Poderes públicos, ciudadanos y agentes económicos hemos de contribuir a preservar la calidad de los paisajes

Artículo escrrito por Arnau Queralt presidente del Col·legi d´Ambientòlegs de Catalunya (COAMB).

Este mes de octubre se conmemora en Florencia el décimo aniversario de la firma del Convenio Europeo del Paisaje, un tratado internacional cuyo objetivo es impulsar la protección, la gestión y la ordenación de los paisajes europeos. Según el convenio, promovido por el Consejo de Europa, el paisaje es un aspecto esencial del bienestar individual y social, un factor básico para la calidad de vida de las personas y un elemento que contribuye a la consolidación de la identidad colectiva. El paisaje, desde esta óptica, participa en el interés general, sobre una base cultural, ecológica y social, a la vez que constituye, además, un recurso para ciertas actividades económicas (como el turismo, por ejemplo).

El Convenio Europeo del Paisaje es, hasta el momento, uno de los instrumentos más avanzados que en materia de protección, gestión y ordenación de este elemento se han producido a nivel internacional. Además, ha sido la base para la adopción de textos legislativos sobre paisaje en varios estados y regiones de Europa. Catalunya, por ejemplo, con su ley 8/ 2005, de 8 de junio, de protección, gestión y ordenación del paisaje y el reglamento que la desarrolla es, sin lugar a dudas, un caso destacado (aunque también Galicia y Valencia cuentan con legislación sobre esta materia y se está trabajando en ella en otras autonomías, como Euskadi).

Disponer de buenos textos legales, de excelentes documentos de reflexión y planificación en materia de paisaje es un gran paso adelante. Sin embargo, no es en absoluto suficiente: como también pasa en otras políticas transversales (como la ambiental), aún es necesario avanzar hacia una integración efectiva de criterios paisajísticos en las políticas sectoriales, así como en los planes, los programas y los proyectos impulsados por el sector público. Y, claro está, en los proyectos privados, dado que, como establece el convenio, todos - los poderes públicos, los ciudadanos y los agentes económicos-debemos contribuir a preservar la calidad del paisaje. No sólo con fines estéticos sino, como se ha puesto ya de manifiesto, para garantizar todas sus funciones (ambientales, culturales, económicas, etcétera).

Transcurrida una década desde la firma del convenio, aparecen en el horizonte nuevos retos que requerirán el desarrollo de políticas e instrumentos específicos, pero sobre todo avanzar en la construcción cultural de un sistema de valores en torno al paisaje que sea asumido por toda la sociedad.

Fuente: LAVANGUARDIA.ES