.

 

Canarias fue pionera en una legislación protectora del Medio Ambiente pero se ha aprobado la Ley del Suelo, que parece ir en la dirección contraria, alegando que existía inseguridad jurídica porque había una maraña legislativa. ¿Qué le viene a la cabeza cuando escucha esta expresión de inseguridad jurídica?

La primera sentencia por la vía penal que se consigue en medio ambiente tarda siete años porque había muchas novedades y vivíamos en inseguridad jurídica. Todo cambio genera inseguridad hasta que se empieza a mejorar, pero tampoco conozco la legislación en profundidad.

 

¿Pero la Ley soluciona la maraña?

No estoy en condiciones de responder. Cada comunidad tiene su propio contexto administrativo urbanístico y ni los propios expertos en cada comunidad acaban de conocerla. Además, para la misma cosa se usan denominaciones distintas y rayan lo diabólico.

 

¿Le parece importante el papel de las acusaciones populares en los procedimientos urbanísticos?

Sí, sí, tienen una labor importantísima.

 

Aunque en ocasiones se presentan para defender más que para acusar...

Otra cosa es que haya marrullerías. Es otro tema, pero la participación ciudadana en temas judiciales es positiva y es muy bueno que el ciudadano participe.

 

El principal problema medioambiental es el cambio climático. ¿Qué papel tiene la Fiscalía ante este reto?

Hay un importante número de supuestos delictivos que si conseguimos encauzarlos o que disminuyan, tendría repercusiones climáticas. Por ejemplo, nos hemos ofrecido al Ayuntamiento de Madrid sobre las limitaciones al tráfico rodado en aquellos supuestos en que las personas no respetan las limitaciones o conducen coches no adaptados y pasan de afrontar las limitaciones. Es cuestionar si podemos ir por la vía penal aunque sea un simple supuesto de tráfico rodado. Es algo hipotético pero pongo de manifiesto que nos preocupa y hacemos lo que podemos.

 

A veces los infractores son las administraciones o las grandes empresas. En Arrecife, las últimas licencias para ampliar la central eléctrica están anuladas y no se hace nada por regularizar la situación.

Me va a permitir que no me defina sobre esos temas, que pueden estar sub iudice y no sería ético por mi parte. Hay tres delitos de prevaricación en el Código penal para temas ambientales. A buen entendedor…

 

Y en cuánto al maltrato animal, ¿han aumentado muchos los casos?

Ha crecido mucho entre 2017 y 2018, de 160 condenas a muchas más de 200.

 

Ha aumentado mucho la concienciación ciudadana...

Y también la participación policial y del Ministerio fiscal.

 

Fuente: texto e imagen de Diario de Lanzarote

 

 
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