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El plan de inspecciones del Campo de Cartagena como «zona vulnerable» a la contaminación por nitratos, una catalogación impuesta en el año 2001 por la Unión Europea y reforzada desde 2017 por distintas normativas regionales, ha llevado a la Comunidad Autónoma a abrir expedientes sancionadores a una veintena de agricultores. En su mayoría, se trata de procedimientos incoados «por la falta de registros relacionados con el cuaderno de campo, bien porque no estuviera en el momento de la inspección o porque las anotaciones están incompletas», según informó la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.

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A preguntas de 'La Verdad', el Gobierno regional indicó también que hay en trámite también posibles sanciones a agricultores, «por carecer de análisis de suelo o de aguas». En todo caso, «es importante reseñar que no existe ningún método de análisis o instrumento, en la actualidad, que permita conocer si un agricultor ha utilizado más abono del necesario», aseguraron en la Consejería.

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El departamento que dirige Antonio Luengo, que en julio sacó a información pública la documentación necesaria para declarar también el Mar Menor como «zona vulnerable» al uso de nitratos en los cultivos intensivos, precisó que los veinte asuntos están «en fase de inicio de procedimiento sancionador». La normativa establece multas de 5.000 a 50.000 euros, en función de la gravedad.

Calculadora de nitrógeno

Los citados expedientes forman parte de los 134 abiertos en las campañas de control de 2017 y 2018. Este año, las revisiones en las parcelas empezaron en abril y, hasta ahora, ha habido más de sesenta visitas. La previsión es llegar hasta las 130 en este ejercicio.

"La Consejería dispone de un equipo multidisciplinar para dar respuesta y coherencia a la aplicación de la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. Hasta hemos desarrollado aplicaciones como una calculadora de nitrógeno, para hacer más fácil su aplicación"

Ejecutivo autonómico

La efectividad de esta herramienta, indicaron en la Comunidad, ha llevado ya a la Comisión Europea a tomarla «como ejemplo para futuros programas» de prevención de la contaminación química, procedente también de instalaciones ganaderas. Asimismo, explicaron que la Consejería ha demandado al Ministerio para la Transición Ecológica que establezca un Plan Nacional de control y un régimen sancionador único a nivel estatal. La idea es que haya «un procedimiento de actuación común para todas las comunidades autónomas, ya que se trata de un problema común para todas ellas y para los estados miembros de la Unión Europea».

El Ejecutivo autonómico asegura que, si bien venía efectuando controles desde el años 2001, elaboró un «plan de inspecciones específico» ante la entrada en vigor del Decreto Ley de Medidas Urgentes sobre la protección de la laguna, en abril de 2017. Esta regulación fue sustituida por la Ley del Mar Menor. Entre las novedades, figuran las restricciones en el uso de estiércol y la prohibición de determinados tipos de abonos.

El Código de Buenas Prácticas de aplicación al entorno del Mar Menor indica que los propietarios o gestores de parcelas susceptibles de contaminar las masas de agua, por la filtración de abonos nitrogenados, están obligados a realizar al menos un análisis de agua cada dos años. También tienen que hacer otro estudio del estado del suelo al inicio de cada campaña agrícola, para que los valores de ión nitrato estén por debajo de 50 miligramos por litro.

  

Fuente: texto e imagen de La Verdad

 

 
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