Antonio Vercher es el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo en España. Participó en Lanzarote en las jornadas sobre paisaje organizadas por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico, y el medio Diario de Lanzarote aprovechó para hacerle algunas preguntas.
Digamos que aplicamos bastante la imaginación para suplir la ausencia de recursos, pero es sabido que en justicia la situación es complicada. A pesar de ello vamos funcionando mejor de lo que yo hubiera esperado hace años.
A nivel de policía judicial, la situación es positiva. Desde la perspectiva técnica, porque la Fiscalía tiene, por ejemplo, químicos, licenciados en ciencias ambientales… Se funciona bien, pero los Juzgados también piden informes y vamos un poco colapsados.
En la práctica es lo que ya estamos haciendo. Digamos que son muchas las denuncias que se presentan en Fiscalía y en base al artículo 773 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se investiga y, cuando termina la investigación, la pasamos al Juzgado de instrucción y el Juzgado alega el trámite correspondiente. Si despareciera el juez de instrucción y hubiera fiscales y un juez de garantías, la situación iría más rápida aún, pero digamos que desde el punto de vista práctico ya estamos llevando ese esquema de alguna forma.
Es una materia que tiene partes importantes de desarrollo. Estamos intentado que los fiscales que llevan Medio Ambiente estén también en la ejecución. En algunos casos se ha conseguido, como en Madrid o en Murcia y así la ejecución es más simple. Hay aspectos en que nunca se ha intervenido, como son las demoliciones, que aparecen en el Código Penal a partir del año 1995, con lo cual la mayoría de los jueces tampoco están duchos en el tema, como los mismos fiscales. Que el fiscal esté en la ejecución, lo facilita y se están abriendo nuevos caminos. De hecho, hay un procedimiento ahora en relación con la falta de ejecución a petición del Juzgado de la sentencia por parte del Ayuntamiento y se ha procedido contra el alcalde por un delito de prevaricación. Habrá que ver si en el futuro ésta es una opción viable o no. Digamos que es una materia nueva y estamos abriendo caminos como ejecuciones donde no habíamos insistido... La demolición es algo complicado porque en España históricamente no se ha demolido mucho, y extrapolado al Derecho es más difícil.
Planteamos la perspectiva de la subsidiariedad. La casuística es muy rica y me impide dar más declaraciones en detalle. La jurisprudencia contencioso administrativa, la Sala tres del Supremo, dice que no se puede cambiar la legislación para no ejecutar una sentencia. De ahí podrían devenir consecuencias.
La primera sentencia por la vía penal que se consigue en medio ambiente tarda siete años porque había muchas novedades y vivíamos en inseguridad jurídica. Todo cambio genera inseguridad hasta que se empieza a mejorar, pero tampoco conozco la legislación en profundidad.
No estoy en condiciones de responder. Cada comunidad tiene su propio contexto administrativo urbanístico y ni los propios expertos en cada comunidad acaban de conocerla. Además, para la misma cosa se usan denominaciones distintas y rayan lo diabólico.
Sí, sí, tienen una labor importantísima.
Otra cosa es que haya marrullerías. Es otro tema, pero la participación ciudadana en temas judiciales es positiva y es muy bueno que el ciudadano participe.
Hay un importante número de supuestos delictivos que si conseguimos encauzarlos o que disminuyan, tendría repercusiones climáticas. Por ejemplo, nos hemos ofrecido al Ayuntamiento de Madrid sobre las limitaciones al tráfico rodado en aquellos supuestos en que las personas no respetan las limitaciones o conducen coches no adaptados y pasan de afrontar las limitaciones. Es cuestionar si podemos ir por la vía penal aunque sea un simple supuesto de tráfico rodado. Es algo hipotético pero pongo de manifiesto que nos preocupa y hacemos lo que podemos.
Me va a permitir que no me defina sobre esos temas, que pueden estar sub iudice y no sería ético por mi parte. Hay tres delitos de prevaricación en el Código penal para temas ambientales. A buen entendedor…
Ha crecido mucho entre 2017 y 2018, de 160 condenas a muchas más de 200.
Y también la participación policial y del Ministerio fiscal.
Fuente: texto e imagen de Diario de Lanzarote