El Supremo fija una doctrina jurisprudencial para garantizar los recursos hídricos
En estos últimos años hemos visto un intenso conflicto competencial entre las administraciones central y autonómica, para ver quien asumía la competencia final en materia de planeamiento urbanístico. Se trataba de decidir sobre el alcance del informe de la Confederación Hidrográfica sobre suficiencia de recursos hídricos y si éste vinculaba a la administración que debía aprobar definitivamente el plan. Ante la falta de acuerdo entre las administraciones, ha tenido que ser el Tribunal Supremo el encargado de poner orden, anulando judicialmente más de 90 planes de urbanismo por no justificar la disponibilidad de recursos hídricos. Y ha fijado una doctrina jurisprudencial que asegura que no puedan aprobarse planes de urbanismo si no tienen totalmente garantizados los recursos hídricos.