Un informe destapa la transmisión de terrenos contaminados por metales pesados en el Campo de Cartagena

Un informe de la Dirección General de Minas sobre la contaminación por residuos mineros en el patio del colegio San Ginés de la Jara, de El Llano del Beal, Cartagena, podría desatar una tempestad interna en el Gobierno Murciano. En este informe no solo se alerta de que en el patio del centro escolar existe contaminación por residuos mineros, tal y como denuncia el Ampa del centro, si no que también desvela que en agosto de 2014 envió a la Consejería de Medio Ambiente una propuesta de plan de actuaciones en las instalaciones de residuos mineros abandonadas y «hasta la fecha» -es decir, tres años después-, «no ha sido aprobada por la Administración regional».

Imagen de La Verdad

La situación del colegio es la punta del iceberg de un problema de ámbito regional ya que, con carácter previo al informe del San Ginés de la Jara, Minas emitió en abril una comunicación interna y otro informe en el que se contenía un listado de 28 instalaciones de residuos mineros a la deriva en La Unión (16), Cartagena (7) y Mazarrón (5), con la siguiente petición: «Se propone que por parte de la Dirección General de Medio Ambiente se inicien los trámites para la declaración de suelo contaminado».

Cuatro meses después, la Consejería que dirige Javier Celdrán sigue trabajando con una lista de 24 instalaciones que elaboró el Ministerio en 2012, ya que afirma que las zonas todavía «se están inspeccionando una a una, y tras este análisis, y una vez se cuente con los informes de los técnicos, se tomará la decisión».

Medio Ambiente reitera por activa y por pasiva que se está «trabajando de forma coordinada» con Minas. Sin embargo, los documentos a los que ha tenido acceso 'La Verdad' revelan lo contrario, ya que se le reprocha por este último organismo que «en reiteradas ocasiones» se planteó que el Plan de Residuos de la Región 2016-2020 incluyese el proyecto de actuación en instalaciones mineras abandonadas, «no siendo tenida en cuenta dicha propuesta».

Minas también alerta de que no se está cumpliendo el Decreto 9/2005, que regula los criterios para la declaración de suelos contaminados y cuyo artículo 8 obliga a los propietarios de fincas en las que se hayan realizado actividades potencialmente contaminantes a declarar tal circunstancia en las escrituras públicas. En la comunicación interna se expone que en 2013 se envió a Medio Ambiente el listado del Ministerio sobre las zonas de residuos mineros en suelo murciano, pero, cuatro años después, «se desconoce» si la Consejería las ha incluido en el inventario de suelos contaminados de la Región. Desde Medio Ambiente reiteran que se está trabajando «para establecer los criterios de catalogación e inventariado de los mismos».

Esto supone en la práctica que se está obviando declarar la existencia de contaminación en esos terrenos ante el Registro de la Propiedad, que obliga a emitir certificados de dominio y cargas de las fincas afectadas. «Si se declaran como contaminadas, en el Catastro figura un apunte y entonces hay restricciones en las operaciones de compra-venta, ya que se exige al propietario descontaminar y sellar la zona», explica Ecologistas en Acción. «Al no hacerse así, puede haber gente comprando los terrenos sin saber que tienen un problemón».

Y eso es lo que parece estar ocurriendo. Los técnicos de Minas alertan de que en la Región se está mercadeando con suelo contaminado por metales pesados. «Recientemente se ha detectado que algunos de los propietarios de los terrenos donde se ubican tales residuos los han transmitido a terceros, desconociéndose si estos tienen pleno conocimiento de las circunstancias que concurren sobre esas parcelas en cuanto a la presencia de residuos».

La Consejería de Empleo, Universidades y Empresa tiene constancia de que dos sociedades se han comprado y vendido entre cuatro y cinco depósitos mineros distribuidos por La Unión y Cartagena. Por este motivo, en la citada comunicación, los técnicos de Minas reclaman que las administraciones estatal y regional tomen medidas, «de forma que no se puedan producir transmisiones de derechos entre particulares al margen de las obligaciones legales». Los técnicos reclaman actuaciones porque consideran que en esas balsas de lodos, lavaderos de minerales y depósitos mineros, cuya actividad cesó en la década de los noventa en La Unión, Cartagena y Mazarrón, son un problema ambiental latente: «A día de hoy persiste la amenaza para la salud de las personas y el medio ambiente, derivada de la presencia de tales residuos que, procedentes del tratamiento de minerales metálicos (sulfuros), contienen sustancias susceptibles de producir contaminación».

Este riesgo responde a la ausencia del citado plan de actuación regional y a que los propietarios de estos enclaves mineros son empresas en disolución o sin actividad, de forma que la Consejería de Empresa se ve obligada a ejecutar de forma subsidiara obras y trabajos de drenaje para evitar el deslizamiento de las instalaciones mineras, incluso su colapso. En la balsa de lodos de El Descargador, en La Unión, está pendiente de ejecutar un proyecto de estabilización geotécnica (258.966 euros), y en las balsas San Cristóbal I y II de Mazarrón hay daños en el dique por la erosión de las aguas pluviales y las obras costarán 47.144 euros.

También se han redactado los proyectos de clausura y restauración de los depósitos de El Lirio, Brunita, El Descargador (los tres en La Unión) y San Cristóbal I y II (Mazarrón). Cada año, los técnicos realizan controles topográficos e inspecciones para evaluar la estabilidad estructural. Además de tomar muestras para definir el riesgo potencial de contaminación.

Las consejerías de Empresa y Medio Ambiente rastrean la pista de los propietarios de estas explotaciones y en 2017 han mandado requerimientos a los propietarios de 24 depósitos para que adopten medidas de seguridad, como el tendido de taludes y la instalación de geomembranas impermeables sobre los depósitos con el fin de evitar la infiltración de agua, así como canales de drenaje de aguas de escorrentía.

En algunos casos, los dueños hacen oídos sordos a estos requerimientos pese al riesgo que entraña para la salud pública, y ya se han tramitado dos expedientes sancionadores contra los titulares de terrenos mineros de Mazarrón, que podrían enfrentarse a multas de hasta 300.000 euros por infracción grave. Medio Ambiente asegura que se está «avanzando parcialmente en algunas de las actuaciones y revisando otras para encontrar mejores soluciones» al plan de actuaciones en las instalaciones de residuos propuesto por Minas en 2014. «Se trata de un tema de gran complejidad en su gestión, y por eso se han buscado y se siguen buscando, en algunos casos, soluciones que permitan poner en valor estos espacios con las mayores garantías de seguridad y sostenibilidad industrial y ambiental», concluyen.

Fuente: La Verdad.