Sequía cíclica: ¿cómo solventarla?

Tal y como sucede hoy, entre 2004 y 2007 España sufría una severa sequía. Desde 2014 las precipitaciones son escasas, el agua de los embalses se agota (la reserva se encuentra en el 38% de su capacidad total) y hay dificultades para abastecer la creciente demanda de agua. Algunos se encomendarían al Dios de la lluvia para solucionar esta situación cíclica, pero lo cierto es que se necesita más inversión en infraestructuras y una política de Estado contra la sequía.

“En España, el 27% de los 3,6 millones de hectáreas de regadío están sin modernizar. El sistema de riego es de los denominados a manta, por inundación, que consume hasta un 50% más de agua, cuando este recurso debe llevarse a pie de parcela”, revela Albert Martínez Lacambra, director de Agbar y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona. Una inversión que, a su juicio, puede llevarse a cabo vía impuestos, tarifa o ayudas. “Como el 70% del consumo va a la agricultura [y son los más perjudicados porque se prima el suministro a la población], tenemos que dotar de tecnología al campo para que se vele por su uso racional”, defiende Martínez Lacambra en El agua y los retos del siglo XXI, una publicación científica, Aquae Papers, de la Fundación Aquae.

Por otro lado, Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Regantes, niega este déficit tecnológico –“es una leyenda negra ecologista subjetiva, dice– y afirma: “España se puede presumir de una transformación muy grande. Antes el 59% de los cultivos utilizaba el riego por inundación, ahora es menos del 24%”, apunta. En cambio propone que se aumente un 25% la capacidad de los embalses, que se sitúa en 56.000 hectómetros, un proyecto que cuenta con un informe técnico incluido en el plan hidrológico de 2011. “Gracias a estas obras de regulación, hemos soportado durante prácticamente cuatro años la sequía sin sentirla hasta ahora, y ayuda a controlar las inundaciones, otra consecuencia del cambio climático”, aboga.

Más allá de ser un recurso limitado, y de si la gestión es pública, privada o mixta, se echa de menos una mayor gobernanza, planificación a largo plazo, otro de los reclamos, en un país donde las políticas se fijan según la comunidad autónoma y donde se mezclan “intereses partidistas y electoralistas”, señalan ambas partes, Martínez Lacambra y Del Campo, que piden un pacto nacional por el agua y un regulador independiente.

Fernando Morcillo, presidente de la patronal AEAS (Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento), confirma que se han iniciado las conversaciones con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente para que se incorpore el tema en la agenda de los políticos. También es una cuestión de dinero: “La obsesión por el cumplimiento del déficit va en detrimento del entorno”, concluye Martínez Lacambra, en referencia a los recortes presupuestarios.

Más puntos pendientes

La depuración. Alarma, asombro, ocasionó la imagen de una playa en Ibiza cubierta de toallas íntimas. Baleares, con una masificación turística ascendente, no es la única. Murcia, con la proliferación de algas tóxicas en el mar Menor, Andalucía o Castilla y León se suman a los males en depuración. Un déficit que le ha valido a España varios expedientes sancionadores de la UE, el que más, por “su incomprensible falta de inversión”, lamenta Albert Martínez Lacambra, de Agbar.

Las tarifas. Transparencia es la principal demanda. “Depende del municipio, se aplican numerosos tributos (cánones) que distorsionan la información al usuario y elevan la simetría de precios, a veces de hasta el 350%. Hay que revisar su estructura, no solo el nivel”, considera Gonzalo Delacámara, director académico del Foro Económico del Agua.

La reutilización. Las tan criticadas plantas desaladoras “deben mantenerse como seguro de vida”, así como la reutilización directa (el agua residual tratada para consumo humano tras su potabilización), prohibida en España pero que ya es una opción en California, opina Martínez Lacambra. La renovación, además, de las redes de abastecimiento y alcantarillado, agregan en AEAS. La patronal Seopan calcula que se necesitan 12.014 millones de euros en infraestructuras de agua, 510 actuaciones prioritarias, el 38% de ellas son básicas.

Subvenciones al agua desalada

El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez, aplaude la decisión del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de aumentar en 4,3 millones la subvención para agua desalada en 2017, cumpliendo así una de las cuatro reivindicaciones del Círculo por el Agua, aunque insiste en pedir un riego de socorro de 60 hectómetros cúbicos para "salvar" 44 millones de árboles frutales.

Otra de las reivindicaciones de agricultores y regantes es la puesta en marcha de las desaladoras a su máxima capacidad, además de que se pongan en funcionamiento las de Muchamiel (Alicante) y Villaricos (Almería) , según ha recordado el también portavoz del Círculo por el Agua.

En concreto, según Orden Ministerial dictada por la ministra Isabel García Tejerina y publicada en el BOE el pasado 22 de diciembre, se ha establecido un precio rebajado de 0,30 euros por metro cúbico para el agua producida por la desaladora de Torrevieja de Alicante y una ayuda de 0,10 euros por metro cúbico para el agua procedente de la desaladora de Valdelentisco (Murcia), destinada en ambos casos exclusivamente al agua producida para riego durante el presente 2017.

Fuente: modificado de CincoDías.