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El Tribunal de Cuentas reclama revisar las tasas que gravan las centrales nucleares para financiar su desmantelamiento y la gestión de sus residuos radiactivos, porque son insuficientes para cubrir los costes previstos: se estimaba un déficit de 2.354 millones de euros a cierre del año pasado. La gestión de los residuos radiactivos de las centrales nucleares se cubren con aportes del recibo de la luz y gravando la producción eléctrica de las instalaciones. Por un lado se recauda el 0,001% de los peajes de la tarifa eléctrica y por otro se aplica una tasa -conocida como Tasa Enresa en el sector- de 6,69 euros por MWh.

desmantelamiento central nuclear

Lo recaudado con ambas tasas se ingresa en en Fondo específico de Enresa, la empresa pública encargada de la gestión de todos los residuos radiactivos, incluyendo también los de baja y media actividad procedentes de actividades médicas o de otro tipo.

En el año 2015 el Tribunal de Cuentas emitió un informe en el que alertaba de que los ingresos generados por estas tasas eran insuficientes para cubrir los costes previstos y estimaba un déficit de unos 1.500 millones. En dicho informe recomendaba revisar anualmente las dos figuras tributarias para cubrir todas las futuras necesidades de financiación. Pues bien, el Tribunal acaba de emitir otro informe en el que constata que dicha recomendación no se ha cumplido y cifra el déficit, a 31 de diciembre de 2018, en unos 2.350 millones.

Según los cálculos de Enresa, considerando 40 años de vida útil de las centrales atómicas, el coste de gestionar sus residuos hasta el año 2019 ascenderá a 10.697 millones. A 31 de diciembre de 2018, el Fondo había recaudado 5.678 millones, quedando pendiente de financiar, por lo tanto, un coste de 5.019 millones. Según el actual nivel impositivo de las tasas, el Tribunal estima que la déficit procedente de la tasa de la tarifa eléctrica será de 435 millones y el de la Tasa Enresa de 1.919 millones, es decir, 2.354 millones en total.

Extensión de vida útil de las plantas

El Tribunal apunta que, a principios de 2019, después de haber hecho estos cálculos las empresas eléctricas alcanzaron un protocolo de intenciones con Enresa y el Gobierno para extender la vida útil de las centrales nucleares desde los 40 años hasta una media de 45,7 años, lo que permitirá reducir el déficit existente, pero insiste en que su recomendación de modular las tasas anualmente no se ha cumplido. El propio informe del Tribunal incluye una alegación del presidente de Enresa, José Luis Navarro, en la que apunta que la sociedad no puede dar cumplimiento a la recomendación, puesto que depende de la normativa y ella no tiene capacidad legal para acometer el cambio.

 

Fuente: elEconomista.es

 

 
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