La salud de nuestro planeta depende de que gobiernos, compañías y ciudadanos minimicemos nuestras emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Reducir el consumo energético aumentando la eficiencia energética de los hogares, contratar energía renovable, priorizar alternativas de consumo sostenibles o fomentar la reutilización y el reciclaje son medidas a nuestro alcance para reducir las emisiones de GEI. Según leemos en The Conversation, cuando la reducción de estas emisiones resulta imposible o supone un coste excesivo, los emisores obligados a reducir recurren a las compensaciones de carbono.
La compensación de emisiones de carbono se basa en la financiación de proyectos o actividades que absorban carbono atmosférico o que reduzcan la emisión que se genera en una determinada actividad. Dos ejemplos son una repoblación en una superficie carente de vegetación y la sustitución de una energía fósil por una renovable. Esta compensación de emisiones de carbono debe estar cuantificada y certificada y se puede realizar mediante los mercados de carbono.
Un mercado de carbono es una solución financiera para la reducción de los GEI a través del comercio de emisiones. El primero surgió del Protocolo de Kioto de 1997, que obligó a los países que lo ratificaron a reducir sus emisiones. A raíz de este protocolo, mediante la Directiva 2003/87 de la Comisión Europea, se abrió la puerta a que aquellos países que no lograran reducir sus emisiones pudieran comprar esa reducción a los países que excedieran sus compromisos y disminuyeran sus emisiones más de lo obligatorio.
Existen dos tipos de mercados de carbono:
Las compensaciones de carbono son producidas por proyectos que generan créditos de carbono llevando a cabo actividades de reducción de emisiones. Dichos proyectos pueden desarrollar diversas actividades. Algunos ejemplos son:
Un mercado de carbono regional o local es un mercado voluntario de carbono donde las compensaciones y la compra de créditos son realizadas por actores regionales. Es decir, los créditos comprados provienen de proyectos de compensación realizados en el mismo territorio que la entidad emisora.
Las emisiones de GEI tienen efectos globales sin importar la ubicación del foco emisor. De la misma manera, la localización de los proyectos de fijación de carbono es indiferente respecto a su efecto global. Esto ha llevado a los países desarrollados a financiar proyectos de compensación a través de los Mecanismos del Desarrollo Limpio en países en vías de desarrollo. Lo hacen motivados por su bajo coste como ya ocurría con la deslocalización de actividades productivas en un contexto de globalización.
En este contexto, proyectos pequeños de carácter social no podían competir con grandes proyectos comerciando grandes cantidades de emisiones a bajo coste, pero con pocos beneficios para las comunidades locales. Además, la regulación laxa de este tipo de proyectos de fijación de CO₂ ha provocado, en ocasiones, otros impactos para el medio ambiente, la biodiversidad, etc.
Los mercados voluntarios regionales son una fuente de innovación y experimentación con nuevas tecnologías, metodologías y proyectos alternativos. En ocasiones, aportan un valor socioambiental adicional a la lucha contra el cambio climático, ya que carecen de la estricta regulación a la que están sujetos los mercados de obligado cumplimiento.
Debido al carácter voluntario de la compensación, los actores involucrados presentan un mayor interés por comunicar su labor sostenible y contribuir a la concienciación medioambiental y la transparencia. Además, los proyectos regionales abren el camino hacia el modelo de economía circular necesario en la lucha activa frente al cambio climático.
Aunque los mercados voluntarios de carbono supongan un volumen muy pequeño del comercio de emisiones en comparación con los mercados regulados, lo compensan con su flexibilidad: escindiendo innovaciones en la financiación de proyectos, metodologías y monitorizaciones que luego tiene influencia en los mercados regulados.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, y sus autores son Pau Brunet Navarro, Investigador en el Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), Universitat Politècnica de València; Bruno Armengot Carbó, Investigador del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), Universitat Politècnica de València; José Vicente Oliver Villanueva, Catedrático de universidad en el Instituto Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Universitat Politècnica de València y Víctor Díaz Manrique, Investigador del Instituto de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones Avanzadas (ITACA), Universitat Politècnica de València