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"España es un país dieselizado y eso es incompatible con la descarbonización. Está claro que hay que dejar de subvencionar este carburante". Así de tajante se mostró Jorge Sanz, el presidente del comité de expertos creado por el Ministerio de Energía para abordar la transición energética. Sanz tiene claro que los cambios en esta materia deben pasar por una reforma profunda de la fiscalidad medioambiental, empezando por la que grava los hidrocarburos. "Hay que decidir si se piensa en el medio ambiente o en las elecciones" añade.

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Cuánto pagaría más cada familia por el gasóleo (en €). Imagen de El Mundo

 

La comisión entregó el pasado lunes al ministro Álvaro Nadal un informe de 543 páginas donde se proponen algunas recetas para llevar a cabo la transición energética hacia una economía más limpia. Una de las medidas supondría el incremento del precio del litro de gasóleo para automoción en un 28%, lo que elevaría su coste hasta el entorno de los 1,45 euros. Este alza afectaría a 13 millones de vehículos e iría ligado al encarecimiento de la factura del gas del 5,8%. Se trata de dos medidas con un fuerte impacto directo sobre los hogares, cuyo gasto los propios expertos estiman en 272 euros anuales para una familia media. Esta cifra se divide en un cargo de 207 euros por el encarecimiento de los propios productos energéticos y de 65 euros por el impacto que la energía tiene sobre el resto de la cesta de la compra.

Por este motivo, los expertos proponen que el incremento de los tributos sobre el gasóleo y en menor medida la gasolina -cuyo precio subiría un 2%- sea paliado con una rebaja del coste de la electricidad del 6,8%. Además, sus cálculos consideran que con la redistribución derivada del actual crecimiento económico y de los ingresos fiscales por el alza de impuestos se lograría incluso un aumento neto del poder adquisitivo. «Es una medida progresiva. Luz gasta todo el mundo, mientras que el consumo de carburante es mayor cuanto mayor sea la renta», añade Sanz. La propuesta deja fuera del alza a los profesionales del transporte.

El Gobierno ha evitado hasta ahora aumentar la presión fiscal sobre los carburantes a pesar de los avisos de la Comisión Europea y la OCDE por la discriminación con respecto a otros países europeos. «Antes de descartar la reforma fiscal, al menos habría que estudiarla y ver plazos. El consenso de la comisión de expertos fue casi absoluto, con 13 votos a favor y una abstención. Si la subida es un 28% o un 23%, u otra cantidad, es sólo un tema de matiz», explica su presidente. Fuentes gubernamentales aseguran que la reforma tributaria en el campo medioambiental debe realizarse de forma «progresiva» y «calibrando con cuidado» las medidas para evitar un impacto negativo sobre la competitividad del país y de las familias. Los cambios, insisten, irían vinculados a una reforma de la financiación autonómica.

"Hay que decidir si importa más el medio ambiente o las elecciones, si son las elecciones pues no se hace nada y punto".

Jorge Sanz, ex director general de Política Energética del ministerio.

A pesar de que la presión es inferior a la del entorno europeo, Hacienda disparó en 2017 a niveles récord la recaudación a través del Impuesto de Hidrocarburos por la recuperación del tráfico derivado de la mejora económica y el uso extraordinario de las centrales térmicas que utilizan gas para generar electricidad. Los ingresos fiscales por este impuesto sumaron 10.885 millones de euros en 2017.

 

Fuente e imagen: El Mundo

 


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