La auditoría sobre el Banco Central Europeo efectuada por el Tribunal de Cuentas Europeo tiene por objeto examinar la gestión ambiental del Banco centrándose en las medidas adoptadas para reducir la huella de carbono que generan sus operaciones como administración pública.
En 2013, el Tribunal valoró si, en el período 2008-2013, el BCE disponía de una política para reducir el impacto negativo de sus operaciones administrativas en el medio ambiente y si dicha política se había aplicado de modo eficaz. Para ello examinó si:
La auditoría se basó en cuestionarios, entrevistas y un análisis de documentos y estadísticas facilitados por el BCE, así como en el examen de una muestra de procedimientos de contratación externa.
Si se toma como base de comparación 2008, el primer año en que se comunicó la huella de carbono del BCE, esta huella se redujo en 2012 en términos absolutos (reducción del total de emisiones), pese al incremento de efectivos, lo que a su vez provocó una reducción aún más importante en términos relativos (por puesto asignado).
Las reducciones conseguidas hasta la fecha son atribuibles en gran medida a la adquisición de electricidad ecológica, así como al funcionamiento de la calefacción y la refrigeración y al volumen de papel de oficina y publicaciones en papel. Las emisiones asociadas a los viajes de trabajo (en coche, tren y avión) se mantuvieron en 2012 en el mismo nivel de 2008.
El BCE no espera ya alcanzar la meta de reducción de 2013 al considerar que ha agotado las opciones de mejora viables desde el punto de vista técnico y económico en las oficinas arrendadas de su sede actual, y también porque prevé la incidencia del incremento de efectivos debido a sus nuevas funciones de supervisión bancaria.