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El gobierno iniciaba el pasado verano el proceso de elaboración de una ley de cambio climático. Esta normativa marco pretende definir cómo se alcanzarán los compromisos marcados por la Unión Europea para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que fijó el Acuerdo de París. Acaba de terminar el plazo para la recogida de contribuciones, y durante el proceso, el sector crítico considera que la consulta para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene más que ver con la técnica legislativa que con el establecimiento de unas bases que permitan transformar el modelo económico actual.

Para Ecologistas en Acción este proceso sigue sin plantear la pregunta fundamental sobre si los objetivos del Estado español están a la altura de las reducciones de gases de efecto invernadero indicadas por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). Desde la asociación recuerdan que los compromisos de la UE no alcanzan las recomendaciones del IPCC, tal y como las propias Naciones Unidas reconocieron antes de la COP21.

Los aspectos contemplados en el cuestionario para la redacción de la futura ley de cambio climático se refieren más a la técnica legislativa que a medidas concretas y necesarias para la transformación de la economía dentro de los límites planetarios, señalan desde la organización. Se considera preocupante la falta de debate sobre si los compromisos de reducción del Estado español son suficientes. Así, a diferencia de los países de nuestro entorno, España podrá seguir incrementando sus emisiones más allá de 2020, ignorando la necesidad de iniciar la descarbonización inmediata de la economía.

Para la organización ecologista esta ambigüedad contrasta con el cuestionamiento de principios que son de obligado cumplimiento, como que los objetivos sean específicos y sectoriales, la obligación de la revisión o la inclusión de muchos sectores dentro del cumplimiento de los compromisos. Asimismo, en el cuestionario se considera la posibilidad de que el ministerio no sea capaz de llevar adelante una ley de cambio climático.

El cuestionario le otorga una especial relevancia a las posibles interferencias de la lucha contra el cambio climático sobre el actual concepto de competitividad y mercado. Entre las respuestas planteadas, Ecologistas en Acción señala en primer lugar la urgencia de frenar las actuales ayudas del Estado, cifradas en más de más de mil millones de euros, a los sectores generadores de cambio climático a través de mecanismos como los pagos por capacidad o las exenciones al diésel. La organización ecologista también subraya la necesidad de frenar la continua construcción de infraestructuras innecesarias, en especial los proyectos de grandes vías de transporte o las interconexiones eléctricas y gasistas. Por último, considera urgente establecer un calendario de cierre de sectores fósiles y eliminar cualquier mecanismo de mercado como el ETS (Sistema Europeo de Derechos de Emisión). Solo la utilización de instrumentos como los presupuestos de carbono decrecientes pueden garantizar un ritmo de reducción de las emisiones superior al 5% anual hasta 2030. Unas limitaciones en todos los sectores energéticos que deben revisarse periódicamente, en concordancia con las indicaciones realizadas por la comunidad científica.

Ecologistas en Acción ve con preocupación como un sector tan decisivo como el eléctrico parece haber desaparecido de este proceso, ya que paralelamente esta competencia se está debatiendo en exclusividad en el Ministerio de Energía y su grupo de expertos. Un grupo de expertos que, como señalaron las organizaciones ecologistas, no recoge todas las sensibilidades de la sociedad civil y ha sobrerrepresentado a sectores como el carbonero, el industrial y el energético, mientras excluye las visiones de los colectivos más vulnerables.

La organización ecologista ha enviado un anexo sobre cuestiones primordiales que no aparecen reflejadas en el proceso planteado. Este dossier señala las medidas fundamentales para transformar todos los sectores productivos hacia una reducción drástica de nuestra demanda energética neta. Entre estas medidas se señala la necesidad de una transición energética renovable cuyos pilares sean la democratización de la energía y el derecho al autoconsumo renovable, así como la desaparición de las largas cadenas de transporte de alimentos y productos para impulsar en su lugar un modelo agroecológico basado en la proximidad.

 

Fuente: modificado de Ecologistas en Acción.

 


 
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