Evaluando medioambientalmente la bolsa española

Podemos leer en El Economista un interesante artículo sobre la valoración de los aspectos medioambientales de la bolsa española :

Calificacion-Cambio-Climatico Ibex

Cada vez es más frecuente la inversión con criterios ASG (medioambientales, sociales y de buen gobierno) en el mundo de la inversión como con Vigeo Eiris (calificador de los bonos verdes de Iberdrola), Sustainalytics (que ha verificado las frecuencias del Instituto de Crédito Oficial), el sistema de divulgación global para empresas CDP (Carbon Disclosure Project) o Standard Ethics.

Los grandes proveedores tradicionales ya están reclamando su trozo de esta tarta (y pagando por él): Moody's ha entrado en la capital de Vigeo Eiris, S&P Global ha adquirido el negocio de calificaciones sostenibles de RobecoSAM (la pata de sostenibilidad de la gestora holandesa Robeco ) y hace ya tres años que Morningstar (proveedor de datos financieros y de calificaciones) adquirió el 40% de Sustainalytics.

Al no existir todavía, los criterios que siguen son y otros proveedores pueden ser muy dispares, por lo que una empresa puede obtener un buen rating ASG de una agencia y uno malísimo de otra.

Las más aventajadas

De todo el conjunto de la bolsa española, solo 8 valores forman parte de la lista de empresas que a nivel mundial tienen la mejor calificación en la categoría de cambio climático según los últimos datos disponibles y correspondientes a 2019.

Ordenadas por capitalización se trata de Telefónica, Aena, Coca-Cola European Partners, Ferrovial, Cellnex, Enagás, Acciona y Logista. Un podio que se encuentra con un total de 179 firmas entre las que se encuentran gigantes de Wall Street como Alphabet o Apple.

¿Cómo de sólidas son estas calificaciones?

Por un lado, la mitad de estas empresas (la teleco, la distribuidora, la firma de infraestructuras y la compañía de bebidas) han sido capaces de mantener la máxima nota de manera consecutiva desde 2017. Por otra parte, tres miembros de esta lista ( Aena, Cellnex y Enagás) han mejorado dos escalones en la última revisión, pasando de una B a una A respecto a 2018. Y Acciona, por su parte, viene obteniendo desde 2014 una A, excepto en 2018, en el que descendió hasta A -. No sorprende cuando hablamos de una compañía en la que el 99% de su inversión es cero emisión en carbón.

Este ranking no permite solo diferenciar unas empresas de otras, también compararlas con la calificación que recibe, de medios, su sector. Así Cellnex, por ejemplo, que logra una A, se encuentra cuatro posiciones por encima de sus comparables europeos y de los medios del sector, que tiene una C.

Aprobados

En el segundo escalón del ranking, las mayores mejoras las han protagonizado el banco bilbaíno y la acerera de la familia Mittal, que en 2017 obtuvieron una etiqueta C y en dos años ha ascendido dos puestos. También es llamativo el caso de Mediaset España, que en 2013 (primer año en ser calificado) obtuvo una E y ha mejorado progresivamente hasta la actualidad, mientras que su matriz italiana no ha progresado de la F desde 2016. Por el contrario, Naturgy es la única de este bloque que obtiene un resultado peor que el de 2018, cuando era una A.

En el siguiente escalón, con una B se sitúan Airbus, las tecnologías Amadeus e Indra, las hoteleras NH y Meliá, las farmacéuticas Grifols y Almirall, IAG, Bankinter, Gestamp, Applus y Miquel y Costas. Mientras que para la farmacéutica catalana Almirall es su mejor puntuación desde 2014, no ha sido así para NH e Indra, cuyo resultado en 2019 fue peor que en el año anterior.

El número de empresas que obtiene la calificación más baja (una F) asciende a 38 y solo forma parte del Ibex 35: Merlin Properties y MásMóvil.

Hacia la homogeneidad

Esa dispersión entre lo que unos y otros proveedores evaluados verde, o la valoración que realizaron de los aspectos sociales y del buen gobierno de una misma compañía, la crítica David García, director de ISR (Inversión Socialmente Responsable) de Santander AM, en la VIII Edición del Ciclo Empresas que aportan valor al accionista, organizada por el Economista. " Si, por ejemplo, analizas las calificaciones financieras que especificaron S&P y Moodys's para una misma compañía, los datos de ambas son muy similares, tienen una correlación superior al 90%. Pero si haces lo mismo con las calificaciones de sostenibilidad, la correlación es inferior al 50%", explicó. Al no existir todavía una regulación, puede resultar un proveedor de calificaciones de más peso a la letra G del acrónimo (en decir, que valore más la gobernanza) y qué otro considera más importantes los aspectos verdes. En general, Los expertos consideran que los aspectos de buen gobierno son los más relevantes y los más fáciles de auditar.

La normativaque prepara la Comisión Europea (que debe estar vigente, como tarde, en 2022) marcará un antes y un después en este sentido. Se centra en tres pilares. El primero de ellos, un reglamento sobre divulgación, que obligará a mostrar avisos legales sobre la manera en que los gestores integrales los criterios ASG en su proceso de riesgo. El segundo es la taxonomía: la Comisión Europea trabaja en la creación de un marco para delimitar lo que es verde y lo que no. Cualquier producto financiero sostenible comercializado en la UE debe contar con una etiqueta que verifique su impacto medioambiental. La taxonomía solo afectará a la A del acrónimo ASG y afectará, por primera vez, comparar de forma objetiva dos fondos sostenibles y saber lo que es más. Con todo esto, será mucho más difícil que una gesto, llame verde a algo que no sea, y que este tipo de términos se utilizan como meras herramientas de marketing. La tercera pata de la regulación es la creación de dos índices bursátiles para compañías de bajo impacto carbónico. Pero la regulación europea incluye, además, un estándar de bono verde. El gran cambio respecto a la situación actual es que, una vez la norma entre vigor, todas las operaciones de bonos verdes requieren contar con un verificador acreditado por la UE.

A día de hoy, la inmensa mayoría de las emisiones de este tipo de deuda ya tienen detrás de un verificador, pero esa figura no cuenta con esa acreditación de la UE que, en el futuro, implicará unos filtros de calidad. Una exigencia que no hace sino ampliar aún más el negocio de los calificadores de aspectos no financieros.

 

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