La llamada "reforma fiscal verde", que en la última década del pasado siglo ha tenido lugar en diversos países europeos, aún está pendiente en España. Se trata de implantar diversos tributos sobre la energía y las actividades contaminantes, con el doble objetivo de incentivar conductas favorables al medio ambeinte y obtener una recaudación adicional.
La estructura territorial del Estado ha dado lugar a una gran variedad de tributos medioambientales de ámbito autonómico: sobre las aguas, la atmósfera, las instalaciones energéticas, grandes superficies, resíduos, turismo e impacto paisajístico. Muchos de ellos, a parte de resultar inadecuados para conseguir fines medioambientales y presentar una mínima capacidad recaudatoria, resultan muy gravosos para los escasos sujetos pasivos afectados. También algunas haciendas locales han sido imaginativas a la hora de crear tasas medioambientales, sobretodo en el ámbito de los residuos, el aprovechamiento espacial del dominio público, ruido y emisiones atmosféricas.
Son todas ellas medidas fragmentarias y limitadas por que aún no se ha acomentido una reforma fiscal de carácter global sobre la imposición medioambiental. En su concienzudo análisis (página 319 de su Informe), la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario español, describe los impuestos estatales y autonómicos ya existentes que inciden sobre el medio ambiente y expone las correspondientes propuestas para su reforma.
Informe para la reforma del Sistema Tributario Español. (FEBRERO 2014)