Solo se recupera el 60% de los costes en los servicios del agua

Los servicios del agua viven en una situación deficitaria. Según los cálculos de las confederaciones hidrográficas, únicamente recuperan un 60 por ciento de los costes totales, entendiendo como tales los costes de operación y mantenimiento de las infraestructuras, los costes de oportunidad por escasez del recurso y los costes ambientales. Si se consideran únicamente los primeros, el porcentaje mejora, pero no mucho, sólo hasta el 70 por ciento.

La legislación de la UE fija que debe tenderse a la recuperación de todos los costes de los servicios del agua, algo que rara vez se cumple. También exige, por primera vez, que los planes hidrológicos de 2015 a 2021 incluyan una estimación homogénea del grado de recuperación de dichos costes. No hacerlo impide recibir fondos comunitarios como el Feder o el Feader.

En consecuencia, el Ministerio de Agricultura ha hecho un gran esfuerzo para cumplir, preparando instrucciones y documentos de guía para elaborar los estudios. Aún así, los costes valorados por las confederaciones y las partidas incluidas varían, por las diferencias y particularidades de las demarcaciones.

En cualquier caso, según los datos de 10 planes de competencia estatal que cubren el 85 por ciento del territorio peninsular, la cuenca en la que más se recuperan los costes es la del Tajo, donde se llega hasta el 81 por ciento, y la que menos es la del Miño-Sil, donde se queda en un 34 por ciento.

Tres tipos de costes

La Directiva Marco del Agua ordena que se contemplen tres tipos de costes, los financieros, los ambientales y los del recurso. Su identificación y su cálculo plantean no pocos problemas.

Los costes denominados financieros corresponden a los costes corrientes de inversión y mantenimiento de las infraestructuras. Todos los planes los incluyen e indican el coste del recurso hídrico en condiciones de suministro normales. En el Duero, por ejemplo, estos costes ascienden a 997 millones de euros anuales.

Los costes ambientales son aquellos relativos a las actuaciones pendientes de realizar para minimizar el coste ambiental de los servicios de agua: contaminación puntual y difusa por vertidos de aguas residuales o actividades agrícolas y ganaderas; discontinuidad fluvial por explotación excesiva, etcétera. En el Guadalquivir, por ejemplo, suman 112,5 millones anuales.

Finalmente, el tercer tipo de costes, los del recurso, son costes de oportunidad: refieren a las pérdidas que se sufren cuando hay que dar un uso al agua en lugar de otro. Metodológicamente, sólo se pueden calcular cuando existen instrumentos de mercado que permiten el intercambio de derechos de agua, razón por la que no los contemplan todos los planes; la Confederación del Segura considera, para su cálculo, que el precio máximo es la tarifa del agua desalinizada y el mínimo la tarifa del Trasvase Tajo-Segura, lo que le arroja una horquilla de costes que va de los 197 a los 564 millones.

Muchas fuentes de ingresos

Si calcular los costes del agua resulta complejo, no lo es menos desenmarañar las fuentes de ingresos, por la cantidad de actores y sistemas implicados. A grandes rasgos, los organismos de cuenca se encargan del suministro en alta, de la explotación de grandes obras de conducción y de la regulación de avenidas; a los ayuntamientos y comunidades autónomas les corresponden los servicios de abastecimiento, saneamiento y tratamiento de efluentes; y las comunidades de regantes son responsables de explotar sus propias infraestructuras.

Estas entidades suelen emplear tarifas y cánones -los regantes también disponen de cuotas y otros sistemas- por la utilización del agua, y la información no siempre es accesible, por la gran atomización de los prestadores de los servicios. A ello hay que añadir que el Estado central también actúa directamente, canalizando fondos nacionales y europeos a través de sociedades estatales como Acuaes o Seiasa.

Sin exagerar, calcular los costes y los ingresos de los servicios del agua en una demarcación hidrográfica se convierte en una investigación monumental para la que hacen falta dotes detectivescas.

No obstante, los resultados están ahí: la Confederación del Ebro, por ejemplo, indica que la cuenca afronta unos costes financieros anuales de 1.550 millones de euros, a los que suma unos costes ambientales de 271 millones -no calcula los costes del recurso- y que dispone de unos ingresos por tarifas y cánones de 1.179,3 millones. Su déficit en relación a los costes totales es del 65 por ciento y en relación a los costes financieros del 76 por ciento.

Se nota la falta de inversión

Esta falta de ingresos e inversión garantiza el deterioro de los sistemas acuáticos naturales. Y dejando al margen los costes ambientales, ya empieza a notarse que las sólidas infraestructuras empiezan a estar viejas y necesitan más atenciones. Hay indicadores objetivos que alertan del problema.

Según los datos de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), el volumen de pérdidas de las redes de abastecimiento urbano ha pasado del 23,3 por ciento de 2010 al 24,6 por ciento de 2012, último ejercicio con datos. A la par, el volumen de agua suministrado por habitante ha invertido una tendencia descendente de dos décadas: desde 1987 había bajado un 24 por ciento, y en el última estimación, de 2010 a 2012, ha subido un 2 por ciento.

Como la ciudadanía tiende al ahorro y la crisis económica ha pasado factura a los consumos de la actividad productiva, esos aumentos sólo pueden implicar menor eficiencia de las infraestructuras.

Subidas del precio del agua del 50%

Para cubrir todos los costes asociados al agua, obviamente, hay que pagar más por ella. Ahora bien, ¿cuánto más? En España, un país azotado por la escasez, los consumidores domésticos abonamos una media de 1,59 euros por metro cúbico, según los datos de AEAS.

Curiosamente, en la Europa húmeda, se paga mucho más: en Finlandia, Reino Unido y Suecia es el doble; en Holanda y Dinamarca todavía más, llegando a superar el triple. Según AEAS, las tarifas deberían de subir entre un 50 y un 100 por ciento, según la zona del país.

Fuente: elEconomista.es